Cuando la ley de un solo hijo en China cumple 25 años, el Gobierno ha aumentado su presión con la esterilización obligatoria, en algunas localidades, de todas las mujeres que ya hayan tenido un hijo varón. Quien se opone puede perderlo todo.
Por David Jiménez.
Yu Jie todo hizo todo lo posible por ocultar su embarazo. Vistió ropas amplias, apenas comió para evitar ganar peso y se encerró en casa, a veces durante meses enteros. Pero una visita a un comercio en su localidad natal de Huaiji, en la provincia de Guangdong, desató el rumor de que esperaba su segundo hijo. Su futuro hijo estaba sentenciado.
Los funcionarios del Departamento de Planificación Familiar se presentaron en su casa, la llevaron a una clínica de las afueras y allí, sin anestesia y bajo amenazas, un médico atravesó su abdomen con una aguja hasta encontrar el corazón del bebé que llevaba dentro. Quedaban 17 días para el nacimiento.
La operación fue completada con la esterilización de Yu Jie. «Para evitar nuevos descuidos», dijeron los eficientes funcionarios. Abrazada a su primer y único hijo, con la mirada perdida a través de la ventana de su pequeña vivienda de Huaiji, la joven de 25 años recuerda que durante la operación imaginaba cómo sería el rostro de ese bebé que nunca vería nacer. «Decían que si no me deshacía de él se quedaban con la casa y mi marido perdería su trabajo», dice. «Que había que hacerlo por el bien de la patria…»
Huaiji, un pobre distrito del sur de China situado muy cerca de las fábricas de Cantón que estos días protagonizan el boom económico chino, es sólo un campo de batalla más en la lucha de las autoridades chinas por controlar su población. La denuncia de cientos de víctimas y el coraje de un abogado de la provincia de Shandong, hoy encarcelado por las autoridades, han servido para revelar campañas masivas de esterilización de miles de mujeres, abortos forzosos incluso en el noveno mes de embarazo y, en casos aislados, la asfixia de bebés recién nacidos delante de sus madres.
Considerados ilegales antes de nacer, los hijos concebidos fuera de la política de un solo hijo forman en China una generación borrada que el propio Gobierno cifraba esta semana en más de 400 millones de personas. Esto es, el número de nacimientos que se han evitado desde que empezó a aplicarse el programa de natalidad. El Gobierno lo considera un precio justo a cambio de mejorar las condiciones de vida del resto.
Los primeros bebés de la Ley de un solo hijo cumplen estos días 25 años. Vinieron al mundo coincidiendo con la llegada de la apertura económica que ha transformado China, tan sólo unos meses después de que en 1980 el Partido Comunista extendiera la política de natalidad más severa del mundo a todo el territorio.
Con los años, y ante la imposibilidad de controlar el crecimiento de la población, los funcionarios de administración locales, unos por miedo a represalias y otros para dar un empujón a sus ambiciones políticas, han ido poco a poco adoptando medidas más desesperadas para cumplir con los objetivos impuestos desde el Gobierno central. Al más conocido programa de abortos obligatorios detectado años atrás, se ha sumado en los últimos meses la esterilización obligatoria que en unas localidades ha supuesto la operación de todas las mujeres que ya habían tenido un hijo varón.
| En algunas zonas de China se han producido las primeras refugiadas de la política de un sólo hijo, mujeres que prefieren huir de las autoridades antes que renunciar a su derecho a decidir sobre su maternidad. |
Familiares apaleados
Cuando Xiao Zan descubrió que se había quedado embarazada, teniendo ya un primer hijo varón, supo que las autoridades locales jamás permitirían su nacimiento. Para evitar un aborto y la consiguiente esterilización, o el pago de multas que habrían arruinado a su pobre familia campesina, esta menuda mujer de 29 años decidió escapar. Durante meses permaneció oculta, regresando sólo cuando supo que su padre había sido apaleado y su vivienda reducida a escombros como castigo por su desafío. La policía no pudo evitar, sin embargo, el nacimiento de su segundo hijo, otro varón. «Pero todo valió la pena. Tengo a mi hijo. Será el último, no voy a tener más, pero al menos lo he salvado», dice todavía temerosa de que alguien quiera llevárselo.
En China, donde el régimen comunista ha abandonado la ideología que le llevó al poder en 1949 pero mantiene la estructura política y el aparato de represión intactos, las mujeres que han sufrido esterilizaciones o abortos forzosos no tienen a quién acudir. Muy pocos están dispuestos a enfrentarse a las autoridades y quienes lo hacen, como Chen Guangcheng, saben que inician una lucha desigual que suele terminar con su encarcelamiento.
Chen perdió la visión siendo un adolescente, pero a pesar de su discapacidad siguió estudiando, se especializó en Derecho y se convirtió en el abogado de las causas perdidas en su Shandong natal. Cuando las familias campesinas de Linyi, una pobre localidad vecina, empezaron a denunciar las esterilizaciones, el activista chino se dio cuenta de que no se trataba de casos aislados, sino de un programa sistemático llevado a cabo por funcionarios dispuestos a cumplir con las cuotas a toda costa. Unas pocas víctimas se convirtieron en cientos y, finalmente, en más de 7.000. La mayoría fueron operadas en el espacio de cuatro meses, entre marzo y julio del año pasado.
