Los políticos no pueden impedir que se lleve por la calle el velo o el crucifijo
«Estuvo casi dos días sin dormir, pero el esfuerzo ha merecido la pena», nos cuenta un estrecho colaborador del arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, momentos antes de que éste reciba a Jesús Bastante y A. Rodríguez de ABC en un austero, prácticamente cartujano, despacho arzobispal. Sin lujos ni ornamentos, como corresponde a su condición de claretiano y de estudioso, «maestro» de teólogos y de obispos durante casi medio siglo.
El prelado, auténtico «arquitecto» de la Instrucción Pastoral «Orientaciones morales ante la situación actual de España», aprobada por amplio consenso en la Plenaria del Episcopado español, conserva las huellas del esfuerzo llevado a cabo para lograr un texto que, a diferencia de la pastoral sobre terrorismo aprobada hace cuatro años, evita la confrontación interna. Pese al cansancio, Sebastián saluda y gesticula con fuerza, y el discurso que sale de sus labios es casi tan rotundo como apasionado.
—En los últimos días, hemos visto cómo el Gobierno plantea de nuevo el debate sobre el uso de símbolos religiosos. ¿Es un asunto de su competencia?
—Éste es un tema relevante. ¿Qué pasa, que ahora nos van a prohibir andar por la calle con un crucifijo? ¿Van a suprimir los villancicos y las connotaciones religiosas de las fiestas de Navidad? Entonces, que sean lógicos y supriman las fiestas; y el día de Navidad, todo el mundo a trabajar. Eso es traicionar las raíces espirituales, religiosas y culturales de nuestra sociedad. Y lo que me temo es que, con el truco de la discusión en torno al velo de las mujeres musulmanas, apliquen el «laicismo para todos»: las niñas musulmanas no llevan velo y las católicas no llevan la medalla de la Virgen María. Pues no señor. Las autoridades políticas no tienen por qué meterse en estos asuntos. No pueden impedir a las musulmanas que lleven su velo, ni a las católicas que porten su crucifijo o su medalla. ¡No son quien para meterse en ese asunto! Yo defiendo el derecho de las musulmanas a vestir de acuerdo con sus convicciones religiosas. No ofenden a nadie. ¿Que eso, dentro de ellos, tiene un sentido de dominio, de discriminación? Es un tema de evolución, un tema interno del islam. Ya evolucionarán como ha hecho la religión cristiana. El islam, en gran parte, está viviendo en la Edad Media. Pero ya le llegará su diálogo con la modernidad. Pero eso no se lo puede impedir el Gobierno.
—Precisamente, Benedicto XVI ha viajado a Turquía, un país de mayoría islámica, en un momento complicado a causa de las reacciones a su discurso en Ratisbona.
—En Turquía ha hablado de la libertad religiosa y he visto con satisfacción cómo estamos en órbita, en sintonía. Creo que el Papa pronunció aquellas palabras conscientemente en Ratisbona. Ratzinger es mucho Ratzinger para que se le escape eso. ¿Cómo se explica? El Papa quiere honestamente plantear el diálogo cristianismo-islamismo de verdad. Y para ello hay que poner sobre la mesa los problemas reales. En el islam habrá tendencias más cultas, pero también existe una amenaza de la imposición de una interpretación fanática de la religión. Los dirigentes espirituales del islam tienen que desautorizar todas las manifestaciones violentas.
—¿Es posible ese diálogo en plano de igualdad?
—Los diálogos nunca son así. Existe una situación cultural e histórica distinta. El islam podrá descubrir una actitud diferente de la religión respecto de la cultura, y quizá nosotros podemos aprender algo del islam, como por ejemplo la seriedad en sus convicciones. Ahí están muchos musulmanes dándonos lecciones a los cristianos de la seriedad de sus convicciones y comportamientos de acuerdo con su religión.
—En dicho diálogo, ¿debe exigirse reciprocidad?
