La URSS estafó a la República millones de dólares en ventas de armamento. Esta y otras revelaciones, contenidas en un libro publicado por el investigador británico Gerald Howson, han conmocionado a los historiadores. La guerra civil española debe ser reescrita. ¿Qué opina el Partido Comunista de España? La URSS estafó a la República millones de dólares en ventas de armamento. Esta y otras revelaciones, contenidas en un libro publicado por el investigador británico Gerald Howson, han conmocionado a los historiadores. La guerra civil española debe ser reescrita.
En 1992, cuando los archivos rusos empezaron a abrirse a los investigadores occidentales, un equipo de TV-3 de Cataluña pasó varios meses en Rusia recopilando información para realizar un documental sobre el oro español enviado a Moscú en octubre de 1936. El equipo volvió a España con millares de fotocopias, y el documental (L’or de Moscú) se emitió en 1994. La realizadora, María Dolors Genovés, tuvo la amabilidad de poner a mi disposición un par de centenares de documentos en los que se encontraba gran cantidad de información sobre los envíos a España de material de guerra soviético entre septiembre de 1936 y febrero de 1939.
Tales documentos permiten argüir que la cantidad de material bélico suministrado a la España republicana no sólo fue mucho menor que las cifras publicadas en occidente, sino incluso inferior a las que se dieron a conocer en la extinta Unión Soviética. Es más, los documentos mencionados permiten colegir que la calidad de tal material fue con frecuencia deplorable. Muchas de las armas, anticuadas y desgastadas, databan de los años setenta y ochenta del pasado siglo (!) y a veces se enviaron con tan poca munición que apenas si pudieron utilizarse unos días.
Todo este material se pagó deduciendo su importe del valor del oro depositado en Moscú (y que ascendía a unos 518 millones de dólares de la época). Los documentos a que antes me he referido permiten deducir que las autoridades soviéticas defraudaron sistemáticamente al gobierno republicano en millones de dólares, por no hablar sino de las ventas de armas, y ello a través de una manipulación secreta de los tipos de cambio entre el rublo y el dólar, que se llevó a cabo de forma individualizada, producto por producto, con el fin de obtener el oro al precio más reducido posible. Este fraude, quizá el de mayor volumen que un gobierno soberano haya perpetrado nunca contra otro gobierno soberano, no pudo realizarse sin contar con la autoridad suprema de Stalin.
En lo que se refiere al material de guerra que los republicanos intentaron adquirir en otros países la historia no es menos sorprendente y sombría. Por todas partes la República se vio confrontada con chantajes masivos, impuestos por ministros, funcionarios, militares y políticos de otros países. Y ello prácticamente a todos los niveles. Dichos personajes solicitaron grandes sumas de dinero para facilitar su «cooperación» (se han identificado «propinas» de entre 50.000 y 680.000 dólares sólo en 1937). Para colmo, con harta frecuencia muchos de ellos se dieron buena maña en encontrar motivos a fin de no suministrar las armas.
La dictadura militar polaca, que hacia fuera apoyaba a Franco, se convirtió en el segundo proveedor de la República, después de la Unión Soviética. Sin embargo, gran parte del material que vendió a la España republicana era totalmente anticuado e incluso inutilizable. Cabe mencionar al respecto, a título de ejemplo, cerca de 300 piezas de artillería sin mecanismos de apunte. Tal y como explicó uno de los agentes polacos que intervinieron en este tipo de transacciones, «vendiendo chatarra a los españoles a precios tan elevados podremos recobrar la solvencia financiera de Polonia».
Aún así, hay indicios de que ni siquiera esto revele todos los entresijos del problema. Según una serie de testimonios de oficiales leales al general Sikorski, líder de los polacos en el exilio durante los primeros años del segundo conflicto mundial, el gobierno de Varsovia consiguió unos 40 millones de dólares de la época por la venta de armas a España en el curso de la guerra civil. Pero, en realidad, el monto más verosímil se aproxima a los 60 millones (una cantidad enorme), según ciertas deposiciones de aquella procedencia. La diferencia entre ambos importes es más que probable que fuese a parar a los bolsillos de numerosos militares y ministros, incluyendo entre éstos al coronel Beck, ministro de Asuntos Exteriores y hombre fuerte del régimen de Varsovia. También el propio presidente de Polonia, Mosciscki, parece haberse visto implicado. Se trata, evidentemente, de afirmaciones no fáciles de documentar pero respecto a las cuales han quedado rastros.
No menos angustiosa es la historia de lo que ocurrió en Checoslovaquia, en donde la dificultad no estribó tanto en adquirir armas cuanto en exportarlas. Los soviéticos, que hubieran podido resolver este problema de un plumazo actuando como compradores, se negaron a ayudar. El resultado fue que el embajador republicano en Praga, profesor Luis Jiménez de Asúa, al intentar enviar -aunque a la postre sin éxito- las armas a España se vio envuelto en variopintas redes de tupida intriga, corrupción, soborno y otros espantos que dejan chicas a las más fantásticas novelas de espionaje.
