En 1998, la ONU recibió ayudas privadas por 16.000 millones de dólares. Uno de los mayores donantes fue Ted Turner; el patrón de la CNN, quien en 1997 entregó 1000 millones de dólares para gastos de las Naciones Unidas en la próxima década. Las transnacionale intentan alejar cualquier posibilidad de someterse a normas jurídicas obligatorias.En la última reunión del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Nueva
York, del 31 de enero al 4 de febrero, el secretario general de la ONU,
Kofi Annán, mostró su satisfacción por los avances del Pacto mundial que
pretende «darle rostro humano al mercado mundial». Con este Pacto,
propuesto por Annán al Foro Económico Mundial en 1999 en Davos y que
arrancó oficialmente en julio del 2000 con la participación de 50 grandes
transnacionales, 12 ONGs y una federación sindical, se insta a las empresas
a adoptar nueve principios universales en los ámbitos de los derechos
humanos, las normas laborales y el medio ambiente
Empero, varias empresas signatarias del Pacto como ABB, France Telecom,
Nike, Nestlé, Novartis, Royal Dutch Shell y otras que trabajan asociadas a
programas de Naciones Unidas se han visto involucradas en una serie de
denuncias y escándalos que ponen en entredicho la legitimidad de este Pacto
que, según las organizaciones ecologistas Greenpeace y Amigos de la Tierra,
no es más que un «inescrupuloso intento de lavar la cara de las compañías
transnacionales, vinculando su imagen a la de la ONU».
Desde otro ángulo, la responsabilidad social proclamada por los ejecutivos
de las grandes empresas para afrontar la globalización ha saltado hecha
pedazos a partir de numerosos casos de fraude, enriquecimiento y abuso de
poder que involucran a altos ejecutivos de empresas como Enron, Nortel,
Global Crossing, Allied Irish Bank o Carlsberg. Entre las operaciones
irregulares, según el diario El País, figuran compras de acciones con
información privilegiada, autocompensaciones millonarias o desvío
interesado de dinero hacia fondos de pensiones.
El caso de la energética estadounidense Enron reviste tal gravedad que
ahora se habla de un antes y un después de Enron. Con un vicepresidente de
la compañía suicidado y con ramificaciones que tocan a lo más alto de la
administración de George Bush, la quiebra de la Enron dejó al descubierto
los manejos de una cúpula de ejecutivos inescrupulosos que, conociendo la
situación agonizante de la compañía, se lanzaron a vender las acciones
sobrevaluadas de la compañía sin advertir a los pequeños accionistas ?la
mayoría trabajadores- que quedaron en la bancarrota tras la quiebra de la
compañía. Al otro lado del Atlántico, en Zurich, se denunciaba otro
escándalo en el grupo de ingeniería suizo-sueco Asea Brown Boveri, ABB.
Mientras la empresa anunciaba pérdidas de 691 millones de dólares en el
2001 se conocía que dos de sus presidentes, Percy Barnevik y Göran Lindahl,
cobraron más de 200 millones de dólares antes de irse.
En el «paraíso de la desregulación»
Cuando grandes transnacionales cuestionadas por violación a los derechos
humanos y laborales o acusadas de atentar al medio ambiente dan su visto
bueno al Pacto Mundial, la primera pregunta que surge es ?Por qué lo hacen?
La respuesta la dan los propios promotores del Pacto: «El pacto mundial no
es un instrumento de regulación, un código de conducta con fuerza
obligatoria ni un foro para la formulación de normas y prácticas de
gestión. Tampoco es un refugio que permita a las empresas suscribirlo sin
demostrar un interés y unos resultados reales. Se trata de una iniciativa
de carácter voluntario destinada a servir de marco general para fomentar la
responsabilidad cívica mediante el liderazgo empresarial comprometido y
creativo», señalan.
En definitiva con el Pacto Mundial se vuelve a poner en vigencia el viejo
principio de «dejar hacer y dejar pasar». Y ello colma la aspiración de
las transnacionales de autorregular sus actuaciones y alejar cualquier
posibilidad de someterse a normas jurídicas obligatorias.
Un poco de historia
Lo que desean las transnacionales es actuar con total impunidad, como lo
han hecho en el pasado y lo siguen haciendo. Algunas transnacionales se
han visto involucradas en injerencia en asuntos internos de los Estados.
