Defender la vida humana en el seno materno puede resultar peligroso, y no estamos hablando de un Estado totalitario sino… de España. Fernando Viguier, un camionero de 49 años, lo acaba de sufrir en sus carnes. Esta es su odisea en manos de la policía y del magistrado del juzgado número 9 de Zaragoza.
Por A. B.
Revista Autogestión enero 2005
Un juez deja a un camionero un día entero en el calabozo por hacer una pintada contra el aborto.
Defender la vida humana en el seno materno puede resultar peligroso, y no estamos hablando de un Estado totalitario sino… de España. Fernando Viguier, un camionero de 49 años, lo acaba de sufrir en sus carnes. Esta es su odisea en manos de la policía y del magistrado del juzgado número 9 de Zaragoza.
Me reconcomía el alma de pensar que en los bajos de mi casa se estaba acabando con vidas humanas y decidí hacer una pintada». Fernando Viguier, barcelonés de 49 años, afincado en Zaragoza desde hace 4, explica los motivos de una actuación que le ha costado un trago amargo.
«Casi un día entero incomunicado, en el calabozo, alimentado por un bocatín de tortilla y sin saber qué iba a ser de mí, porque el juez rechazó el habeas corpus que presentó mi mujer».
Pero volvería a hacerlo. Fernando puso con un spray la palabra «Asesinos» sobre la pared de la clínica abortista Almozara, por una cuestión de conciencia. «Soy coherente con mis ideas, sobre todo cuando se trata de un asunto tan grave, el primero de todos los derechos que están vulnerando unas leyes injustas».
Fabiola, 48, la mujer de Fernando, tercia: «Los tres supuestos implican dejar impunes unos asesinatos… y no podemos quedarnos cruzados de brazos ante esa injusticia. Mi marido y yo no podemos estar tan tranquilos, comiendo o viendo la tele, cuando unos metros más abajo unos cirujanos están terminando con vidas humanas en el seno de sus madres».
La pintada le costó a Fernando una noche entre rejas. «Me quitaron las gafas y no podía leer ni los documentos que me mostraban –nos cuenta-; me tuvieron unas 22 horas, desde las 3 de la tarde de un viernes hasta la 1 del mediodía de un sábado, sin otro alimento que un bocatín pequeño de tortilla; además el juez me habló de malos modos y denegó el habeas corpus».
Quien así habla es un padre de familia, un hombre de aspecto sencillo y expresión amable. Pero que no tiene miedo de defender sus ideas.
«No soy un delincuente, ni tampoco un agitador social» explica «sino un trabajador».
Fernando Viguier hace una media de 500 kilómetros diarios con su camión para llevar el pan a su casa. «Me levanto a las cinco de la mañana para coger el camión, ir a por la carga y llevarla luego a sus destinatarios en Soria, Logroño, Pamplona» cuenta.
No menos de 13 horas diarias al volante para ganar alrededor de 1.300 euros mensuales limpios (unas 180.000 pesetas).
«La detención y el trato recibido por Fernando fueron desproporcionados» señala Fabiola. Y añade que, en su opinión, el problema no es la pintada en sí, sino el mensaje: «En esta sociedad resulta políticamente incorrecto poner la palabra Asesinos en una clínica abortista».
«Yo pensaba que una pintada se resolvía con una multa» –dice Fernando-. Lo que le sorprende es que lo mantuvieran casi un día en el calabozo.
La mujer del camionero no oculta su indignación: «en el País Vasco, los proetarras llaman Asesinos en la cara a los políticos; y jueces y policías no mueven un dedo… y aquí detienen a un trabajador, cuyo único delito ha sido, precisamente, defender la vida y denunciar un hecho real: el aborto».
Todo comenzó cuando Fernando, harto de ver a chicas jóvenes que entraban en la clínica para someterse a abortos, bajó a pintar la palabra Asesinos. Lo hizo cuando se iba a trabajar, a las 5 de la mañana. Pero fue grabado por una cámara de seguridad del centro médico y, posteriormente, éste lo denunció.
Fernando fue requerido por la policía y se presentó en comisaría un viernes a las 2,30 de la tarde. «No tenía miedo –comenta- Había hecho lo que, en conciencia, creía que era justo».
Su mujer lo esperó pensando en que no tardaría en volver. Pero transcurría la tarde y Fernando no salía. Por la noche, lo trasladaron a la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza.
Fabiola estaba muy preocupada. Su marido se había ido sin comer, no sabía nada de él, llegó a pensar que le habrían podido pegar.
Presentó entonces un habeas corpus (derecho de todo ciudadano a comparecer sin demora ante un juez para que, oyéndole, resuelva si la detención es legal). Y ahí comenzó para ella otra dolorosa odisea, paralela a la de su marido.
