El cinismo de este gobierno adquiere niveles insospechados. Zapatero y su equipo se han convertido en unos auténticos ilusionistas que nos distraen con una monedita en una mano, mientras con la otra nos roban la cartera. Como muestra, un botón, el de la luz.
EL RECIBO DE LA LUZ
El cinismo de este gobierno adquiere niveles insospechados. Zapatero y su equipo se han convertido en unos auténticos ilusionistas que nos distraen con una monedita en una mano, mientras con la otra nos roban la cartera. Como muestra, un botón, el de la luz.
En junio, Miguel Sebastián, ministro de Industria, y María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, nos presentaron lo que iban a ser las nuevas tarifas eléctricas a partir del 1 de julio. Todo eran beneficios para el consumidor. Además del producto estrella de la tarifa social, lo mejor era que la luz sólo iba a subir un 5,6% de media, cuando desde mayo Industria y las eléctricas nos estaban preparando con noticias y declaraciones sobre la necesidad de subir la luz de un 20 a un 25 %.
Los medios de comunicación, siempre tan atentos con sus «patrocinadores», publicitaron a la perfección las bondades que nos traía la nueva «revisión» (entiéndase subida) de tarifas que había preparado el Gobierno: bajada de la luz con la tarifa social, consumo gratuito de unos cuantos kilovatios, más horas con descuento en la nueva tarifa nocturna, congelación del pago por potencia contratada, facturación mensual para fomentar el ahorro… Pero la lectura pausada del B.O.E. de 28-06-08 evidenciaba otra realidad bien distinta.
Por ejemplo, para el caso de la tarifa de baja tensión que más se utiliza en España y en la que más se factura, la denominada 2.0.2 que utilizan unos 15 millones de clientes, principalmente pequeños hogares con contratos de 3,3 y 4,4 kW de potencia, la subida del precio de la energía consumida fue del 16 % con respecto a la anterior tarifa de enero (en otros tramos incluso superior al 33%). Si la comparación se hiciera con el precio de julio de 2007 (B.O.E 30-06-07), veríamos que en un año nos han subido la luz más del 20%.
A estas subidas hay que añadir otras que no aparecen directamente en las tablas de precios, sino camufladas como penalizaciones contra el despilfarro. Así, nuestro Gobierno entiende que consumir más de 500 kWh siempre es «consumo excesivo», sin tener en cuenta ni el tipo de instalación ni el número de usuarios del mismo suministro, y lo grava con un recargo del 25%. Esto propicia que, por ejemplo, pueda castigarse como derrochadoras a las familias numerosas (y colectividades similares), cuando en realidad, dada su gestión comunitaria, su consumo es mucho más eficiente que el de cualquier otro abonado que viva solo en su casa.
Otra importantísima subida de la luz la sufren quienes tenían contratada la tarifa nocturna. Después de haber sido ampliamente promocionada y fomentada por los diferentes gobiernos desde hace más de veinte años, de golpe y porrazo, Zapatero decide romper este contrato a más de un millón de familias. Los principales inconvenientes de la nueva tarifa son evidentes: la energía consumida por el día tiene un recargo del 35% y se obliga a pagar toda la potencia demandada (antes no se pagaba la potencia de la noche). Según las asociaciones de consumidores esto implica un aumento de la factura eléctrica de entre un 22 y un 77%. En el colmo del cinismo, Sebastián animó a las familias a apuntarse a la nueva tarifa nocturna ante la subida de la luz (El País, 27-06-08).
El «invento» de la tarifa social ha sido una clara maniobra de distracción que trata de ocultar estas grandes subidas, que afectan a la mayoría de la población y se cargan sobre las economías más débiles. Según Sebastián esta tarifa permitiría ahorrar un 16% a 4,5 millones de hogares. Sin embargo, como el tiempo se encargará de demostrar, serán muchísimas menos las familias que se podrán acoger a esta tarifa de 1 o 2 kW, pues esa potencia apenas da para poner una lavadora, siendo típica de trasteros y pequeñas instalaciones. Por otra parte, el ahorro no sería tal, pues mientras el gobierno anuncia que elimina el pago por potencia contratada, de escasa cuantía por ser la potencia muy pequeña, se calla que sube el precio de la energía consumida, por encima de los otros tramos tarifarios.
En todo este contexto de grandes subidas camufladas, la ocurrencia de Sebastián de que el recibo de la luz llegue todos los meses no puede interpretarse más que como el intento ingenuo de que el consumidor, ya con la factura en la mano, no descubra la abusiva subida. No es más que el «páguelo en cómodos plazos», pues en realidad las lecturas del contador seguirán haciéndose cada dos meses, como siempre.
Las tres grandes, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, obtuvieron en el año 2007 unos beneficios superiores a los 6.000 millones de euros. |
Zapatero aprobó el año pasado la revisión trimestral de las tarifas (no anual como se venía haciendo), pero no siempre se atrevió a hacerlo. Por ejemplo, la proximidad de las elecciones generales hicieron que desoyera las recomendaciones de su ministro Solbes y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), siempre partidarios de importantes subidas. En aquella ocasión Zapatero se negó alegando los altos beneficios de las empresas eléctricas. Sin embargo, el ministro Sebastián ante la última subida de julio, argumentó en una entrevista a El Mundo justo lo contrario: «Esta subida de la luz se va a traducir en menos beneficios para las eléctricas» ya que «está calculado a partir de un consumo excesivo».