Después de gastar millones y millones de dólares en actividades de cohecho, disfrazadas de pagos por concepto de «comisiones», de los que se beneficiaron decenas de ministros, oficiales de Estado Mayor y funcionarios del más diverso pelaje no sólo en Checoslovaquia sino en Turquía, los Estados bálticos e incluso en ciertos países iberoamericanos, los rusos terminaron por dar marcha atrás y remitieron una pequeña expedición de mosquetones, ametralladoras y munición en la primavera de 1938, consignando el material en su documentación como si hubiera procedido de la propia Unión Soviética.
Entre tanto, las manufacturas de armas ZB en Brno se aprovecharon de los complicados arreglos financieros que precedieron y rodearon tal envío para quedarse con unos tres millones de dólares. Para recuperarlos, Jiménez de Asúa tuvo que batallar ante los tribunales durante ocho meses y no lo logró hasta después de una intervención del propio presidente Benes.
Como muestra del tipo de problemas a los que Jiménez de Asúa tuvo que hacer frente cabe mencionar el que se planteó con Estonia. El gobierno de este país báltico había suministrado a comienzos de la guerra, vía Polonia e incluso la Alemania nazi, unas cuantas armas obsoletas. En 1937 se comprometió a hacer de pantalla para que la República adquiriese aviones militares en Checoslovaquia y Holanda. Como parte de la compensación por tal servicio, los españoles se vieron obligados a comprar la mitad de la fuerza aérea de Estonia, es decir, 16 viejos cacharros que no valían más de 500 dólares cada uno en concepto de chatarra.
Con el dinero que Estonia obtuvo en este negocio, encargó nada menos que 12 Spitfire ultramodernos al Reino Unido y que, a un precio de 50.000 dólares cada uno, representaron un pedido de 600.000 dólares como mínimo. Los republicanos tuvieron que hacerse cargo de la factura con la esperanza de poder obtener material moderno en Checoslovaquia y Holanda, aunque al final se vieron totalmente frustrados.
El dinero entregado a Anthony Fokker, famoso constructor aeronáutico holandés, le permitió entrar en producción a expensas de los españoles y ofrecer al gobierno de los Países Bajos aparatos idénticos pero a un precio muy inferior, retrasando la fabricación de los aviones destinados a España hasta que terminase la guerra. Después, los vendió a La Haya, en una palabra, a costa de los republicanos, Fokker vendió dos veces el mismo material al gobierno holandés. Tras el segundo conflicto mundial la empresa Fokker se vio obligada, no obstante, a devolver a los españoles los fondos que había recibido del lado republicano pero, claro está, las cantidades en cuestión fueron a parar al gobierno de Franco.
Las historias de este tipo podrían multiplicarse por cien.
En los casos del Reino Unido, país que se convirtió en el motor de la política de no intervención, y de los Estados Unidos el comportamiento de las autoridades fue sumamente hipócrita y claramente sesgado en contra de la República, pero la corrupción se vio limitada a individuos y empresas privadas. El caso de Francia es algo más complicado, pero de todas maneras no cabe olvidar que cuando el gobierno de Leon Blum envío a la República en agosto y septiembre de 1936 unos cuantos cazas y bombarderos los aparatos llegaron desprovistos no sólo de su armamento sino incluso de los medios necesarios para instalarlo. Para colmo, los cazas se vendieron con un recargo del 26% sobre su precio oficial. En el caso de los bombardeos el recargo llegó al 73%.
Estos hechos sirven para rechazar la opinión, compartida por muchos historiadores, de que los republicanos obtuvieron tanto o casi tanto material del exterior como los franquistas. La nueva base documental identificada en archivos españoles y extranjeros permite afirmar que la república consiguió adquirir en el extranjero tan sólo una fracción de lo que necesitaba para conducir una guerra defensiva, por no hablar ya de otra de corte ofensivo. Es más, lo que obtuvo, lo fue a un coste enorme, tanto físico como moral.
En una palabra, los niveles de equipamiento en material de guerra entre los dos bandos en lucha estuvieron tan desequilibrados en contra del gobierno de la España republicana que mucho de lo que se ha publicado hasta ahora en torno a la guerra civil en general y a las acciones bélicas en particular tendrá que reescribirse. A la vez será preciso reevaluar los motivos de las derrotas republicanas.
Los rusos deberían abrir a la investigación todos los documentos que poseen sobre la guerra civil española. Así cabría identificar finalmente todos los datos y, a partir de éstos, recuperar la auténtica verdad histórica.