Basta recordar el papel jugado por la United Fruit (hoy Chiquita) en el
derrocamiento en 1954 del Presidente de Guatemala Jacobo Arbenz quien
promovía la reforma agraria, o la actividad desestabilizadora de la
International Telephone and Telegraph, ITT, durante el gobierno socialista
chileno de Salvador Allende a comienzos de la década de los 70. Otras han
apoyado a regímenes represivos. Durante la dictadura argentina de los 70,
las empresas transnacionales Fiat, John Deere, Massey Ferguson, Renault y
Ford «colaboraron activamente en la represión del movimiento sindical
argentino, denunciando a los activistas a las fuerzas represivas, que
procedían a arrestarlos. La mayoría de los arrestados desaparecieron
definitivamente», escribe Alejandro Teitelbaum en su libro «La crisis
actual del derecho al desarrollo».
La lista de transnacionales que han atentado contra el medio ambiente y el
derecho a la vida es larga. Contra algunas de ellas se han formulado
demandas judiciales: la petrolera Texaco ha sido enjuiciada en Estados
Unidos por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana; la Novartis en
Brasil por la utilización de la soja transgénica, violando el principio de
precaución; la Unión Carbide en la India y Estados Unidos por su
responsabilidad en la catástrofe de Bhopal que costó la vida a miles de
personas.
Los escándalos de las transnacionales provocaron que las Naciones Unidas,
por presión de los países del Sur que reclamaban relaciones económicas
internacionales más justas, crearan, en la década de los setenta, el Centro
para las Empresas Transnacionales y la Comisión de Empresas Transnacionales
que intentaron elaborar un Código de conducta vinculante para regir las
actuaciones y actividades de estas empresas.
Las discusiones con relación al Código se estancaron por presión de los
países industrializados, que haciendo causa común con las transnacionales,
se negaron a reconocer a los Estados el principio de la soberanía nacional
sobre los recursos naturales de un país sin ningún tipo de límites.
El derrumbe del campo socialista, a finales de la década de los ochenta y
comienzos de los noventa, representó un triunfo para las transnacionales.
La imposición de las políticas liberalizadoras, privatizadoras y
desreguladoras y las nuevas tecnologías de comunicación e información les
permitieron ampliar y extender sus negocios a escala planetaria, abarcando
todas las ramas de la economía. Según Naciones Unidas, el número de
empresas transnacionales hoy en día asciende a 60.000, con más de 500.000
sucursales en todos los países del mundo. Un cuarto de la economía mundial
está dominado por las transnacionales y algunas de ellas son más poderosas
que muchos Estados.
En la década de los 90, han recurrido a nuevos métodos de organización
empresarial, como la deslocalización de sus actividades productivas a
regiones y países de menor costo de mano de obra y donde las leyes
laborales y ambientales son más permisivas. También recurren a la
contratación de terceros, con lo que pretenden evadir sus responsabilidades
laborales. Como nunca antes, se han incrementado los atropellos a los
derechos laborales, el irrespeto al derecho de sindicalización, la
explotación del trabajo infantil y de la mujer, la prolongación de las
jornadas de trabajo, la inestabilidad laboral y los despidos.
Tras Naciones Unidas
En este contexto, las transnacionales, a través de la Cámara Internacional
de Comercio, la Organización Internacional de Empleadores, el Consejo
Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible y otros, se propusieron ganar
influencia colectiva en las decisiones económicas y sociales de las
Naciones Unidas a fin de anular o minimizar las regulaciones, flexibilizar
las relaciones laborales, abrir los mercados y moldear el lenguaje, el
discurso y las agendas de la ONU asegurando que las únicas salidas posibles
son las «soluciones de mercado».
Una primera batalla en este sentido ya la ganaron en 1993 cuando el
entonces secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, desmanteló el
Centro para las Empresas Transnacionales y la Comisión de Empresas
Transnacionales.
Cuando Kofi Annán tomó las riendas de la ONU en 1997, las transnacionales
reforzaron su ofensiva y consolidaron su influencia aprovechando las
coincidencias de fondo que mantenían y mantienen con el nuevo jefe de la
ONU en la manera de enfocar e intervenir en la globalización corporativa.
Kofi Annán no solo es un aliado de Washington sino que ha expresado su
acuerdo con el pensamiento neoliberal que promueve el libre comercio, los
derechos de propiedad, la desregulación y las privatizaciones. La novedad
ahora, es, sin embargo, que Kofi Annán ha rescatado las concepciones
filantrópicas nacionales del siglo XIX y les ha dado rango internacional,
pretendiendo arreglar la pobreza y la exclusión social que provoca la
mundialización mediante la caridad y los códigos de buena voluntad.