—Ése es un tema político. Por respeto a la libertad religiosa, nuestros gobiernos deberían pedir un trato correspondiente entre los regímenes islámicos y los occidentales. En España, el Estado facilita evidentemente el desarrollo del Islam, proporcionalmente más que el de la religión católica.
—¿Existe una mayor tolerancia de este Gobierno a otras confesiones sobre la Iglesia católica?
—Eso es una estrategia evidente. Los laicistas estarían mucho más contentos si en la sociedad hubiera un 20 por ciento de católicos, un 15 de musulmanes… varias religiones, todas en pequeñas proporciones, para que ninguna tenga un peso notable en el conjunto de la sociedad. Pero es que a la mayoría de los españoles les da la gana ser católicos, y el Estado no tiene por qué modificar esa situación.
—¿Ha costado mucho trabajo la pastoral? ¿Ha sido más o menos difícil que la «Valoración moral del terrorismo», aprobada hace cuatro años?
—Ha sido diferente. En su conjunto, este texto es más difícil, pero ha contado con un elemento que no hubo hace cuatro años, y que fue la celebración de la Asamblea Extraordinaria de junio. Este documento se ha debatido en tres asambleas. Yo no era partidario de ninguna manera de forzar la libertad de los obispos, sino de sacar un documento lo más compartido posible, y gracias a Dios lo hemos conseguido. Al final, hubo una gran alegría en la Asamblea cuando los obispos se encontraron un texto que prácticamente todos podían asumir.
—Como columna vertebral, la Instrucción Pastoral sobre la situación de España aborda una serie de fenómenos que afectan a la convivencia. ¿Cuáles son?
—Estamos viviendo en España una etapa nueva. Los obispos tratamos de identificar dónde están las novedades. Una es el cuestionamiento del papel de la Iglesia y los católicos en democracia. No es ninguna exageración decir que sin la actuación de la Iglesia durante la Transición, ésta no hubiera sido posible, de modo pacífico y reconciliador. Ahora, una serie de indicios, de voces y proyectos pretenden invalidar la Transición del 78 e ir a buscar la legitimación de nuestra democracia en una II República absolutamente idealizada. Se habla de memoria histórica, pero habría que hablar de olvido histórico, porque la democracia de 1931, aunque nació como ilusionante para algunos, no fue capaz de defender el orden ni la legitimidad. Al abrigo de aquella democracia germinaron en España procesos revolucionarios que provocaron el levantamiento de 1936.
—Su texto habla de «memoria selectiva» de la Historia…
—Si se quiere evocar la Historia, hay que hacerlo lealmente. En 1978, y desde antes, la voluntad de muchos españoles, y por supuesto de la Iglesia, fue superar definitivamente las divisiones y facturas pendientes de la Guerra Civil. Ahora se quiere revolver aquello, lo que es muy peligroso. Se dice que las derechas de ahora son las del franquismo, y como el franquismo es incompatible con la democracia, ésta la tenemos que hacer aliándonos una serie de partidos y excluyendo a personas e instituciones. Yo me resisto a pensar que esto sea una operación planeada, porque supondría la destrucción de nuestra convivencia.
—La Iglesia, ¿se siente excluida en la sociedad actual?
—En el documento hay una percepción de los obispos de esta tendencia a marginar a la Iglesia de la vida democrática. Parece que, para ser buen demócrata, hace falta entrar en un mundo cultural donde no hay convicciones religiosas ni criterios morales absolutos. Esta democracia acarrearía una sociedad desarraigada, a merced de los que pueden controlar, modificar, dirigir… de alguna manera, supone secuestrar la sociedad entera. La democracia tiene que estar fundamentada en el reconocimiento de unos criterios morales, a los que también se sometan los dirigentes. La misión del Gobierno no es la de reconducir la sociedad por otros caminos. Lo que los españoles necesitan es conocer los valores, la espiritualidad y su propia dignidad, y vivirla de una manera acomodada a los tiempos.
—Ustedes hablan del mal uso del Gobierno, que puede llevar a «la antesala del totalitarismo». En España, ¿hay riesgo de que se instale ese totalitarismo? ¿Corre peligro la democracia?
