Tenemos gobiernos que son completamente dependientes de las transnacionales.Entrevista: Jürg Schiess, ILSA, octubre de 2007
* Raúl Wiener es secretario técnico de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-Capítulo Perú, analista político, economista, periodista y jefe de investigación del diario «La Primera».
En agosto de 2007, un terremoto sacudió al Perú y devastó la región de Pisco. «Este catástrofe ha evidenciado que la alianza entre el Estado peruano y las empresas transnacionales no contribuye al desarrollo y debilita al país», dice Raúl Wiener* de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-Capítulo Perú. Y agrega: «Las empresas transnacionales hacen lo que quieren.» Las razones: una élite económica y política que «ha dejado de aspirar a tener un control propio de la economía» y multinacionales que «han logrado dominar el sistema jurídico de tal manera que son intocables». Wiener está convencido de que no hay otra opción para contener el poder de las empresas transnacionales que consolidar la democracia y superar el racismo.
Raúl Wiener: «Tenemos gobiernos que son completamente dependientes de las transnacionales.»
¿Contribuyen las empresas transnacionales al desarrollo del Perú?
Raúl Wiener: Mi balance sobre estas empresas es muy negativo. Han contribuido sobre
todo a reforzar la concentración del poder y del ingreso. Lo único que interesa a las empresas transnacionales es asegurar sus ganancias. El desarrollo no les importa. El terremoto en la región de Pisco lo evidenció.
¿Cómo lo hizo evidente?
Wiener: Por ejemplo, después del terremoto se cortaron todas las líneas telefónicas en la región afectada. No estoy hablando de una congestión, sino de un colapso completo que duró horas. Este colapso se debió a que la empresa Telefónica del Perú, que pertenece a la transnacional española Telefónica, había sobrevendido líneas en un proceso de expansión, sin generar elementos de capacidad técnica para atenderlas. Buscaba las ganancias, pero no quería invertir en una infraestructura sostenible. Eso no tiene nada que ver con desarrollo.
¿Hay más ejemplos de este tipo de conducta?
Wiener: Sí. La pista de la carretera que lleva de Ica a Pisco está en manos del consorcio
peruano-argentino Convi-Perú. A pesar de que el terremoto hundió un carril de la vía y que sólo se podía ir por el que quedó sirviendo, la empresa siguió cobrando peaje, no sólo a los carros particulares, sino también a aquellos que llevaban la ayuda para los damnificados. Otro problema se presentó con el suministro de energía eléctrica, que también está en manos de una empresa privada. Como los cables de transmisión eran aéreos y no subterráneos, se rompieron y hubo áreas que quedaron sin luz durante más de una semana. Si la empresa hubiera invertido en la infraestructura, el daño no habría sido tan grave. En resumen, se puede decir que la alianza del Estado con las empresas transnacionales no sirve para forjar regiones más sólidas y viables. Peor aún, tampoco es útil para actuar en las más duras emergencias.
¿Puede explicar esto último con más detalle?
Wiener: Las privatizaciones masivas de los años 90 han debilitado al Estado a tal grado
que ya no tiene, aun en caso de emergencia, capacidad de intervenir en las decisiones de
las transnacionales y de imponerles sus reglas de juego. El gobierno simplemente acepta
las determinaciones de esas empresas. Es imposible imaginar al Estado poniéndole a Telefónica del Perú algún tipo de sanción o mandando a Convi-Perú que cancele el cobro del peaje durante los operativos de ayuda.
¿Por qué el Estado es tan débil?
Wiener: Tenemos gobiernos que son completamente dependientes de las transnacionales. Creen que desalientan la inversión extranjera si les causan demasiados problemas. El fantasma más grande que existe en el Perú es que el día que los inversionistas se molesten con el gobierno, el país va a volver a una situación económica tan catastrófica como la de finales de los años 80.
Este argumento es entendible.