Los beneficios de las eléctricas no son altos, son escandalosos. Las tres grandes, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, obtuvieron en el año 2007 unos beneficios superiores a los 6.000 millones de euros, es decir, ganaron más de 100 millones de ptas. a la hora, con incrementos alguna de ellas superiores al 50% con respecto al año anterior. Los mismos beneficios ha obtenido Endesa sólo en el primer semestre de 2008.
Desde UNESA, el lobby de las eléctricas, continúan diciendo que pierden dinero, pues se les obliga a vender la luz a unos precios (los de la tarifa regulada) por debajo de costes. El problema viene cuando el gobierno de turno, que es quien calcula y fija los precios de la tarifa, reconoce a posteriori esos costes que dicen tener las eléctricas y, por ello, reconoce el agujero que supuestamente están sufriendo. Es decir, lo que se recauda a través de los recibos, que no va directamente a las empresas sino a una cuenta de la CNE, no da para repartir entre lo que piden las diferentes «hermanas» y retribuirles todos sus gastos de producción, distribución, comercialización… Es, a grandes rasgos, lo que denominan déficit de tarifa.
Ese mecanismo contable fue ideado en las legislaturas del PP para evitar subir las tarifas de la luz y contener la inflación. Déficit tras déficit, el sistema ha ido agrandando ese agujero hasta los 12.000 millones de euros de la actualidad. Además de los políticos, que obtienen réditos electorales por no subir tanto el recibo, quienes también sacan tajada son los bancos, que adelantan el dinero del déficit, cobrando sus intereses por ello. Al final, ganan y pagan los mismos de siempre. Los consumidores pagarán esta «deuda» repartida en los recibos de la luz de los próximos quince años y con intereses.
No es de extrañar que para Zapatero sea una prioridad hacer caja con el recibo de la luz (y que se note poco), pues, además de la insaciable sed de beneficios del lobby eléctrico, el invento del déficit ya se está haciendo inasumible. Y en el recibo también pagamos bastantes cosas más, como las primas a las energías renovables, ejemplo de especulación en muchos casos, como en la generación fotovoltaica, donde los productores reciben por cada kilovatio generado un precio garantizado de unas cinco veces más de lo que se paga como consumidor. No hay más que ver la repentina proliferación de huertos solares por toda España.
Pero sin duda, las mayores subidas están por llegar. Para el 1 de enero de 2009 estaba fijada la desaparición total del mercado regulado de la electricidad en baja tensión. El contrato para el suministro de electricidad ya no sería con la habitual distribuidora eléctrica de la zona, al precio de tarifa fijado por el gobierno de turno, sino con la comercializadora que se quiera y a un precio «libre«.
Este proceso de liberalización fue emprendido por el Gobierno de Aznar en 1996, iniciativa que dio paso al establecimiento de unos «Costes de Transición a la Competencia» (CTC’s) que suponían la compensación a las eléctricas con 1,4 Billones de ptas. Desde el año 2003 los pequeños consumidores ya podían acudir al mercado libre y contratar con una comercializadora, pero fue un sonado fracaso ya que a las eléctricas no les interesaba poner precios por debajo de los de la tarifa regulada.
La desaparición del mercado regulado comenzó el pasado mes de julio por los suministros en alta tensión, pero no para todos. El Gobierno ha aplazado hasta 2009 la desaparición de la tarifa para los grandes consumidores, la denominada G4. ¿Por qué? A pesar de que reitera que los objetivos de la revisión de tarifas son la ayuda a los sectores más desfavorecidos y el fomento del ahorro de la energía, mantiene a las cinco grandes empresas que más consumen, precios a tarifa muy por debajo de los que se pagan en los hogares, cargando a millones de ciudadanos injustamente con el gasto eléctrico, como denuncian diversas asociaciones de consumidores. No en vano, Areces, presidente del Principado de Asturias por el PSOE, donde se encuentran tres plantas de esas empresas (Alcoa, AZSA y Arcelor-Mittal) se entrevistó con Sebastián en junio para interceder por ellas y seguir manteniendo esa tarifa. Esto sucede cuando lleva abierta desde hace más de un año una investigación de la Comisión Europea sobre estas tarifas, por la ayuda de Estado encubierta que podría suponer el mantenimiento de unos precios regulados de la electricidad demasiado bajos en beneficio de estos grandes consumidores industriales. A alguna de estas empresas ya se la oye hablar de deslocalización.
A pesar de lo poco que llevamos del 2009 y la desaparición de las tarifas, los pequeños consumidores apenas tenemos información. Parece que el Gobierno creará, al menos al principio y a modo de transición, la figura del «suministro de último recurso» (SUR), que obligaría a algunas comercializadoras a vender la energía a una tarifa con precios máximos, para aquellos consumidores más vulnerables, que podrían ser los domésticos y las pymes. No obstante, ya se levantan las voces de los presidentes de las eléctricas pidiendo la limitación de la aplicación de las tarifas de último recurso e incluso su eliminación.
Viene, de forma inminente, esa parte de la película que ya conocemos de otros sectores, también energéticos, que habla de las ventajas de la libre competencia, de cómo lo que antes eran actividades reguladas por su carácter de servicio público ahora deben converger hacia los objetivos de liberalización que marcan las directivas comunitarias. No debemos olvidar que más que en la Europa de las naciones estamos en la Europa de las corporaciones, donde todas las decisiones políticas relevantes pasan previamente por la ERT, el mayor grupo de presión de la Unión Europea, formado por los presidentes de las principales multinacionales europeas. Como dijo el año pasado Pedro Rivero, presidente de UNESA, la liberalización del mercado «pondrá a cada uno en su sitio». Desgraciadamente para los que estamos en el lado de los pequeños consumidores, seguro que será así.