—De un modo institucional, no lo creo. Sí creo que, como estilo de vida, existe un riesgo de ir a un clima social que reduce la libertad. He oído decir a alguno de nuestros dirigentes que el Gobierno no sólo venía con una misión política, sino con una misión educativa, y me puse a temblar, porque educar manejando todos los resortes de la política, la economía y los medios es muy parecido a adoctrinar. Es muy peligroso que el Gobierno se meta a educarnos, a dirigirnos, a decirnos lo que es verdadero y lo que es falso. Y si dan un paso más para decirnos lo que es bueno y lo que es malo, todavía peor. Supone un riesgo para la libertad.
—¿Ve a la sociedad pertrechada para protegerse, o teme que en ese afán de adoctrinamiento se lleve a la sociedad por delante?
—Hay un riesgo real de que la sociedad se deje llevar por la abundancia de bienes, de intereses… estamos todos envueltos en una sociedad mediática muy halagüeña, y también muy entontecedora. A este sistema de vida, profundamente manipulado, le han dado el barniz del progreso, de la libertad.
—Dentro de ese «progreso», han surgido leyes que, en opinión de la Iglesia, atacan a la vida o al matrimonio, como la futura ley de Biomedicina, la LOE, el «divorcio exprés», el matrimonio gay…
—Nuestra preocupación ha sido demostrar que la democracia, para ser verdadera, debe tener una base moral. Pensamos que tenemos algo que ofrecer, algo específico para el bien de todos los ciudadanos, y por eso nos negamos a aceptar esa postura que parece ver la fe cristiana como incompatible con la democracia, y también a aceptar el laicismo como una filosofía universal, incuestionable, ante la que todo el mundo debe someterse. Ahí es donde vemos el peligro del totalitarismo. En la voluntad de imponer la visión laica, y por lo tanto, irreligiosa, de la vida. Al parecer hay que ser darwinista, relativista y desarraigado. La voluntad de imponer esta mentalidad como la única compatible con un proyecto político, es el germen del totalitarismo, aunque sea con formas democráticas.
—Una de las cuestiones que más preocupan a la Iglesia es la actual legislación sobre el matrimonio.
—Hoy, la legislación española ha eliminado el reconocimiento del matrimonio. Se ha eliminado la referencia al sexo. Da igual que sea la unión de hombre y mujer, de dos hombres o de dos mujeres. Eso es un pacto de convivencia, pero no es matrimonio. Un contrato que, sin aducir ninguna razón, se puede eliminar a los 3 meses, tampoco se puede llamar matrimonio. Un matrimonio es un proyecto de vida que al menos ha de tener una pretensión de continuidad. La legislación desconoce el matrimonio. Los españoles estamos siendo excesivamente inconscientes y no vemos dónde nos están llevando. ¿Qué clase de sociedad es aquella en la que el 60% de los matrimonios se disuelve a los 6 meses, donde más de la mitad de los niños casi no conocen a sus padres o no puedan convivir con ellos; donde para tener niños los tengamos que importar de China, porque aquí no nacen? Esto no es una sociedad en progreso, sino una sociedad deshumanizada.
—¿Qué consecuencias puede tener esa deshumanización?
—En el documento alertamos, con horror, de la multiplicación de la violencia familiar, la escolar, el alto consumo de droga en España… Existe un grave deterioro de los valores morales en la vida. ¿Cómo se puede regatear la presencia de la Iglesia, siendo como es la primera institución educativa de nuestra sociedad? Lo haremos bien o mal, pero queremos educar de verdad. La enseñanza de la Religión quiere llevar a los jóvenes a un conocimiento amable de Jesucristo como ideal de vida. ¿Es que lo que Jesucristo propone al mundo es un ideal peligroso? Déjennos anunciar a Jesucristo, vivir de acuerdo con el Evangelio sin considerarnos menos ciudadanos, libres y demócratas.
—Desde la izquierda sí se ha criticado la presencia de obispos en manifestaciones y la protesta de grupos católicos ante determinadas leyes. ¿Cuál debe ser la actitud de la Iglesia?
