El carácter autoritario de las políticas del gobierno, su obsesión por mantener vivo el conflicto con Etiopía, y la situación económica empujan a muchos jóvenes a exiliarse fuera del país
Desde que, en 2001, Isaías Afewerki cerró siete periódicos independientes y encarceló a 11 importantes miembros disidentes de su propio gobierno, junto con 12 periodistas, de quienes no se ha vuelto a saber nada, el principio de legalidad ha sido remplazado por el del «ordeno y mando». De aquí que la corrupción, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la inexistencia de un sistema judicial y la continua violación de los derechos humanos hayan convertido el país en un Estado represivo y opaco, calificado a veces de Estado-prisión.
De hecho, las cárceles secretas son numerosas. Un informe de Amnistía Internacional sugiere que hay 360 de estos lugares, en donde se encuentran hacinados más de 10.000 prisioneros políticos. Los prisioneros son encerrados en centros de detención con celdas subterráneas o en contenedores metálicos, instalados en pleno desierto. «Las celdas están generalmente superpobladas con prisioneros forzados a dormir amontonados, sin poderse mover», afirma un artículo de Amnistía Internacional de junio del 2013. Allí la tortura es habitual; las familias desconocen el paradero de los detenidos y raramente vuelven a saber algo de ellos.
Un informe de Amnistía Internacional sugiere que hay 360 cárceles secretas, en donde se encuentran hacinados más de 10.000 prisioneros
La libertad de circulación, de expresión y de religión no existe. En cuanto a libertad de prensa, Eritrea no tiene medios de comunicación de propiedad privada y en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, de 2014, se sitúa en el último lugar. En 2011 había 34 periodistas encarcelados, y en 2014 seguían siendo 28 los periodistas detenidos. En 2007, el último corresponsal internacional de prensa fue expulsado del país.
Otro de los riesgos del viaje de los emigrantes eritreos, que atraviesan Sudán o el Sinaí, es caer en manos de traficantes de personas. Estos exigirán un rescate de miles de dólares a las familias de los secuestrados, utilizando torturas
La libertad religiosa está limitada a las religiones registradas en el censo, y son las siguientes: la Iglesia Ortodoxa Eritrea, la Iglesia Católica Eritrea, la Iglesia Luterana de Eritrea y el Islam suní. Todas las demás denominaciones cristianas o del Islam están prohibidas y su práctica está penalizada. En 2004, Helen Berhane, conocida cantante de góspel de Eritrea, fue detenida por ser evangélica. Permaneció dos años en la cárcel, sin cargos, recluida en un contenedor y golpeada brutalmente.
En mayo de 2014, los cuatro obispos católicos de Eritrea dieron el arriesgado paso de criticar las condiciones de vida en el país, que calificaron de «desoladoras», y abogaron por un «trato humano a los detenidos».
Finalmente, una de las razones más frecuentemente aducidas por los jóvenes, para justificar su huida del país, es el servicio militar, obligatorio e indefinido.
Servicio militar
En 2012, el gobierno impuso el servicio militar obligatorio, que en principio dura tres años, pero que puede prolongarse hasta la edad de 50 años o más. Aparte de las actividades propiamente militares, los conscriptos pueden ser asignados a trabajos varios: agrícolas, construcción de carreteras y caminos o de cualquier otra naturaleza. Las jornadas de trabajo son largas y mal pagadas. «Durante el servicio militar trabajé día y noche por un salario de unos 30 dólares mensuales», afirma un ex-soldado.
El ejército organiza redadas para captar jóvenes que engrasen sus filas. Cualquier joven eritreo escolarizado, hombre o mujer, tiene que someterse a un prolongado servicio militar que comienza en el campo de entrenamiento de Sawa, calificado por alguien que lo ha sufrido como «el comienzo del infierno». El entrenamiento, más que duro es cruel. Los errores se pagan «haciéndote correr durante dos horas, a medio día, bajo un sol de plomo»… «pueden golpearte con un bastón, o recubrirte con agua azucarada para que te piquen los insectos».
Los reclutas resienten con vehemencia no poder disponer de su vida, ni tan siquiera después de haber cumplido el servicio militar. Es el gobierno quien decide: «Tu existencia no te pertenece; pertenece al gobierno».
El gobierno, por su parte, justifica el servicio militar indefinido, aduciendo como razón el peligro continuo que supone Etiopía, que sigue ocupando la región de Badme, a pesar de que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia fue favorable a Eritrea. La comunidad internacional permite la ocupación, al no hacer nada por implementar la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
La ONU estima que, en 2012, 3.000 eritreos abandonaron el país cada mes, y la estimación aumenta hasta cuatro o cinco mil, durante los últimos años
Por todo lo dicho, el servicio militar sigue siendo una de las causas que con mayor fuerza empujan a los jóvenes a abandonar el país, a pesar de los múltiples peligros que conlleva la huida. La ONU estima que, en 2012, 3.000 eritreos abandonaron el país cada mes, y la estimación aumenta hasta cuatro o cinco mil, durante los últimos años.