Wiener: No. Es una mentira institucionalizada, un autochantaje de las autoridades. En el Perú, tenemos la segunda empresa minera de oro del mundo, tenemos enormes yacimientos de cobre, tenemos plata y zinc y los precios de estos metales están por las nubes en este momento. Por lo tanto, ninguna empresa se va porque el gobierno le ponga más restricciones. Mientras gane, se queda. Evo Morales, el presidente de Bolivia, ha aumentado sustancialmente los impuestos a las empresas transnacionales y no se han ido. Siguen sacando el gas. El problema es que la élite económica y política del Perú ha aceptado que el país tenga esa condición subsidiaria del capital internacional
y ha dejado de aspirar a tener un control propio de la economía. Esta situación se refleja incluso en la Constitución de 1993.
¿En qué sentido?
Wiener: Históricamente, la discusión acerca del capital extranjero siempre giraba en torno a la forma para proteger y desarrollar la economía nacional. En 1993 todo eso cambió bajo la influencia de la ola neoliberal que se impulsó entonces en toda América Latina, y que se expresó, en el Perú, en la Constitución de 1993. En ésta, se garantizó al
capital extranjero un tratamiento equivalente al que se daba al capital nacional. Las consecuencias han sido catastróficas.
¿Por qué?
Wiener: El llamado tratamiento equivalente no es nada equivalente. Como las empresas
transnacionales son mucho más grandes y poderosas que las nacionales y como tienen posiciones estratégicas, pueden imponer contratos a su favor, contratos que van más allá
de lo que cualquier empresa nacional podría conseguir.
¿Por ejemplo?
Wiener: Con frecuencia, las empresas transnacionales mantienen la estructura tributaria
que se acuerda desde el comienzo, lo que significa que cualquier cambio en los impuestos no les afecta, mientras invierten; o se benefician con exoneraciones tributarias, por ejemplo, de los impuestos para importar insumos o de los impuestos de ventas. Además, en muchos casos, el Estado no cobra a las transnacionales por los recursos que están sacando de la tierra. ¡Como si éstos no valieran nada y lo único que tuviera valor, fuera el trabajo para extraerlos!
¿Cuál es la actitud de las empresas nacionales frente al tratamiento discriminatorio
que se da a las multinacionales?
Wiener: Las empresas transnacionales han conseguido hacer que sus intereses parezcan
como los de toda la clase empresarial. Los empresarios peruanos, que hasta los años 80 diferenciaban sus intereses de los de estas empresas y buscaban de alguna manera que el
Estado los protegiera, se identifican hoy día en cualquier cosa con las transnacionales. Interpretan cada intento de ponerles algún control a éstas como una agresión contra la propiedad privada. Así, las empresas transnacionales aparecen como representantes de la empresa nacional, lo que les da un poder adicional.
¿Existe algún mecanismo para contener el poder de las empresas transnacionales?
Wiener: No. En realidad, las multinacionales han logrado dominar el sistema jurídico
de tal manera que son intocables.
¿De qué manera?
Wiener: El sistema de contrato entre las empresas transnacionales y el Estado, representado por el ejecutivo, se caracteriza por lo que se llama «fuerza de ley». Pero es más que de la ley, porque es un tipo de compromiso que el Congreso de la República no
puede revisar.
¿Y si se detectan irregularidades en la forma en la que se pactó el contrato o en su contenido?
Wiener: Se puede sancionar al gobierno, a las autoridades, a las empresas públicas que participaron en un contrato negativo. Pero el contrato no se anula, así el proceso de licitación haya sido irregular, o los precios deliberadamente bajos, o se afecten bienes públicos no afectables. La empresa sigue usufructuando el bien para el cual se le hicieron concesiones extraordinarias, fuera de lo normal.
¿Cómo es posible eso?
Wiener: Los contratos entre el Estado y las empresas transnacionales se rigen por las reglas de los contratos privados. Por lo tanto, si hay alguna irregularidad, el comprador, en este caso la transnacional, siempre puede decir que no sabía nada y remitirse al principio de la buena fe, para quedarse con su parte. Esa buena fe se presume, pero normalmente no es cierta. Normalmente, es una concertación entre el Estado y las empresas.
¿El actual gobierno del socialdemócrata Alan García va a cambiar algo en la alianza entre el Estado y las transnacionales?