—La Iglesia no puede tomar parte en el diálogo ni en la legítima lucha política. Pero los católicos, además, son ciudadanos. Y si, por ejemplo, Educación para la Ciudadanía tiene en su programa la nula comprensión del matrimonio o de la familia que nuestro Gobierno está tratando de pasar a las leyes, los padres católicos no lo podrán aceptar. Nos obligarán a la objeción de conciencia.
—¿Qué exigencias tiene esta situación para los católicos? ¿Cúal es la autocrítica?
—El documento señala la necesidad de evitar salidas falsas, como el desaliento, la añoranza, la agresividad, el sometimiento. Tenemos la tradición de un catolicismo tranquilo, mayoritario. Los obispos animan a los católicos a responder a la nueva situación tratando de desarrollar una fe y unas convicciones religiosas más personalizadas, más conscientes, con una buena formación, y más responsable, con una vida coherente. Yo estoy seguro de que la «oleada de laicismo» de la que hablamos será una racha que pasará.
—En los últimos meses, se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno socialista en materia de financiación. ¿Qué valoración hace del mismo?
—Inesperadamente, el Gobierno ha dado el paso que los obispos pedíamos desde los años 80: que se reajustara el índice del 0,52% del IRPF, que fue un acuerdo unilateral del Gobierno socialista, para que la cantidad que se estima la Iglesia debe ir recibiendo fuera suficiente y se pudiera suprimir el capítulo del complemento presupuestario. En ese sentido, estamos satisfechos. Los ciudadanos que quieren ser católicos, tienen derecho a ser ayudados económicamente con fondos públicos.
—¿Por qué?
—El Estado tiene la obligación de facilitar a los católicos el ejercicio de su libertad religiosa, disponiendo de templos donde practicar su religión, de colegios donde educar católicamente a los hijos. Y a los protestantes, los musulmanes o los agnósticos, aquéllos que quieran o no profesar una religión determinada. El Estado no subvenciona a la Iglesia, subvenciona el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, dentro de las cuales está la libertad religiosa.
—Al dejar de existir ese complemento, ¿se juega todo a una carta?
—Sí, claro. Estamos en el alambre, pendientes de la voluntad de los contribuyentes. Ahora, el dinero que nos llega a las diócesis a través de ese procedimiento es una parte mínima. Aquí en Pamplona no es del 15%. El resto lo recibimos directamente de los fieles. La Iglesia hoy se mantiene de sus fieles más que los partidos, que los sindicatos o que cualquier otra asociación, que reciben cantidades ingentes de dinero.
—En la Plenaria, los obispos fueron informados del «estado de la cuestión» educativa. ¿Hay posibilidades reales de llegar a un acuerdo en esta materia?
—La sensación es que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo que sea realmente justo. No se hace un debate limpio. Ya el hecho de tener que prolongar tanto tiempo las conversaciones y mendigar durante tanto tiempo lo que es un derecho de los ciudadanos, es una situación lamentable. El Gobierno parte de posiciones muy restrictivas, para que luego nos conformemos con el 25 o el 30% de lo que sería justo. ¿Qué mal tiene la religión para que vayamos con tanto regateo? ¿A quién estamos ofendiendo por que los padres reciban educación católica? Los católicos, en el período democrático, nunca hemos querido imponer enseñanza católica a los no católicos. Es hora de plantear las cosas con cierta dureza, y reclamar el reconocimiento de los derechos civiles de los católicos, en igualdad de circunstancias.
-La pastoral apela a la concordia. Pero es cierto que, prácticamente todos los días, en la cadena de radio de los obispos no se practica ese principio.