En Jefatura no le respondieron si Fernando estaba allí detenido y la remitieron al Juzgado. Pero en este le dijeron que su marido estaba libre desde hacía rato. Volvió entonces a la Jefatura, con la convicción de que la estaban mintiendo y mareando. En la Policía le confirmaron, por fin, que estaba detenido allí y le volvieron a enviar a los Juzgados para que presentara el habeas corpus. Y en el Juzgado le dijeron que esperara un momento, porque su marido iba a salir en breve. Pero después le dijeron que no, que continuaba detenido.
El juez del juzgado 9 de Zaragoza, José Emilio Pirla, rechazó el habeas corpus, por considerar que se daban supuestos legales para la detención.
Sin embargo, según el Código Penal (art.626), las pintadas («el deslucimiento de bienes inmuebles») no tienen consideración de delitos sino de faltas.
Y no se detiene a nadie por una simple falta (Ley de Enjuiciamiento Criminal). Salvo que el presunto autor no tenga domicilio conocido (y no es el caso de Fernando).
Estamos por lo tanto ante una detención ilegal y procedía el habeas corpus, es decir que el detenido sea puesto de inmediato ante la presencia del juez.
A Fernando lo llevaron ante un forense para que lo reconociera. El médico le sometió a una serie de preguntas, «probablemente con el fin de calibrar mi estado mental», deduce. «¿Por qué si no, me pregunta mi fecha de nacimiento y un rato después cuántos años tengo?».
Le dejaron libre a la 1 del mediodía. «Ni soy un rebelde, ni un revolucionario» afirma Fernando Viguier. «No quiero enfrentarme a nadie. Pero me parece muy grave que el Estado consienta la muerte de inocentes».
El compromiso de Fernando por la vida es radical. «Con la vida humana no se pueden admitir componendas». Y lo ha demostrado con hechos, no con palabras. Su mujer y él han ayudado más de una vez a madres solteras.
Lo explica Fabiola: «Cuando te llega una chica encinta, como una que había quedado embarazada de un africano que estaba en prisión, no puedes ir con palabras bonitas. Tienes que acogerla. Y eso fue lo que hicimos. La tuvimos en casa, tratamos de volcarnos con ella… pero la decisión final de tener al hijo fue de ella».
¿Qué harían si Clara, su hija mayor, que tiene ahora 9 años, les llegara embarazada el día de mañana? Ninguno de los dos duda en responder que aceptarían el niño.
Más difícil todavía. ¿Qué hacer cuando la existencia no tiene sentido debido a una enfermedad terminal o una tetraplejía como la de Ramón Sanpedro? ¿Qué dicen a eso Fernando y Fabiola?
«A alguien como Sanpedro tampoco le echaríamos un discurso. Lo que haríamos sería dos cosas: compartir su sufrimiento y darle cariño. Cuando una persona experimenta el calor y el amor de quienes le rodean, la vida cobra siempre sentido»
Se acaba el «problema» por sólo 330 euros
Hace ocho años la clínica abortiva Almozara abrió sus puertas en la calle Ámsterdam de Zaragoza, a sólo unos metros de la vivienda de Fernando Viguier.
Al frente de ese centro se encuentra un pequeño equipo de profesionales compuesto por tres médicos y un urólogo. La especialidad de la clínica siempre ha sido la práctica de abortos y con el cambio de titularidad del centro, hace tres años, la tasa de asesinatos en el vientre materno ha ido en aumento. Durante el 2002 se practicaron cerca de 1.883, entre esta clínica y Actur, los únicos centros abortistas en la capital aragonesa.
Los precios por practicar la muerte del feto en Almozara oscilan entre los 330 € y los 395 € en función del grupo sanguíneo de la madre y de la semana en la que se encuentre el embarazo.
Almozara puede practicar abortos hasta las 12 semanas mientras que la clínica Actur está capacitada para realizarlos hasta las 22 semanas. Las infraestructuras de Actur son mayores ya que ofrece otros servicios como dermatología y cirugía plástica. Las tarifas de este centro oscilan entre los 330 € hasta las 10 semanas y los 1.460 € hasta las 22 semanas.
En 2003, se practicaron en Aragón 3.433 abortos, de los cuáles sólo uno fue producto de una violación. La mayor parte de las mujeres que deciden acabar con la vida de su hijo son solteras y con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años.
Cuatro de cada diez mujeres que se sometieron al aborto en Aragón eran inmigrantes (el 48% en el caso de las que fueron a la clínica Almozara). En este último centro, el 10% de las mujeres que abortan son menores –entre 14 y 16 años-, por lo que acudieron a la clínica acompañadas por su tutor legal.