La financiación de la Iglesia

Por Imanol Bakaikoa Olaetxea, economista y sacerdote

Durante estos días por las declaraciones de renta y también por otras cuestiones ha surgido el recurrente tema de debate sobre la financiación de la Iglesia. Muchos hablan de revisar la actual financiación de la Iglesia en relación con el Estado. En un primer momento parece lógico pensar que una institución religiosa en un estado no confesional deba financiarse con sus propios recursos o con la aportación de sus miembros. En España la mitad de los católicos que son mayoría (79% de la población) respecto a otros credos, apuestan en su declaración por la Iglesia respecto a otros fines sociales.

En la aportación social a la Iglesia con datos del año 2003, de los 136 millones recibidos por el Estado, 105 corresponden a aquellos que señalaron expresamente por ceder parte de sus impuestos a la Iglesia. El resto recibido vía presupuestos conforme a los acuerdos con la Santa Sede del año 79 pretende compensar una deuda histórica con la Iglesia desde la desamortización de Mendizábal y por otros avatares históricos más recientes.

Es posible que para muchos esta realidad sea extemporánea en la actualidad. Sin embargo, actualmente se omite en este análisis la gran labor social que realiza la iglesia en nuestra sociedad.

Algún responsable político por otros motivos ha pedido a sus votantes que no elijan la casilla del IRPF destinada a la Iglesia católica pero la realidad de su obra social merece otra valoración. Así el famoso economista y catedrático emérito de Hacienda Pública José Barea afirma, «si la Iglesia no prestase sus servicios, tendría que aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los beneficiados y para los contribuyentes». Amén de la afirmación de un insigne economista conviene contrastar todos estos datos y su propia veracidad.

La Iglesia católica en su opción preferencial por los pobres recogida en numerosos documentos magisteriales, entre ellos la encíclica Sollicitudo rei socialis, y carta apostólica Tertio millennio adveniente de Juan Pablo II, ha puesto de manifiesto este papel subsidiario respecto a la labor que debiera realizar las instituciones públicas del Estado. La asimilación de dichas obras siempre es tardía, lenta y en algunos casos en peores condiciones respecto a los beneficiados. La historia de las obras sociales en este país no se puede entender sin la mediación de la Iglesia.

La Iglesia posee más de 300.000 organizaciones en beneficio de los pobres. En el Estado español 107 hospitales atienden a casi 400.000 enfermos al año, 128 ambulatorios asisten a más de 849.000 enfermos. 876 casas para ancianos y minusválidos que viven más de 57.000 ancianos sin hogar. 937 orfanatos y centros de tutela de la infancia, 321 guarderías y 365 centros especiales de educación social. Muchos pensarán también que estos organismos son financiados en parte por el Estado, vía convenios, sueldos y pensiones. Pero los datos significativos vienen recogidos por Cáritas, la institución social de la Iglesia cuyo reconocimiento público es notorio y cuya financiación viene respaldada en gran parte por los cristianos o miembros de la Iglesia. Entre sus beneficiados se encuentran indigentes o transeúntes, mujeres maltratadas, inmigrantes, enfermos terminales de sida, etc. En los datos del año 2003 sólo Cáritas Diocesana en España aportó 164 millones de euros para atender a más de un millón de beneficiados. De ellos sólo 62 millones fueron financiados por fondos públicos y más 101 millones por los fondos privados de la Iglesia. Esta cantidad supera en 70 millones los donados a la Iglesia vía presupuestos del Estado. Estos datos no incluyen la labor de las Cáritas parroquiales financiadas por sus parroquianos limitadas a beneficiados de sus parroquias en una ayuda subsidiaria y complementaria con Cáritas Diocesana. A la vez esta labor se realiza de manera coordinada en muchos de los casos con las asistentes sociales en un claro ahorro de ayudas y personal para las instituciones públicas.

Todo esto nos lleva a concluir que sólo una mínima parte de la financiación de las obras sociales de la Iglesia católica proviene de fondos públicos. Por tanto, la Iglesia aporta más a la sociedad de lo que recibe del Estado en la labor social.

Pensemos por un momento cuanto tendría que costear el Estado español por sustituir esta labor social que realiza la Iglesia. Se ha estimado en unos 31.000 millones de euros por atender colegios, hospitales, asistir a enfermos, ancianos, marginados, niños e indigentes, y por mantener y conservar las instalaciones del 80% del patrimonio histórico artístico de España. Espero que estos datos sirvan en el tiempo para aplicar con justicia la financiación del Estado con la Iglesia y no transformarse en injusticia histórica.