-Dejadme de la COPE. Esos programas, respetando todo lo que haya que respetar, nadie los puede valorar como portavoces ni representan el punto de vista de la Iglesia. Tenemos que comprender que en una empresa mediática hay una serie de condicionantes, y hay que respetar el protagonismo y la libertad de unas personas. Incluso dentro de la COPE hay variedades, pero ninguno de los programas ni de las personas se pueden considerar ni ser considerados por nadie portavoces de la Conferencia Episcopal. Ellos entran en el debate político mucho más de lo que nosotros podemos entrar. Sí tengo una queja: en el conjunto de la programación de la COPE hay mucha política y poca referencias morales en relación con la doctrina católica de los asuntos, pocas alusiones a la doctrina católica de los temas que se tratan.
-También se achaca el tono que utilizan algunos de sus comunicadores, que no tiene nada que ver con el que destila y predica esta pastoral.
-El tono o el talante de la Conferencia Episcopal es el que se refleja en este documento. Que luego cada uno saque las consecuencias que quiera.
-En la pastoral, los obispos dedican un importante apartado a la cuestión del terrorismo y al llamado «proceso de paz»…
-Sobre el terrorismo, por desgracia, hay un amplio magisterio. Definimos el terrorismo como la voluntad de imponer sus planteamientos por la amenaza de la violencia, por lo que es intrínsecamente inmoral. No se puede colaborar de ninguna manera con el terrorismo, que es una estrategia de asesinato, ni se le puede conceder la legitimación como un procedimiento político. Nos parece razonable y justo que el Gobierno quiera tener un contacto con ETA, pero ciñéndose a hablar sólo de los requisitos para su disolución. El Gobierno no puede reconocer a ETA la calidad de interlocutor político. Porque entonces se intercambian muertos por poder político. ETA no representa a nadie, no tiene encomienda social de nadie, y simplemente por el sistema de la pistola y la amenaza no se le puede conceder ninguna baza política. Eso no sería conseguir la paz, sería llegar al sometimiento, a la rendición. Ahora hay en marcha una operación política que a punto fijo no sabemos a dónde va. Simplemente decimos que la defensa de la justicia como valor supremo impide dar ningún reconocimiento a una asociación terrorista.
-En su punto 73, la pastoral reconoce las opciones nacionalistas legítimas que pretendan modificar España.¿Por qué?
-En el documento hacemos una serie de afirmaciones escalonadas, tratando de ser coherentes. En principio, la Iglesia acepta la existencia de opciones políticas nacionalistas y no nacionalistas, con tal de que los partidos nacionalistas traten de mantenerse en el terreno de la legitimidad moral, como los demás partidos. Todas las instituciones políticas, para legitimarse moralmente, tienen que orientar sus actividades al bien común. La unidad de España es un elemento histórico concreto, la legitimación de los partidos nacionalistas se da en teoría. En principio, se admite la posibilidad de partidos nacionalistas legítimos, que tienen que subordinarse al bien común.
–Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir a los nacionalistas?
-Que se sometan al bien común. Y el bien común de los españoles, durante más de 20 siglos, surgió de la romanización y el Cristianismo, con los que se inicia un proceso de acercamiento histórico, progresivo, que ha hecho un único pueblo, la nación española. Esto es un bien que no nos puede quitar nadie. Hoy no hay pueblos puros, no hay RH. En la misma escalera, viven muchos, y son tan vascos o tan andaluces como los otros. Pensar que en España hay diversos pueblos tan puros y tan distintos como los había en el siglo II antes de Cristo es vivir en la Luna, no es verdad.
-¿Para la Iglesia es legítima o no la modificación de la unidad de España?
-Bien. Para cuestionar la actual situación, el nacionalista tiene que tener sus razones, de bien común, que sean verdaderas. Y además: para modificar la unidad política de España, tenemos que ser consultados todos los afectados, directa o indirectamente. Para un caso de secesión, no basta que haya mayoría en la región cuestionada: tiene que haber mayoría en toda España. Eliminar esto recurriendo al engaño, al falseamiento de la historia, al victimismo o la violencia, no es una política justa. Y finalmente, cumpliendo estos requisitos de orden moral, que no político, la Iglesia no tiene nada que decir. Si un día en España se quiere más centralismo, más autonomismo, hasta más federalismo o confederalismo, o lo que se quiera, la Iglesia no tiene nada que oponer.