En el último quinquenio se ha fortalecido la presencia y la influencia de
los actores que impulsan la globalización corporativa, esto es, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de
Comercio.
?Donaciones desinteresadas?
Durante el mandato de Kofi Annán, se ha reforzado la asociación
indiscriminada de la ONU y sus organismos adscritos con el sector privado
lo que está llevando a una mayor dependencia de las donaciones de las
fundaciones (principalmente de Estados Unidos y Europa) y de poderosos
hombres de negocios que obviamente defienden sus propios intereses.
En 1998, la ONU recibió ayudas privadas por 16.000 millones de dólares.
Uno de los mayores donantes fue Ted Turner, el patrón de la CNN, quien en
1997 entregó 1000 millones de dólares para gastos de las Naciones Unidas en
la próxima década. Otra contribución importante fue la del hombre más rico
del planeta, Bill Gates, quien en enero de 2000, a través de la Fundación
«Bill and Melinda Gates Foundation», donó 750 millones para la Alianza
Global para la Vacunación e Inmunización, una iniciativa de UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud en asocio con el Banco Mundial y las
transnacionales farmacéuticas. Otros donantes importantes son la Fundación
Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Kellogg, la Fundación Hewlett,
la Fundación Packard.
«La crisis que afecta tanto a la ayuda oficial al desarrollo como a la
situación financiera de la ONU ha alentado también la creación de estas
asociaciones (con el sector privado)», sostiene el investigador Petter
Utting del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social, UNRISD. «En los años 90, agrega, la reestructuración y
los recortes presupuestarios fueron habituales en muchos organismos de la
ONU. En este contexto, el sector privado empezó a considerarse como una
fuente importante de fondos alternativos». (UNRISD Informa, # 23 otoño /
invierno de 2000).
Los criterios para la selección de las empresas privadas con las cuales
constituir asociaciones ha sido «poco exigente» y en varios casos se ha
incluido a empresas cuestionadas por violaciones de derechos humanos y
laborales o por atentar contra el medio ambiente. Este es, por ejemplo, el
caso del Fondo para un Desarrollo Duradero («Global Sustainable Development
Facility») impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, y un grupo de transnacionales gigantes como la británica
Río Tinto, las estadounidenses Dow Chemical, Oracle y AT&T, la sueco-suiza
ABB, la suiza Novartis, etc. Algunas de estas empresas pagaban una
modestísima cuota de ingreso al Fondo de 50.000 dólares y con ello podían
participar en las orientaciones de los organismos pertinentes de Naciones
Unidas y «cubrir ante la opinión pública sus nefastas actividades con una
mascarada humanitaria», según una exposición escrita presentada por el
Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Americana de Juristas y otras
organizaciones a la Subcomisión de Derechos Humanos en el año 2000. Tras
conocerse los cuestionamientos públicos, este programa fue dado de baja.
Doble rasero
También se da el caso de transnacionales que presentan la «cara buena» en
un continente y la «cara mala» en otro. Este es el caso de la Coca Cola,
la transnacional que vende sus productos en 200 países. En África,
participa en programas de prevención del SIDA pero en Estados Unidos es
acusada de vinculación con grupos paramilitares colombianos y de perseguir
a los sindicatos. UNICEF, en el Informe de «Estado Mundial de la Infancia
2002», señala que «existen amplias posibilidades para que las corporaciones
demuestren que son capaces de ocupar una posición de liderazgo en la lucha
mundial contra el VIH/SIDA» y enseguida dice que la «empresa Coca Cola
anunció recientemente que pondrá su enorme red de distribución en África,
mediante la cual logra enviar sus bebidas hasta los rincones más recónditos
del continente para hacer llegar condones, equipos de pruebas y materiales
impresos a las clínicas más remotas de África».
Entre tanto en Colombia, las actuaciones de las embotelladoras de la Coca
Cola se sitúan en el extremo opuesto de la filantropía y de las acciones
humanitarias de África. El dueño de la embotelladora de Coca Cola del
municipio de Carepa, noroccidente del departamento de Antioquia, Richard
Kirby, habría amenazado con matar y desaparecer a trabajadores que
pretendían sindicalizarse. Semanas después fueron asesinados el
sindicalista Isidoro Segundo Gil y otros tres de sus compañeros. Por ello,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos,
interpuso una demanda en la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados
Unidos contra la transnacional por graves violaciones a los derechos
humanos.
