Los desahucios ejecutados en el primer trimestre de 2015 crecieron un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, presentado por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Los más de 400.000 desahucios ejecutados desde 2008 constituyen un atentado a los derechos humanos. Lo que ha ocurrido con la vivienda en nuestro país es uno de los mejores botones de muestra del sistema que nos gobierna en el que la banca ocupa un lugar predominante. Hasta la prensa económica de Wall Street mostró su asombro por los privilegios con los que contaba la banca en nuestro país pues ninguna banca del mundo tenía tantas facilidades legales para quedarse con el patrimonio de las familias.
Eran tiempos en los que una ministra de Zapatero, Carme Chacón, lanzó los “desahucios exprés” y manifestó su intención de crear juzgados especializados cuya misión exclusiva iba a ser facilitar los lanzamientos en tiempo record sin ninguna garantía para los ejecutados.
Aquel PSOE que apostó por los propietarios hoy busca maquillar el desastre. Pero no puede hacerlo mientras no quiera combatir que las instituciones financieras tengan a todas las leyes a su servicio. Hasta los jueces denunciaron que el sistema legal les convertía en el “cobrador del frac de la banca”. También debemos ser conscientes de que el entramado corrupto de constructoras, políticos y bancos y cajas de ahorro creadores de la burbuja inmobiliaria buscaron la complicidad de la sociedad promoviendo que muchos listos jugaran al trapicheo y la reventa de pisos.
Muchas familias desahuciadas se fueron al mercado del alquiler y, al seguir en el paro y no poder pagar, han vuelto a ser desalojadas. También muchos trabajadores tienen dificultades para poder pagar el alquiler y carecen del derecho básico a la vivienda. Pero el PP, a instancias de los poderes económicos que nos gobiernan, ha apostado por una brutal bajada de salarios. Desde 2008 los salarios han disminuido en un 25% en nuestro país y ello ha abocado a una nueva oleada de desahucios.
De los desahucios que se han producido en el presente año, la cuarta parte se han dado en Cataluña. El llamado proceso “soberanista” es un fraude. Los nacionalistas que prometen la falacia de crear “Estructuras de Estado” propias han mirado para otro lado ante el poder de la banca y la indefensión de las familias y los trabajadores precarios.
La regulación de los alquileres y las hipotecas son una cadena usuraria que atenaza a la sociedad y que no parece tener un horizonte claro de solución. Y mientras uno de cada cuatro contratos de trabajo que se firman hoy en España tenga una duración de una semana o menos, el impago de alquileres e hipotecas va a seguir creciendo.
La situación del trabajo y la vivienda, junto con la usura nos hacen ver que la España de principios del siglo XXI tiene planteada la necesidad de una solución revolucionaria a la crisis. Todas las reformas de estos últimos años, se han mostrado ineficaces del todo para que la sociedad pueda defenderse de la hegemonía de los poderosos. En el nuevo escenario político que se nos dibuja ¿hay alguien decidido a cambiar este orden de cosas?
Editorial de la revista Autogestión
