España ha financiado en los 30 últimos años mil proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo por más de 8.500 millones de euros. El instrumento más comúnmente utilizado, los créditos FAD, se dirigen más a internacionalizar las empresas que a ayudar a los países pobres.
La ayuda que se ha destinado en los últimos años al Tercer Mundo, sobre todo a través de los créditos FAD (fondos de ayuda al desarrollo), se ha dirigido más a favorecer la internacionalización de las empresas españolas que a ayudar a los países pobres. Los créditos FAD están condicionados a que los países que los reciben contraten los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo el proyecto en cuestión a empresas españolas. Por eso se acaban convirtiendo en la práctica en un sistema para ayudar a las empresas españolas a exportar o a internacionalizarse.
Desde que se pusieron en marcha los FAD, hace 30 años, han financiado más de mil proyectos por una cifra superior a los 8.500 millones de euros. A pesar de ello, sólo ha sido evaluada su eficacia en cuatro de estos proyectos. Los créditos FAD son responsables de más del 50% de la deuda total que los países subdesarrollados tienen con España, que supera los cinco mil millones.
Los créditos FAD, a pesar de ser un instrumento muy polémico y desprestigiado, siguen siendo la principal herramienta para canalizar la ayuda de España al Tercer Mundo. «En el 2004 se dieron 380 millones de euros, que superaron en más de 100 millones el desembolso realizado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en programas y proyectos durante ese año». El Gobierno socialista, lejos de haber debilitado estos instrumentos, ha aumentado esta partida en 330 millones en los presupuestos del Estado para el 2006.
Esta instrumentalización de los créditos FAD como herramienta para canalizar la internacionalización de las empresas no es privativa de España, sino de la inmensa mayoría de los países desarrollados, y especialmente de EE.UU. Uno de los argumentos que se utilizan para justificarlos es que es una garantía contra la corrupción en los países receptores de las ayudas. Según se afirma, si se diera dinero a los gobiernos en lugar de ayudas en especie, no quedaría ninguna garantía de que los recursos lleguen a su destino final. Por esta razón los sindicatos y otras entidades piden que aumente la transparencia y el control de la ayuda al Tercer Mundo, para lo que reclaman la participación de organizaciones civiles en el control y seguimiento de estas inversiones.
Por ello, las organizaciones de ayuda humanitaria reclaman una reforma en profundidad para que la ayuda al Tercer Mundo no se convierta en una coartada para subvencionar la internacionalización de las empresas españolas. Argumentan que hay que diferenciar la búsqueda de inversiones rentables para las empresas españolas de las que necesitan los países pobres.
El hecho de que los créditos FAD estén condicionados a la contratación de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo el proyecto a empresas españolas encarece en torno a un 20% la prestación de estos servicios, ya que los precios se abaratan si se contratan en los países donde se hace la inversión. Además, supone una competencia desleal con las empresas locales. Se trata de un mecanismo muy lento que no sirve para dar respuesta a necesidades urgentes como la que producen las catástrofes naturales.
Por ello, la OCDE ha reclamado de forma reiterada que las ayudas que los países ricos prestan a los países menos adelantados «se desvincule de intereses comerciales».
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