El proyecto Bitcoin de El Salvador sigue sin despegar y parece que no lo va a hacer nunca. Sus cuentas siguen estando en rojo y los plazos de deuda ponen contra las cuerdas al gobierno de Nayim Bukele, que ha cedido a las exigencias del FMI a cambio de una línea de financiación de 1.400 millones de dólares. Entre las últimas exigencias publicadas por el FMI el pasado 3 de marzo incluye que El Salvador no acumule más reservas de Bitcoin.
|
Notas:
|
No es lo primero que el FMI exige al país en cuanto a su política con la criptomoneda reina a cambio de recibir la financiación que El Salvador necesita con urgencia. En los dos últimos meses, la institución supranacional exigió que el gobierno salvadoreño dejara de considerar Bitcoin como moneda de curso legal, no exigiera a las empresas que tuvieran que admitir el activo digital como pago, que no recaudara tributos ni hiciera pagos con la criptomoneda y que todos los contratos y obligaciones monetarias del Estado y los impuestos fuera en dólares.
La institución que dirige Kristalina Georgieva ha querido seguir apretando y ha publicado una extensión del acuerdo que pretende “disminuir los riesgos de Bitcoin” para El Salvador
Son muchos los motivos que señala el FMI para estas exigencias, pero el principal es que la volatilidad de un activo especulativo como esta criptomoneda puede hacer variar las cuentas públicas, su déficit o sus ratios de solvencia de un día para otro, algo que para la institución es impensable si se quiere acometer reformas que puedan enderezar las finanzas salvadoreñas y programar un plan de pagos para devolver el dinero que están apunto de prestarle.
Pero la institución que dirige Kristalina Georgieva ha querido seguir apretando y ha publicado una extensión del acuerdo que pretende “disminuir los riesgos de Bitcoin” para El Salvador y pone sobre el papel nuevas y estrictas exigencias en cuanto a las políticas y posiciones de Bukele con la criptomoneda.
No más compras de Bitcoin y más transparencia
Lo más novedoso y lo que puede ser un duro golpe, no sólo para Bukele y su sueño de criptoestado, sino para toda la comunidad cripto, es que el FMI prohíbe que el Estado de El Salvador o cualquier administración pública siga almacenando más Bitcoin. De hecho, también le pide que liquide el Fidebitcoin, un fondo de reservas que fue creado con 150 millones de dólares y que el Estado tiene para respaldar el cambio de Bitcoin a dólares. Una práctica muy arriesgada dada la elevada fluctuación y volatilidad del mercado cripto.
La otra exigencia es la de la transparencia. Según exige el FMI, el gobierno salvadoreño deberá presentar a la institución una declaración que confirme todos los monederos donde El Salvador atesora criptomonedas y hacer públicos sus montos totales. Esto último puede parecer algo naif, pero Bukele ha llevado con total oscuridad sus posiciones en el mercado cripto y, en muchas ocasiones, la única forma oficial para conocer cuántos Bitcoin estaba comprando y atesorando el país eran los mensajes de Bukele en redes sociales. En caso de firmar estas nuevas exigencias para recibir la ansiada financiación del FMI, antes de finales de marzo, cuando se celebrará la primera reunión entre el país y la institución, el Estado y todas las administraciones públicas o empresas con participación pública tendrán que informar sobre sus posesiones de Bitcoin y su valor. Tras ese primer informe en marzo, el país ha tenido que entregar otro en junio y un tercero a finales de 2025.
El FMI también le va a exigir a adoptar un nuevo plan de negocios destinado a finalizar el uso con dinero público de la billetera digital promovida por el Estado, la conocida como Chivo
No acaban ahí las exigencias y el organismo también señala al manejo público de una de las principales herramientas que los usuarios de Bitcoin tienen en el país. El FMI también le va a exigir a adoptar un nuevo plan de negocios destinado a finalizar el uso con dinero público de la billetera digital promovida por el Estado, la conocida como Chivo Wallet, y que fue otra de las políticas estrella para la difusión y adopción de la criptomoneda entre la ciudadanía salvadoreña. Años más tarde de su lanzamiento, el uso entre la población sigue siendo minoritario. Ahora, con las nuevas exigencias del FMI, el Estado de El Salvador ya no podrá intervenir en ella con dinero público.
De momento, no parece que el FMI haya exigido a Bukele deshacerse de los Bitcoin que tiene el Estado de El Salvador. De ser así, podría significar una buena caída del mercado y el precio de la cripto reina, ya que se calcula que El Salvador posee Bitcoin por un valor alrededor de los 600 millones de dólares. Una venta masiva, sumado al aviso a navegantes a Estados necesitados de la financiación del FMI que tenían en mente tener reservas nacionales en criptomonedas, podría suponer una fuerte sacudida para el mercado y la comunidad cripto. El criptosueño de El Salvador y Bitcoin, ya tocado por las últimas concesiones al FMI, quedaría totalmente tocado.
