La tapadera perfecta para un robo perfecto.
Emilio Botín García de los Ríos, es el banquero que regenta el Grupo Santander, un imperio económico que funciona las veinticuatro horas del día. Este hombre es aparentemente merecedor de los más altos honores gracias a la labor social que la Fundación Botín que preside, desarrolla por toda España. También se ponen sobre la mesa de sus labores filantrópicas, las inversiones realizadas en Cantabria, su tierra natal y cuya capital lleva el nombre de la nave financiera que pilota su familia desde hace décadas: instrumentos médicos para el Hospital de Valdecilla, proyecto del Centro Botín en los muelles de Santander, o el búnker que se está ejecutando en Medio Cudeyo para acoger el aparato informático del banco.
Todo esto le hizo merecedor el pasado febrero de la Medalla de Oro del Parlamento de Cantabria, por “sus aportaciones en el campo de la asistencia sanitaria, la educación, la investigación, el desarrollo de las zonas rurales, la cultura y la música”.
Este esfuerzo social sin par, podemos interpretarlo de muchas maneras. Lo cierto es que antes de levantar un monumento al ilustre, deberíamos ser conscientes de que don Emilio y su personal de confianza, se han sentado en el banquillo de la justicia española en más de una ocasión. A pesar de no haber prosperado las causas, las diversas querellas presentadas contra él y sus colaboradores han sido admitidas a trámite varias veces. La mayoría de ellas, tienen como trasfondo delitos contra la Hacienda pública o bien contra los otros accionistas del banco que ostenta.
Uno de los casos más sonados, fue el Caso de las Jubilaciones. En noviembre del 2002 se destapa este caso tras conocerse que los directivos del banco, Jose María Amusátegui y Ángel Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43.7 y 108 millones de euros al abandonar la entidad. Los accionistas del banco que presentaron estas querellas, consideraron que recibieron estas cantidades para dejar el terreno libre a Emilio Botín al fusionar el Banco Central Hispano con la entidad cántabra. El 14 de abril de 2005, Botín fue absuelto después de juicio oral de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
El otro caso conocido es el de las Cesiones de Crédito. A finales de los años 80, medio centenar de entidades lanzaron al mercado unos productos fiscalmente opacos, llamados “cesiones de crédito” y “primas únicas”. En 1990 el Ministerio de Hacienda inició un proceso de investigación de varias entidades entre las que se encontraba el Santander. En 1992 la Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra los administradores del Consejo de Administración del Banco Santander S.A. Doce años después, la juez Teresa Palacios abrió el juicio contra Emilio Botín, tres ex directivos del banco y 28 compradores de este activo financiero. 36 delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.
Pero la cosa no termina aquí. Algunos de sus más fieles colaboradores y empleados del banco también han tenido y tienen causas con la Justicia. El caso más notable es el de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto, condenado recientemente a tres meses de arresto y a la inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria. El motivo, el llamado Caso Olavarría, que lleva más de una década pleiteándose en los juzgados españoles. La circunstancia fue una denuncia falsa impuesta por los ejecutivos del Banesto por impago de una deuda de 3.6 millones de euros (600 millones de pesetas) . La querella contra Pedro Olavarría y otros tres empresarios era una medida de presión para intentar cobrar dicha deuda, a sabiendas de que los empresarios eran inocentes.
Resulta curioso el apoyo que Emilio Botín ha prestado a su consejero delegado, declarando recientemente que “no procede en absoluto cesarle del cargo”. Don Emilio siempre ha repetido que “es el mejor consejero de la banca”, lo que nos da una idea de la talla moral necesaria para desenvolverse en este lucrativo campo.
Igualmente, Alfredo Sáenz está implicado en el caso Banif, como imputado por su gestión del fondo Santander Banif Inmobiliario. Otra vez delitos de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado, publicidad engañosa, así como uso de información privilegiada y delito societario. La acusación corre a cargo de una asociación de 630 partícipes de dicho fondo.
Por si fuera poco, al circo le crecen los enanos. Recientemente la Audiencia Nacional anunciaba la investigación de la familia Botín, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Las cantidades defraudadas por la familia de banqueros, superan los 120.000 euros por contribuyente, mínimo a partir del cual, la evasión es considerado delito y se procesa por la vía penal.
También recientemente, un estudio del centro de investigación internacional Profundo, para la organización Setem, destapaba que 14 entidades financieras españolas, entre las que se encontraba el Santander, habían aprobado desde enero del 2006 operaciones financieras con 19 de las principales fabricantes de armas prohibidas del mundo (bombas de racimo, minas antipersona, armas biológicas, químicas y nucleares). Los fondos de inversión del Santander, poseen acciones de 13 compañías armamentísticas.
En resumidas cuentas, a la vista de los hechos, el “interés social” del banco parece tener de fondo un objetivo de lavado de imagen, más que de humanismo desinteresado. A pesar de que muchas de las causas judiciales no hayan prosperado, los intentos de fraude fiscal suponen querer robar al pueblo el fruto de su trabajo detraído por medio de los impuestos.
Si lo cuantificamos, el banco “regala a la sociedad” cerca de 33 millones de euros por medio de la Fundación Botín (durante el año 2010), y 148 millones de euros invertidos en lo que se llama hoy “Responsabilidad Social Corporativa” (que recoge las actividades sociales llevadas a cabo). Los beneficios del año 2010 han disminuido hasta la nada desdeñable cifra de 8.181 millones de euros, por lo que tan sólo un 1.8% de ese dinero es devuelto a la sociedad por medio de todas estas acciones, aparentemente “sin ánimo de lucro” . Y esto sin perder de vista que el dinero destinado por las empresas a fundaciones tiene ventajas fiscales a la hora de liquidar los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública. (Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo).
En definitiva, toda la realidad de apoyo desinteresado a los ciudadanos por parte de las grandes empresas tiene un doble objetivo: pagar menos impuestos a Hacienda y crear opinión pública a su favor en la sociedad: la tapadera perfecta para un robo perfecto.