La explotación tiene un patrón preciso: suele darse en empresas de entre uno y tres empleados, con trabajadores en situación irregular, mayoritariamente de nacionalidad boliviana, ecuatoriana y colombiana, que realizan su labor sin contratos, con jornadas de lunes a sábado de diez horas diarias y sueldos que no superan los 600 euros mensuales.Les pagaba 230 euros mensuales por trabajar en un restaurante de Bilbao de lunes a sábado, con jornadas de hasta 15 horas. Es sólo uno de los últimos casos de explotación laboral a inmigrantes en Euskadi, un delito que no para de producirse desde principios de la década.
La Policía asegura que ha habido un trasvase desde la construcción a la hostelería y a empresas de limpieza o jardinería. Por su parte, organizaciones que trabajan con los inmigrantes, como SOS Racismo, aseguran que este tipo de explotación es imposible de cuantificar porque «los afectados no lo denuncian, ya que quedan peor: sin trabajo y, en otros casos, con una orden de expulsión».
Los casos que afloran no son muchos. El pasado año, la Delegación del Gobierno, por la que pasan todas las denuncias e investigaciones, tiene cuantificados cinco. Pero en 2008, en poco más de dos meses ya se han llevado al juez cuatro redes de explotación, con nueve personas detenidas. El cambio más importante, según constata la Policía, es que la explotación laboral ya no se centra en la construcción, sino en bares y restaurantes y servicios de limpieza o jardinería. «También hay muchos casos en el servicio doméstico, pero es más complicado de demostrar y tienes el problema de entrar en una propiedad privada como es una casa», explica el jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Vizcaya.
La explotación tiene un patrón preciso: suele darse en empresas de entre uno y tres empleados, con trabajadores en situación irregular, mayoritariamente de nacionalidad boliviana, ecuatoriana y colombiana, que realizan su labor sin contratos, con jornadas de lunes a sábado de diez horas diarias y sueldos que no superan los 600 euros mensuales. Hay casos que rompen la norma. En febrero se detuvo a un empresario de Portugalete dedicado a la construcción que tenía a siete operarios extranjeros sin contratos y en situación irregular que trabajaban 12 horas diarias. El trabajo lo hacían en distintas obras, a las que eran trasladados desde una nave que tenía el patrono en Barakaldo y que hacía de sede social de la empresa. Y en enero se desasticuló en San Sebastián una red montada mayoritariamente por extranjeros que empleaba de forma irregular a siete paquistaníes distintas obras.
El jefe de Extranjería en Vizcaya señala que los empresarios, cuando son descubiertos, no reinciden si son españoles. «Quedan escarmentados porque, además de lo que decida el juez, al ser un delito contra los derechos de los trabajadores, la Inspección de Trabajo levanta un acta y pueden enfrentarse a sanciones de hasta 6.000 euros por cada trabajador irregular». Al ser detenidos, la justificación de los empresarios se repite: hacen un favor al inmigrante al darles trabajo.
La explotación también se ha extendido al sector forestal, ante la negativa de los trabajadores autóctonos a realizar tareas que requieren un gran esfuerzo físico. La Policía ha constatado que en este ámbito las redes están encabezadas por extranjeros. «En estos casos suelen reincidir y es más complicado pillarles porque hay que ir en coches y cogerles en el lugar».
Las dificultades para la policía se incrementan con los chinos, «muy herméticos y que nunca se denuncian entre ellos». Los agentes se han encontrado con casos en que se invocaba el reagrupamiento familiar traer a un supuesto pariente a trabajar. Pero, al ser investigados por las autoridades españolas en China, se descubrió que la persona reclamada no era familiar y le habían exigido hasta 15.000 euros para venir a Euskadi.
«Con la redada, el extranjero queda peor»
SOS Racismo, la ONG que más trabaja con los inmigrantes, critica duramente la actuación de las subdelegaciones del Gobierno y la Policía para atajar la explotación laboral en la comunidad autónoma. «Es muy bonito que realicen una redada, pero el resultado es que el empresario sale con una pequeña multa y quien queda más perjudicado es el inmigrante: sin trabajo y con la perspectiva de ir a un empleo peor aún. Es totalmente surrealista», afirma un portavoz de la organización en Bilbao, quien recalca que el extranjero, en vez de quedar protegido por estas actuaciones, «es castigado». El portavoz de SOS Racismo apunta que las autoridades se limitan en ese caso a «abrir una orden de expulsión».
Considera que los métodos deberían ser diferentes, con una actuación a cargo de la Inspección de Trabajo y sin la intervención de la Policía; «o en su caso, que no sea la Brigada de Extranjería». A ello agrega que las subdelegaciones deberían regularizar la situación de los inmigrantes que denuncian las mafias o a los empresarios explotadores, «como se dice en un artículo la Ley de Extranjería». «¿Quién demonios va a denunciar si luego quedan peor?», se pregunta.
«Todavía no he visto un solo caso en el que haya salido favorecida la persona inmigrante. Que respondan a esto», señala, antes de sentenciar que las autoridades «no están luchando contra la explotación».
La ONG arremete, como ha hecho en los últimos años, contra la Ley de Extranjería, que provoca situaciones sin salida. Por ejemplo, la de empresarios «que quieren arreglar los papeles de inmigrantes y se encuentran con que la ley no se lo permite». Apunta SOS Racismo que la explotación laboral en Euskadi existe «a muchísimos niveles y diferentes». Pero cita especialmente dos sectores: el servicio doméstico y el forestal. En el primero critica las escasas intervenciones policiales, pese a que se suceden los casos de empleadas «que trabajan todos los días con una sola tarde libre y que cobran 400 euros al mes». «¿Pero cómo van a hacer una redada en un chalé de Neguri?», inquiere. Asegura la asociación que las situaciones más frecuentes son las de empresarios que realizan contratos a extranjeros pero les obligan a que ellos se paguen la Seguridad Social.
La Policía sostiene que cumple lo estipulado en la Ley de Extranjería, que obliga a que un inmigrante, cuando tenga una oferta de su trabajo, debe estar en su país y obtener el visado para venir a España. Con el permiso de residencia pueden obtener el de trabajo y su situación queda totalmente regularizada en dos supuestos: con tres años de arraigo, un contrato y un informe de reinserción social de un familiar o el ayuntamiento, y con dos años de arraigo laboral, estando trabajando el último.
29 detenidos
– La última operación se registró la semana pasada, con la detención de un matrimonio de Durango que regentaba un restaurante y explotaba a cuatro bolivianas.
– En 2007 fueron arrestados seis empresarios, todos ellos en Vizcaya.
– En lo que va de año, se han desarticulado cuatro redes en Vizcaya y Gipúzcoa, con 29 detenidos entre inmigrantes y dueños.