En muchos casos, los trabajadores viven en el propio taller. Algunos de los locales fabrican prendas para primeras marcas
Trabajadores en negro, extranjeros sin papeles, condiciones higiénicas precarias y cama en el propio local. Es la situación que predominaba en quince talleres que ha detectado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la localidad de Villa Celina, provincia de Buenos Aires, que fueron desmantelados en una operación conjunta con Migraciones y la Gendarmería Nacional.
No es ninguna novedad: desde hace años, la población argentina ha tomado conciencia de que en la ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia bonaerense abundan los talleres textiles en los que los derechos laborales son papel mojado. Según afirma un diario, 52 de los 55 empleados encontrados no estaban dados de alta y cerca del 30% eran extranjeros sin documentación legal de ingreso en el país. Sólo dos de los quince talleres estaban inscritos en el registro.
A lo largo de 2012 se sucedieron los descubrimientos de talleres clandestinos, en algunos casos. El pasado mayo tuvo lugar una de las operaciones más importantes: cerca de 80 personas, algunas de ellas menores de edad, fueron «restatadas» en doce allanamientos por la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano.
Estos talleres no son, ni mucho menos, una excepción. Asociaciones como la Fundación La Alameda o Esclavitud Cero sostienen que la mayor parte de los talleres textiles de la región trabajan en estas condiciones, y lo han demostrado con sus denuncias. De cada 100 pesos que se paga en los comercios de la ciudad de Buenos Aires por una prenda de ropa, apenas 1,8 pesos van a parar a los trabajadores, según la estimación del economista Ariel Lieutier, consultado por el diario Página 12.
El respeto a los derechos laborales es, de hecho, la excepción, que se encuentra en lugares como las cooperativas que ha creado el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) gracias a la incautación de la maquinaria incautada en los talleres clausurados.
Aunque se trata en su mayoría de pequeños talleres, ubicados en barrios populares y villas miseria y regentados en gran parte por coreanos o bolivianos, es conocido que trabajan para primeras marcas, como lleva años denunciando La Alameda. Firmas como Cheeaky –la marca de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri, jefe del gobierno porteño-, Tucci, Adidas o Portsaid están en el punto de mira. Y, según subrayó la AFIP en un comunicado, estas marcas «podrían ser consideradas ‘responsables solidarias’ por la falta de registro de los trabajadores».
Explotación e inmigración
Como tantas otras veces, explotación laboral e inmigración van de la mano. La industria textil argentina se vale mayoritariamente de los obreros bolivianos, que ingresan en el país ilegalmente con ayuda de las bandas que se encargan de captarlos en sus localidades de origen. A menudo les ofrecen condiciones de trabajo que son pura ficción una vez llegados a Buenos Aires, lejos de su país y su red social. En algunos casos, les dicen que deben pagar su pasaje y la comida, y se genera una deuda que les obliga a trabajar gratis durante meses.