El diario El País, que mantiene su campaña particular contra la Iglesia Católica dedicaba el pasado 19 de septiembre de 2001 dos páginas al tema, bajo el titular: "España financia las actividades de la Iglesia católica con más de medio billón de pesetas al año". Veamos como manipula el tema: El lector que no leyera más que los titulares y la entradilla se quedaría con la impresión de que la Iglesia católica sangra al Estado para asuntos peculiares de su actividad religiosa pero no es así.
IGLESIA Y ESTADO: ¿QUIÉN SUBVENCIONA A QUIÉN?
Ignacio Aréchaga .
Aceprensa.
11-10-2001
Publicado en Alfa-Omega
Los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede han funcionado sin mayores problemas desde 1979. Pero los que identifican la laicidad del Estado con la ausencia de la religión de la arena pública, intentan presentar un balance en el que la Iglesia católica parece explotar abusivamente al Estado. El diario El País, que mantiene su campaña particular en este asunto, dedicaba el pasado 19 de septiembre de 2001 dos páginas al tema, bajo el titular: «España financia las actividades de la Iglesia católica con más de medio billón de pesetas al año». El lector que no leyera más que los titulares y la entradilla se quedaría con la impresión de que la Iglesia católica sangra al Estado para asuntos peculiares de su actividad religiosa. Pero si se observa el cuadro que elabora El País sobre las aportaciones económicas principales del Estado a la Iglesia (fuente: «elaboración propia», aunque sería más exacto «manipulación propia»), se advierte que para llegar al «total estimado» de 586.000 millones de pesetas se suman las churras con las merinas.
Aun ateniéndonos a los números que aporta el diario, resulta que la aportación principal de 420.000 millones de pesetas corresponde a las subvenciones por enseñanza concertada que reciben los colegios de propiedad eclesial, al igual que otros centros privados. Un dinero que no va a la Iglesia, sino a financiar la educación de los alumnos cuyas familias han elegido libremente esos colegios y de cuyos bolsillos salen también los impuestos.
La siguiente partida más elevada son 100.000 millones para los salarios de los profesores de religión de la enseñanza pública, que, según los Acuerdos, son elegidos por la Iglesia católica y pagados por el Estado (fórmula que se ha repetido en los acuerdos con musulmanes y judíos).
Al ser la religión una asignatura voluntaria, esos profesores no existirían si no hubiera una demanda de las familias. Y resulta que los alumnos que optan por la enseñanza religiosa en los centros públicos van desde el 87% en la enseñanza primaria al 47% en el Bachillerato.
Descontadas esas dos grandes partidas, el «más de medio billón» queda ya reducido a 66.000 millones. Pero incluso dentro de ese resto, gran parte se debe a subvenciones para ONG de titularidad eclesial (15.000 millones) y a centros hospitalarios y de caridad (10.000). En este capítulo, las instituciones de la Iglesia se benefician de las subvenciones previstas para todos los que hagan algo en este sector de interés social. Y si las instituciones católicas están más representadas, es un signo de que siempre se han distinguido por su dedicación a los más débiles.
Las cuentas incluyen también 7.000 millones de ayudas para el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. Pero ¿sería más «laico» dejar caer a pedazos la catedral de León? ¿No hay también una actuación pública sobre otros bienes del patrimonio artístico que, como éstos, son una muestra de belleza y una fuente de ingresos por turismo?
Puestos a hacer balance, sería más exacto calcular cuánto se ahorra el Estado por muchas de las actividades de la Iglesia. Por ejemplo, con la enseñanza concertada. En primer lugar, el Estado se ahorra toda la inversión en construcciones escolares, aspecto no cubierto por las subvenciones. Además, el coste del puesto escolar en la enseñanza pública es por lo menos un 30% más elevado que en la enseñanza concertada; entre otros factores, porque no sólo los centros públicos tienen más profesores, sino porque éstos cobran un sueldo más elevado. De modo que si el Estado tuviera que hacerse cargo de esos alumnos de la enseñanza concertada, tendría que gastar en inversiones y gastos de funcionamiento mucho más de lo que supone el concierto actual, que no cubre el coste real.
Algo similar podría decirse de lo que supone la ingente acción social y caritativa de la Iglesia a través de Cáritas, centros hospitalarios, casas de ancianos y de inválidos, orfanatos, guarderías, etc., en las que, junto a los profesionales, hay también muchos religiosos y voluntarios. Buena parte de la financiación de estas instituciones se hace con aportaciones de los fieles católicos, que las respaldan porque son de la Iglesia. ¿Y no es más barato para el Estado subvencionar a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que crear un geriátrico a sus expensas?
Al final resulta que, si se tienen en cuenta los elementos invisibles del balance, los dineros de la Iglesia benefician más de lo que parece al Estado laico.