Caminos de huida
La principal ruta de escape de los eritreos no es el mar. La mayoría hace su camino por tierra, exponiéndose a ser descubiertos y detenidos, -lo que conlleva cárcel y tortura- o a morir, víctima de francotiradores emboscados. La primera etapa suele conducir a Etiopía, en donde les espera un campo de refugiados. Un escapado nos cuenta que la travesía a pie duró 18 horas y que tuvo que pagar a un guía 2.000 $ para que le ayudara a pasar; dinero que le había enviado su hermana desde los Estados Unidos. La segunda etapa puede llevarlos a Sudán y desde allí a la península del Sinaí (Egipto) o a Libia, en donde intentarán tomar una embarcación que los lleve a Italia, en un viaje que puede durar tres meses.
Mafias y secuestradores
En Trípoli, la capital de Libia, varios jefes de mafias controlan el tráfico de emigrantes los cuales, lejos de enfrentarse, colaboran entre ellos. Estas mafias controlan ingentes cantidades de dinero. El emigrante debe pagar entre 2.000 y 2.500 $ por el transporte; una pequeña parte se paga en efectivo, en libias; el resto se paga en el extranjero, aunque la seguridad del pago debe de estar garantizada por amigos o familiares, quienes, a la llegada, abonan el resto directamente o a través de agencias de envío de dinero. A veces, los emigrantes mismos trabajan hasta saldar la totalidad de la cuenta.
Cada embarcación enviada puede aportar a las mafias hasta 80.000 $. Según la fiscalía de Palermo, que investiga estas operaciones, las mafias suelen ocultar los beneficios de estas transacciones en Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido.
Otro de los riesgos del viaje de los emigrantes eritreos, que atraviesan Sudán o el Sinaí, es caer en manos de traficantes de personas. Estos exigirán un rescate de miles de dólares a las familias de los secuestrados, utilizando torturas. Los familiares de los torturados escuchan sus gritos a través de conexiones por teléfonos móviles. También les amenazan con vender los órganos de los cautivos. Una ONG ha rescatado en el Sinaí a más de 700 inmigrantes secuestrados.
Sanciones
En diciembre de 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Eritrea, incluyendo el embargo de armas y el congelamiento de cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas, por el supuesto apoyo a los rebeldes de al-Shabaab y por negarse a retirar sus tropas de las fronteras de Yibuti, con el que está en conflicto. A pesar de que no haya indicaciones recientes de que Eritrea esté apoyando al grupo terrorista, la ONU se ha negado a retirar las sanciones hasta que el gobierno de Eritrea permita la entrada de observadores en su territorio. La ONU podría aplicar nuevas sanciones en lugar de retirar las ya impuestas.
Eritrea. Mal, pero no tanto
Informes contradictorios sobre la situación del país hacen que no se tomen medidas adecuadas para la acogida de los refugiados eritreos que huyen de un país considerado como uno de los más represivos del mundo.
En noviembre de 2014, un informe sobre los emigrantes eritreos, publicado por Dinamarca, establecía que dichos emigrantes no debían ser considerados como refugiados políticos ya que las condiciones en Eritrea habían mejorado. Dicho informe dio pie a que varios países (entre ellos Dinamarca, Noruega y el Reino Unido) estableciesen políticas de acogida restrictivas hacia los eritreos que solicitaban asilo.
El informe de la ONU
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Comisión de investigación para realizar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea. El gobierno eritreo se opuso a que los miembros de dicha comisión visitaran el país, por lo que la comisión tuvo que basar su trabajo en más de 160 testimonios escritos y 550 entrevistas a eritreos residentes en ocho países.
El informe, publicado en junio de 2016, acusa al Gobierno eritreo de continuados crímenes contra la humanidad y contra los derechos humanos, durante los últimos 25 años. Los investigadores denuncian crímenes de esclavitud, tortura, persecución, asesinato y otros actos inhumanos, «utilizados como una campaña para instaurar el miedo y desalentar a la oposición». Por todo lo cual, el Consejo de Los Derechos Humanos de la ONU solicita al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas que imponga sanciones al régimen eritreo y que remita el caso a la Corte Penal Internacional para que estas atrocidades puedan ser investigadas.
