Una misión internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el cual dan cuenta de los resultados de un denso análisis que hicieron en Venezuela, asegurando que el gobierno de Nicolás Maduro, desde el presidente mismo hasta otros importantes jerarcas, han sido partícipes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
«La misión investigó estos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes» cometidos de 2014 hasta la fecha, se lee en el documento, e indagó 223 casos.
«Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de COVID-19″, dijeron desde la misión.
Fue entonces que optaron por realizar 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales a los cuales lograron tener acceso.
Posibles crímenes de lesa humanidad
El estudio reza que lograron establecer «patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado» y añade que «parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad».
Además, acusan a as autoridades estatales de alto rango de tener y ejercer «el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones».
Los señalamientos van mucho más allá: «Tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes», se lee.
«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Añadió que «lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno».
Ejecuciones extrajudiciales, torturas y dudas sobre la Justicia
La Misión investigó dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad,
El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.
Los expertos desatacan que «las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas».
También señalaron que «el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) era identificar a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno», mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) «era el personal militar y los civiles asociados presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado».
«Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados», declaró Francisco Cox, uno de los miembros de la misión.
Concluyeron poniendo una tela de duda sobre la confianza que se puede tener en el Poder Judicial venezolano. Lo acusaron tener influencia política indebida y que otros poderes del Estado han obstaculizado la independencia judicial.
La misión
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, fue integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils.
Se estableció en virtud de la resolución 42/25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Su mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.