Chen decidió viajar a Beijing y denunciar lo que ocurría ante la justicia con la esperanza de que alguien en el Gobierno central pusiera fin al programa de esterilizaciones y castigara a sus responsables. Al regresar, los funcionarios a los que se había enfrentado le esperaban en la estación. Su respuesta fue una paliza y varias detenciones que a día de hoy le mantienen en paradero desconocido, probablemente en un campo de trabajos forzados, según ha denunciado su familia y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. «Sé que estoy tomando un riesgo, pero esta gente depende de mí y debo hacer algo por ella», había asegurado Chen antes de su última detención, el pasado mes de marzo.
Si el activista invidente de Shandong pensó que podía haber ayudado a todas aquellas mujeres era, quizá, porque sabía que la ley estaba de su parte. La política de natalidad china y sus consecuencias, entre ellas el infanticidio de millones de niñas debido a la preferencia por los varones, ha provocado que a lo largo de los años haya sido suavizada. Las familias campesinas y de algunas minorías étnicas pueden tener un segundo hijo cuando el primero ha sido niña o ha nacido con alguna discapacidad. El parlamento chino aprobó en 2002 cambios legislativos para que incluso quienes no entraban dentro de ese grupo pudieran tener un segundo hijo si accedían a pagar multas que en algunos casos suponían el sueldo de cuatro años para un campesino (350 euros), dejando abierta la puerta a una mayor flexibilidad.
Pero las nuevas normas han sido sistemáticamente ignoradas. Los funcionarios locales, obsesionados por lograr una promoción dentro de la jerarquía del Partido Comunista, continúan aplicando métodos draconianos para mantener sus poblaciones a raya. La gravedad de la situación y el descontrol de los Departamentos de Familia provinciales quedaron en evidencia por primera vez hace ahora seis años. Una mujer que ya tenía tres hijos fue castigada a presenciar la ejecución de su recién nacido en la provincia de Hubei: tres funcionarios ahogaron a su bebé en un campo de arroz horas después de haber nacido y como medida para escarmentar al resto de vecinas de su aldea.
El impacto mediático de lo ocurrido llevó a la detención y encarcelamiento de los responsables de Hubei, pero otros muchos casos nunca llegan a ser investigados siquiera. Mujeres de los pueblos de Guangdong ha denunciado en el pasado cómo miembros de gobiernos locales inyectan soluciones salinas para provocar el nacimiento prematuro de sus bebés y después los asfixiaban.
La ley del silencio
En Huaiji, donde cientos de mujeres han sufrido esterilizaciones y abortos forzados, la ley de un solo hijo se une a la del silencio. Mujeres que otros vecinos aseguran que han sido esterilizadas se niegan a admitirlo por miedo a represalias. Una de ellas, que prefiere no dar su nombre para no ser identificada, asegura que los funcionarios imponen multas arbitrarias y que se ha formado un grupo de extorsionadores que se encarga de castigar a quienes se niegan a operarse. «Quienes se resisten a pagar o no tienen suficiente dinero son llevadas a las clínicas y sus bebés abortados», denuncia esta residente de 32 años tras haber sufrido dos abortos, el primero voluntario a cambio de la exención de un pago de 400 euros que no podía afrontar y el segundo forzado.
Los constantes abusos que se producen en las provincias y el grave desequilibrio entre sexos que ha provocado la ley de natalidad –en China nacen cerca de 120 niños por cada 100 niñas- han llevado a miembros del Gobierno central a preguntarse si, tras más de un cuarto de siglo, no ha llegado el momento de dejar que los chinos vuelvan a planear la composición de sus familias con libertad, sustituyendo las medidas de represión por las educativas. Esos 400 millones de personas que no han nacido en todos estos años han dejado la población de China en 1.400 millones de personas (1.500 según cálculos no oficiales), lo que llevará al país a perder su posición de nación más poblada del mundo a mediados de siglo en favor de la India.
El régimen, sin embargo, sigue considerando el control de natalidad una medida necesaria para el desarrollo económico y social, un sacrificio para llevar adelante lo que Beijing llama socialismo con caracteres chinos. «Incluso manteniendo la política de un solo hijo, tendremos un crecimiento de 12 millones de habitantes cada año durante algún tiempo», según el ministro chino de Planificación Familiar y Población, Zhang Weiqing, que esta misma semana confirmaba que la política de un solo hijo continuará vigente.
La decisión final del Gobierno supone que miles de mujeres en todo el país seguirán pendientes de una llamada a su puerta anunciando la visita de los funcionarios de Planificación Familiar. Para muchas de ellas, supondrá que sus futuros hijos han sido incluidos en la generación borrada y deben ser eliminados.
«Por el bien de la patria…»