La directiva castiga y pretende expulsar a entre 8 y 12 millones de extracomunitarios que actualmente trabajan sin papeles en Europa, según la estimación de los organismos oficiales.
Europa parece sorda e insensible ante la situación de millones de personas arrojadas de sus países por el hambre, las crisis económicas y las guerras. Los embajadores de los Veintisiete ante la Unión Europea aprobaron este jueves 22 de mayo el texto de la directiva del retorno que permitirá que un extranjero indocumentado permanezca detenido entre 6 y 18 meses, mientras se tramita su expulsión de Europa.
La directiva castiga y pretende expulsar a entre 8 y 12 millones de extracomunitarios que actualmente trabajan sin papeles en Europa, según la estimación de los organismos oficiales.
La directiva del retorno penaliza a los inmigrantes y les priva de su libertad sin que haya un juicio de por medio ni una sentencia en firme. En España, los extranjeros se presentan ante el juez de turno en total indefensión. No se discute si tienen años de arraigo, un trabajo o una familia asentada en España, sólo se averigua si hay espacio en el centro de internamiento y la fiscal pide su encierro inmediato. La defensa actúa después y tiene el tiempo en su contra para evitar la expulsión.
El sistema es de una injusticia aberrante si se piensa que en España y en la mayor parte de países occidentales, cualquier ciudadano es privado de su libertad solamente después de un juicio y tras recibir una sentencia firme.
CONTRA LA INMIGRACIÓN
En el Parlamento Europeo, Francia, Alemania e Italia son los países que más han presionado para endurecer las medidas en contra de la inmigración ilegal, y son justamente las naciones que registran mayor cantidad de extranjeros extracomunitarios.
Italia ha llegado más lejos, porque a la par de la discusión sobre inmigración en Europa, esta semana aprobó medidas que criminalizan la inmigración irregular y que la castigan hasta con 4 años de cárcel.
No sólo eso, Italia también pedirá pruebas de ADN para aprobar las reagrupaciones familiares y se sancionará a las personas que alquilen pisos a extranjeros indocumentados; para esos arrendatarios habrá penas de prisión de entre 6 meses y 3 años, multas de hasta 50 mil euros y la posibilidad de que les confisquen la propiedad.
La persecución a la inmigración irregular en Italia va en contra del estado de derecho, opina Javier Ramírez, de SOS Racismo, y añade: «el derecho penal estaba reservado para actos más graves, punibles, no se puede sancionar penalmente un hecho que hasta ahora era una infracción administrativa».
Y es que residir o trabajar en un país europeo sin las respectivas autorizaciones es una falta administrativa comparable a estacionar un vehículo en un lugar prohibido o hacer una obra de construcción sin licencia, y esas «faltas» se sancionan la mayoría de las veces con una multa. Pero las multas no caben para los inmigrantes irregulares…