En Venezuela el régimen autoritario que encabeza Nicolás Maduro se ha empeñado en realizar las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre.
Si bien es cierto que este año 2020 se vence el periodo de gestión de la Asamblea Nacional, que además, constitucionalmente corresponde renovarla, también es cierto que en el país no hay condiciones para llevar adelante dicho proceso electoral por dos razones fundamentales:
La primera, es que el pueblo venezolano, en su mayoría vive una situación de extrema gravedad. Con una inflación que lleva ya 6 años sin parar y que ha pulverizado el bolívar lo que ha contribuido al empobrecimiento del 90% de la población; donde el salario mínimo es el equivalente a 0,60 centavos de dólar. Para mediados de noviembre de este año 2020 el valor cambiario ya superaba los 660 mil bolívares por dólar, esto se traduce en hambre sobre todo para los 8 millones de personas entre empleados públicos, pensionados y beneficiarios de los programas asistenciales que dependen del Estado. Todos los servicios públicos están colapsados, entre ellos, la falta de agua, energía eléctrica, gas doméstico y ahora la gasolina que agrava el ya deteriorado servicio de trasporte público y, para remate las restricciones de movilidad y reunión a causa de la pandemia del covid 19. Todo esto juega en contra de la población y de las organizaciones políticas para movilizarse en un proceso electoral.
La segunda razón, es el fraude y el ventajismo del gobierno que siendo una minoría tiene preparado el terreno para salir victorioso en dichas elecciones. Se han valido de lo más sucio de la política, comprando conciencia de políticos de la oposición, logrando así su división.
Hazte socio de nuestro proyecto misionero en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia, institución que sirve al ejecutivo y al partido de gobierno, nombró los integrantes del Consejo Nacional Electoral, en su mayoría afectos al gobierno, cuando esto le corresponde hacerlo a la Asamblea Nacional. Ese mismo Tribunal inhabilitó a los principales partidos políticos y además, les impuso nuevas directivas; modificó las normas electorales arbitrariamente, entre ellas, duplicó el número de diputados a elegir por circunscripción electoral. Esos nuevos “representantes del pueblo” serian electos en listas cerradas de cada partido. Es decir, los electores no votan a esas personas nominalmente sino, que de acuerdo a la cantidad de votos nominales que saque el partido, le corresponde un número de diputados adicionales, los de la lista. Vale destacar que quienes encabezan estas listas, en el partido de gobierno, son militares de alto rango que recientemente fueron dados de baja, los mismos responsables de la represión que ocasionó la muerte de decenas de venezolanos durante las protestas pasadas.
Adicionalmente, dada la situación de confinamiento y demás restricciones por la pandemia, están prohibidas las reuniones numerosas lo cual impide a los partidos de oposición hacer alguna acción política de masa. Sin embargo, el partido de gobierno si hace concentraciones masivas. En los últimos meses se han producidos cierres de emisoras de radio y programas de opinión donde se expresaban voces contrarias al régimen.
Un objetivo del régimen madurista es lavarse la cara ante la comunidad internacional para que le reconozcan como gobierno legítimo. Para ello, han logrado que un pequeño sector de la oposición, representados en algunos partidos políticos, vaya a participar en las mencionadas elecciones, entre ellos un partido de una secta evangélica. No es casualidad que el gobierno, en días recientes, prometió construir la Universidad Teológica evangélica de Venezuela. Está claro que estos grupos “opositores” lo que les mueve es la ambición de hacerse con un pedazo de la torta del poder. No les importa el sufrimiento de los pobres.
Otro objetivo es hacerse con el control del Poder Legislativo, el único que les falta, y así evitarse cualquier contrapeso u obstáculo para hacer lo que les venga en ganas bajo el paragua legal. Todo apunta que, al menos, este último lo van a lograr porque además de lo antes citado, tienen una oposición dividida y sin estrategias, una sociedad desarticulada, controlan el proceso de cedulación, que es itinerante. Es decir, expiden el documento de identidad en cualquier día y lugar pero fundamentalmente tienen el control del organismo electoral. Como decía Stalin: “En una elección lo importante no está en quién vota, sino en quien cuenta los votos”. Este régimen sabe perfectamente que mientras el maneje a su antojo el Consejo Nacional Electoral; las maquinas electorales y la CANTV, empresa pública que realiza el envío de datos al centro de cómputos, podrá repetir, parafraseando a Mayer Rothschild “Denme el control de las máquinas de votación y del C.N.E y no me importa quién vote, ni cuantos voten”. De modo que, sea cual sea el resultado, ellos van a ser los ganadores, a pesar de que tienen un 70% de rechazo en la población. Ello ha quedado patente en anteriores elecciones.
El evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla. Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral.
Esto sin olvidar que aún deben realizarse las elecciones presidenciales, pues las del 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto.
La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es que quiere decidir su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad, igualdad y transparencia para todos los participantes, amén del acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales y confiables. Por consiguiente, el mundo debe rechazar este proceso electoral fraudulento. Realizar estas elecciones no significa que haya democracia, por el contrario, son un medio para consolidar la dictadura.
C.G.