Wiener: No. ¿Qué se propone el gobierno? Conseguir un motón de inversiones en los siguientes cuatro años. La lógica con la que se está gobernando hoy es que la clave para el desarrollo es el crecimiento económico y para que haya crecimiento se requiere de la inversión privada y extranjera. En este sentido, Alan García se ha convertido en un presidente ultraconservador. Teníamos este tipo de gobiernos en épocas de oligarquía.
¿Cómo se manifiesta esta actitud del gobierno en relación con la reconstrucción de la
zona afectada por el terremoto?
Wiener: La solución que se propone es una reconstrucción hecha por empresarios. Por lo tanto, se va a hacer de la catástrofe un gran negocio. Sólo se va dar ayuda a la gente que acepta entrar en los programas privados de reconstrucción, se va a mover a la gente según criterios de rentabilidad, se van a usar los terrenos antiguos para construir centros comerciales o zonas de turismo, etcétera. La elite política y económica del Perú está completamente dominada por la lógica de maximización de los negocios, y es muy larga
la lista de ejemplos en los que se manifiesta esa lógica.
¿Cuál es, según su opinión, el caso más típico?
Wiener: La minería. A mediados de los años 90, el 7 por ciento del territorio peruano era minero; en el año 2005, era ya el 14 por ciento. Sin embargo, para la gran empresa y
el Estado, eso no es suficiente. En el Congreso Minero en Arequipa en 2005, la tesis era
más o menos que aún falta el 86 por ciento. En la concepción de los participantes, el Perú debería ser una fuente minera por todos los lados. Pero esa mirada no toma en cuenta qué cosas hay donde la explotación de los recursos se expande, quiénes viven allí, cuál es su historia, cómo usan sus recursos naturales. La naturaleza, los bosques, los
animales, todo eso no cuenta nada.
Hay normas ambientales que las empresas deben respetar; además, tienen la obligación de hacer consultas a las comunidades afectadas acerca de si éstas están de acuerdo con los proyectos en los que están involucradas las empresas y cómo van participar. ¿Es la situación verdaderamente tan grave como usted la muestra?
Wiener: No estoy exagerando. Estas normas son en gran parte una farsa. El proyecto ambiental es, por ejemplo, financiado y elaborado por las empresas mismas, es decir, lo hacen según sus prioridades. Además, los planes ambientales son aprobados por el Ministerio de Energía y Minas y es el mismo ministerio el que aprueba la inversión. ¿Y cuál es su interés al final de un año? Decir que hubo un montón de inversiones. Por lo tanto, los planes ambientales no suelen ser muy estrictos.
¿Cómo evalúa las consultas?
Wiener: Puesto que las consultas desatan normalmente controversias, para mostrar resultados favorables, las empresas simplemente falsifican sus resultados u ofrecen dinero a las comunidades tratando de corromperlas y neutralizarlas. Hace poco, la empresa minera Majaz, de capitales británicos, anunció a los campesinos de las municipalidades de los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, en la
región de Piura, unos 80 millones de dólares, distribuidos a lo largo de varios años, para
que aceptaran el inicio de sus inversiones. Afortunadamente no los aceptaron.
¿Que actitud tiene el Estado frente a quienes se oponen a los proyectos de las empresas
transnacionales?
Wiener: Los considera enemigos de la modernización y hace todo para desacreditarlos.
En septiembre, tuvo lugar la consulta en la zona donde Majaz pretende realizar su proyecto de minería. Como todos sabían que la mayoría iba a votar en contra, el gobierno hizo ver la participación prácticamente como un acto subversivo.
¿Por qué no se toman en serio las preocupaciones y dudas de las comunidades
afectadas?
Wiener: ¿Quiénes son los afectados por la minería? Son indígenas, campesinos, gente que la élite peruana considera como ciudadanos de tercera categoría. Por lo tanto, el problema que tiene el país con las transnacionales es básicamente un problema de falta de democracia que incluye elementos de racismo. En países como Canadá, Suiza o Inglaterra, los campesinos son ciudadanos como cualquier otra persona. En el Perú, no.
Aquí su opinión desgraciadamente no cuenta.