En España el clima social contra los inmigrantes empobrecidos es cada vez más hostil. Recientemente la ONU ha denunciado públicamente al gobierno de España por las redadas policiales contra los inmigrantes y su reclusión, sin haber cometido ningún delito, en los centros de internamiento para extranjeros, que son auténticos campos de concentración.
Por ello vemos necesario, una vez más, alzar la voz en su defensa y manifestar una serie de evidencias que se ocultan sistemáticamente.
Los inmigrantes empobrecidos han dejado sus tierras y familias expulsados por el hambre y la miseria provocadas por un sistema económico y político internacional del cual se beneficia la Unión Europea y por tanto España. Mientras más de 100.000 personas mueren cada día de hambre se calcula que entre el 25% y el 40% de la riqueza de España y de Europa proviene del expolio a los países empobrecidos. Al mismo tiempo, en Europa, se ha generado una demanda de puestos de trabajo no cualificados que no se cubría con el personal autóctono y que ha ejercido un efecto «llamada» muy fuerte sobre jóvenes de países empobrecidos.
Esto ha supuesto que las personas más fuertes y dinámicas hayan dejado sus países implicando un empobrecimiento aún mayor de estos pueblos. Además, muchos inmigrantes han muerto por el camino en condiciones inhumanas y muchos han sufrido abusos y humillaciones salvajes, especialmente las mujeres. Por tanto una conciencia rectamente formada debe, en primer lugar, hacerse cargo del sufrimiento de esta situación, luchar contra las causas de estas injusticias y acoger a las víctimas con auténtica solidaridad.
Los últimos informes sobre inmigración ponen de manifiesto una serie de evidencias que no corresponden con la percepción negativa que tiene una parte de la población española. Mientras los beneficios macroeconómicos para el capital y para el estado son evidentes, las tensiones provocadas en la base de la sociedad están alimentadas por una política social injusta y por una sistemática e interesada intoxicación de la opinión pública para romper la solidaridad natural entre los explotados de la sociedad, ya sean autóctonos o inmigrantes.
Debido a la demanda de nuestra economía, entre 1990 y 2005 España se sitúo entre los principales países receptores de inmigrantes alcanzando los 5,7 millones, siendo el 12,1% de la población empadronada. De ellos un millón están indocumentados y por tanto sometidos a condiciones de vida dramáticas. De los 4,7 millones con residencia legal, el 48% son de la Unión Europea, que tienden a converger rápidamente con la población española. La población inmigrada es joven, comprendida mayoritariamente entre los 20 y los 40 años, lo que la hace que tenga un perfil netamente contributivo, rejuveneciendo la población española que tiene una tasa de fecundidad de las más bajas del mundo.
El 30% del crecimiento, directo e indirecto, del PIB español entre 1995 y 2010 se debe a los inmigrantes. Entre 2000 y 2005 este porcentaje alcanzó el 50%. Sin ellos, el PIB español no solo no hubiera crecido sino que hubiera retrocedido un 0,6 % anual. Muchos sectores de la población española se han beneficiado de la explotación de los inmigrantes por sus bajos salarios y por sus condiciones de vida, especialmente en el caso de la vivienda. Las condiciones de hacinamiento y los alquileres abusivos son un hecho escandaloso.
La inmigración ha supuesto un impacto netamente positivo sobre las cuentas públicas. Se estima que el 50% del superávit durante los años de mayor crecimiento se debía a la contribución de los inmigrantes aportando unos 4.784 millones de euros netos en 2005. Los estudios señalan que para el 2020 los inmigrantes harán una contribución neta a las arcas públicas de unos 1.500 millones de euros al año.
Actualmente la mano de obra inmigrante se ha convertido en un factor equilibrador del presupuesto de la seguridad social ya que contribuye al sistema pero solicita escasas prestaciones, es decir, los inmigrantes son contribuyentes netos. La tasa de actividad de la población inmigrante de países empobrecidos es más alta (81,2%) que la española (72,6%) por lo que en 2008 esto permitió que aportasen más de 1.500 millones euros netos a la seguridad social. Su porcentaje de afiliación ha sido constante entre el 10 y el 11% por lo que en relación a la población su participación ha sido altísima.
Hasta el momento los inmigrantes han retrasado en casi cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones español de 2023 a 2028. Si actualmente el gasto de pensiones representa el 8,7% del PIB, en 2050 será el 20%. Con las tendencias demográficas actuales, la población española perdería 3,4 millones de personas activas entre 19 y 40 años entre 2010-2020 y la población mayor de 65 años se habría duplicado en el año 2050 por lo que sería necesario que España incorporase 7 millones de inmigrantes en los próximos 20 años para mantener una tasa de dependencia en el 34%.
La mano de obra inmigrante ha favorecido la transición de los trabajadores autóctonos hacia otros de mejores condiciones laborales. Esto ha sido especialmente importante en el caso de la mujer ya que las cuidadoras inmigrantes, asumiendo labores domésticas bajo regímenes de gran explotación, han favorecido que gran parte de la población femenina española (+30%) se incorpore al mercado de trabajo. Esto es clave porque el llamado estado de bienestar español ha descansado siempre de una manera crucial sobre la familia que ha sido el pilar en el cuidado de niños, ancianos, enfermos y discapacitados.
Los inmigrantes ocupan el nivel más bajo del escalafón laboral lo que genera la imagen de que poseen un bajo nivel educativo cuando no es así. El efecto llamada de la demanda laboral de la economía española exigía puestos que no eran cubiertos por trabajadores autóctonos por su baja remuneración . Muchas actividades económicas han sobrevivido gracias al uso intensivo de mano de obra, los bajos salarios y la explotación y precariedad laboral. Su contribución positiva al crecimiento de la economía española ha sido correspondida por un salvaje desempleo cuando ha llegado la crisis, amortiguando, aunque esto se silencia, el impacto negativo sobre la población española. A comienzos del 2010 todavía había casi dos millones de inmigrantes contribuyendo a las arcas de la seguridad social. Los grandes perdedores han sido fundamentalmente los inmigrantes africanos que tienen tasas de paro en torno al 50%.
La economía sumergida, que oscila entre el 20 y el 23% del PIB, ha sido el único lugar donde han podido trabajar los inmigrantes indocumentados bajo condiciones de explotación y precariedad durísimas. Estos trabajadores, al no cotizar están excluidos de los sistemas contributivos de aseguramiento pero sostienen una parte estructural en la economía española recibiendo a cambio explotación, miseria y desprecio.
A esto habría que añadir la economía criminal donde los inmigrantes, especialmente mujeres, están esclavizados bajo el yugo de las redes mafiosas fundamentalmente en la prostitución y ello bajo el consentimiento tácito de la sociedad que «disfruta» de la bajada de precios de la esclavitud sexual.
Por todo ello la única actitud responsable es la de la solidaridad con los empobrecidos, españoles y extranjeros, en un ánimo común de luchar contra la injusticias sociales que están provocando tanto sufrimiento.
Candidato Partido SAIn al Ayuntamiento de Alcalá de Henares