Estrategia publicitaria
Las posiciones de la llamada «sociedad civil» con relación al Pacto Mundial
están divididas. Mientras Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el
Fondo Mundial para la Naturaleza y la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL, han concurrido a avalar, con su
presencia, el acuerdo de la ONU con las transnacionales, otras lo critican
de manera frontal. La ONG suiza Declaración de Berna, por ejemplo, afirma
que existe el peligro de que la ONU se deje utilizar por las
multinacionales. «Las empresas pueden servirse del emblema o de la imagen
de la ONU en el marco de sus estrategias publicitarias», señalan.
Con el Pacto Mundial son las transnacionales las que controlan sus propios
compromisos, en tanto que la «asociación entre la ONU y el sector privado
contribuye a debilitar a las organizaciones internacionales», pues sitúa a
las empresas y a los gobiernos en pie de igualdad cuando son los Estados
los que deben tener la última decisión en materia política y legislativa,
sostiene la Declaración de Berna.
Temen también que la colaboración con las transnacionales lleve a la ONU a
autocensurarse y que ésta pierda su independencia en los casos en que sea
necesario hacer investigaciones. Por ejemplo, la empresa estadounidense
Nike ha impedido la formación de sindicatos en su fábrica de Kuk Dong,
México. La Nike ha violado el principio tercero del «Pacto mundial» que
señala que «las empresas deberían apoyar los principios de la libertad de
asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva», sin embargo continúa aprovechando de los «méritos
de su acción filantrópica» en su sitio Internet. Los ganadores y
perdedores del Pacto están a la vista. El motor que mueve a las empresas
es el lucro, la ganancia, el interés privado, y eso casi siempre está
reñido con el interés y el bienestar general. Lo mínimo que se puede pedir
a la ONU es que someta a las transnacionales al cumplimiento de las normas
internacionales ya existentes y retome la discusión de un Código de
conducta obligatorio para regir sus actividades.
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Transnacionales y derechos humanos
«El objetivo de las empresas transnacionales es obtener el máximo beneficio
con el mínimo de gastos o de obligaciones sociales. Esta visión de las
cosas no concuerda con la tendencia que dentro de las Naciones Unidas
incluye la cuestión de los derechos humanos en el proceso de desarrollo
económico», sostiene el Sr. El Hadji Guiseé, Presidente-relator del Grupo
de trabajo sobre métodos y actividades de las empresas transnacionales de
la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos creado en
1998.
Para el experto, las actividades de las transnacionales tienen
consecuencias tanto en los derechos colectivos como el derecho al
desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano, como para los derechos
individuales y sus aspectos sociales:
– Las empresas transnacionales son grandes generadoras de desechos, algunos
de los cuales no pueden ser almacenados de ninguna manera. Eliminarlos a
veces resulta costoso y ha dado lugar a un convenio internacional de
desechos tóxicos y a su vertido en el Tercer Mundo. Las empresas
transnacionales consideran que es más barato y cómodo transferir los
desechos tóxicos a América Latina y África, donde las leyes en materia de
medio ambiente son inexistentes, o bien menos rigurosas. El peligro que
hacen correr las empresas transnacionales a nuestro mundo debería incitar a
adoptar normas más rigurosas y vinculantes.
– Las entidades que gestionan y controlan las mayores riquezas del mundo
emplean muy pocos trabajadores y periódicamente llevan a cabo despidos en
gran escala, conculcando los derechos de los trabajadores y de sus familias
y propiciando así que se agudice la pobreza y se extienda la miseria en el
mundo. Según la OIT, un tercio de la población económicamente activa del
mundo, aproximadamente 1000 millones de personas, está sin empleo o
subempleada, pero las transnacionales han creado 73 millones de empleos, es
decir el 3% del total de mano de obra. Frecuentemente emplean personal
expatriado en puestos ejecutivos, lo que les permite conservar su liderazgo
tecnológico y evitar la divulgación de conocimientos y, por ende, generar
la deserción de la mano de obra local.
– La industria farmacéutica, monopolizada especialmente por los países del
Norte, ejerce el control y dominio sobre casi todos los productos
comercializados en los países del Sur. Los países del Tercer Mundo se ven
asolados por las enfermedades que se encuentran bajo control en el Norte en
gran parte debido a la retención de los medicamentos por parte de
sociedades pertenecientes a empresas transnacionales. (El Hadji Guisse, «El
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales: la Cuestión de
las empresas transnacionales» 5-07-02).