La comisión no pudo investigar los indicios de crímenes contra la humanidad porque estaban fuera de su mandato. Por supuesto el gobierno de Eritrea ha denunciado este informe, que según él, favorece los intereses de su gran rival, Etiopía.
Eritrea, mal pero no tanto
En junio de 2016, la periodista Bronwyn Bruton, director adjunto del África Center Atlantic Council, en Washington, reaccionaba criticando dicho informe. La crítica al informe se basa en que, según la periodista, no es equitativo e imparcial ya que, partiendo de casos concretos, como por ejemplo violaciones por parte del ejército, infiere estrategias de abusos sistemáticos que, luego, achaca al Estado.
Aun reconociendo que la situación de los derechos humanos en Eritrea es aterradora y que se dan cientos o miles de casos de tortura, de violaciones y de detenciones injustas, la situación no es tan mala como pretende el informe, según ella. La escritora habla desde el punto de vista de alguien que ha visitado recientemente el país varias veces, y ha tenido la oportunidad de entrevistar a oficiales del gobierno, incluyendo al mismo presidente Isaías Afewerki; a diplomáticos extranjeros, a hombres de negocios, tanto locales como extranjeros, y a gentes de pueblo.
A las críticas de Bronwyn Bruton se añaden las de quienes señalan que el informe de la Comisión ha sido selectivo en cuanto a sus fuentes, ignorando a diplomáticos occidentales y al personal de la ONU basados en Eritrea, una abundante literatura académica y el testimonio de decenas de miles de eritreos que defienden el régimen, pretendiendo que eran irrelevantes o inauténticos.
Con todo, Eritrea figura entre los países africanos peor situados, tanto respecto al buen gobierno (n° 50), como a la corrupción (n° 46), al índice de paz (n° 34) y a los derechos humanos (n°51). En cuanto a libertad de prensa, según el informe de Reporteros Sin Fronteras (RST) de 2016, Eritrea ocupa el último puesto de los 180 países del mundo entero incluidos en el informe, incluso por detrás de Corea del Norte, que figura en el puesto 179. Durante los últimos años no había ningún corresponsal extranjero en Eritrea y casi ningún visado concedido a periodistas occidentales. Solo recientemente se ha permitido la entrada en el país, durante unos días, a corresponsales británicos, italianos y franceses que iban acompañados, aunque no continuamente, de un empleado del ministerio de Información.
Algunos éxitos
Entre los eritreos afines al régimen suele alabarse la calidad de la educación y el bajo nivel de corrupción. El programa de Desarrollo de las Naciones Unidas reconoce el progreso de Eritrea en varios objetivos de Desarrollo, fijados para el Milenio. Fuentes de información eritreas alaban los logros conseguidos en el control de enfermedades infecciosas, como el sida, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora en la salud de las madres. Dado que dichas fuentes están controladas por el Estado, hay que mirar estos datos con precaución. Pero también conviene tener en cuenta que, tanto la educación como la sanidad, son gratuitas en el país.
Puede afirmarse que Eritrea obtiene sus éxitos más clamorosos en el ámbito del deporte. Los corredores de media y larga distancias están consiguiendo medallas en las carreras internacionales más importantes: Zersenay Tadesse logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; Ghirmay Ghebreselasie fue campeón del mundo de Maratón en Pekín 2015. Los atletas eritreos han obtenido también éxitos en ciclismo, deporte al que los eritreos tienen gran afición. Se disputan numerosas carreras ciclistas en todo el país. Daniel Teklehaymanot ganó el Campeonato Africano en Ruta y contrarreloj y participó en la vuelta a España junto a Merhawi Kudus y en el Tour de Francia.
¿Ayudar a Eritrea o sancionarla?
Los escapados envían dinero a sus familias, que es una forma de ayudar al país. Datos de 2006 indican que las remesas enviadas desde el extranjero supusieron casi el 40% del producto interior bruto. Según el «Nouvel Observateur» son excelentes en atletismo y del 19 de enero 2012, la Unión Europea habría concedido 122 millones de euros. El mismo artículo señala la presencia creciente de China en Eritrea, la ayuda de Qatar y la gestión de hoteles en el Mar Rojo por parte de la mafia italiana.
Conclusión
El régimen eritreo ha manifestado su intención de reducir la duración del servicio militar, pagar un mayor salario a los soldados y redactar una nueva Constitución. Pero no hay evidencia de que nada de eso esté ocurriendo.
Los adictos al régimen pretenden que se están dando pequeños cambios liberalizadores y, según la opinión de observadores calificados, la condena del régimen de Isaías Afewerki, propuesta por la Comisión de la ONU, tendría el efecto de dificultar la apertura.
Autor: Bartolomé Burgos, mafr.
Fuente: Revista Africana, junio 2017