El gigante petrolero estadounidense Unocal llegó a un acuerdo extrajudicial preliminar para compensar a birmanos que lo habían demandado en 1996 por abusos cometidos contra ellos y sus comunidades por soldados que custodiaban la construcción de un oleoducto. Quienes demandaron a Unocal alegan que ellos o integrantes de sus familias fueron obligados a reasentarse o a trabajar para la empresa, o víctimas de violaciones, torturas y asesinatos, debido a la acción de unidades del ejército birmano a cargo de la seguridad del proyecto de oleoducto Yadana, administrado por un consorcio formado por la petrolera estadounidense junto con Frances Total y la petrolera estatal de Birmania. Según los abogados de esas personas, Unocal sabía o debió saber que los militares birmanos tenían numerosos antecedentes de violaciones semejantes de los derechos humanos, que también sabía o debió saber que cometieron abusos al custodiar el proyecto, y que se benefició de esos abusos, especialmente de los trabajos forzados y el reasentamiento.
5 de enero de 2005
IPS Noticias/EP
Ese acuerdo, cuyos detalles no se han revelado, fue anunciado por abogados de la firma y representantes de Derechos de la Tierra Internacional (ERI, por sus siglas en inglés). Los demandantes han permanecido anónimos.
Según la información divulgada por ambas partes, «en principio se compensará a los demandantes y se aportarán fondos que les permitan desarrollar, junto con sus representantes, programas para mejorar las condiciones de vida, el cuidado de la salud y la educación de las personas de la región del oleoducto, así como defender sus derechos».
| La acción ante la justicia fue emprendida por una quincena de aldeanos que reclamaban hasta mil millones de dólares a Unocal por violación de los Derechos Humanos, concretamente por servirse de trabajos forzados, y por complicidad con el régimen militar birnamo en la construcción del gaseoducto de Yadana, un proyecto valorado en 1.200 millones de dólares. |
«Esas iniciativas brindarán sustancial asistencia a la gente que pueda haber sufrido privaciones en la región», de acuerdo con una declaración divulgada en los sitios de Internet de Unocal y ERI.
ERI dijo estar «emocionada y extática» por el acuerdo, pero el jefe de sus abogados en el caso, Rick Herz, declinó ser entrevistado para hablar del asunto.
El proceso judicial iniciado con una demanda federal, al amparo de la Ley de Reclamo contra las Ofensas a un Extranjero (Atca, por sus siglas en inglés), ha recorrido un tortuoso itinerario en los últimos nueve años, al igual que otro que comenzó paralelamente en el sudoccidental estado de California, en el marco de normas contra prácticas comerciales injustas. El acuerdo se realizó para poner fin a ambos.
El caso federal recibió considerable atención por ser uno de los primeros contra una gran corporación en el marco de la Atca, aprobada en 1789 por los primeros integrantes del Congreso para combatir la piratería en alta mar.
Esa norma permite a extranjeros demandar a personas o compañías estadounidenses y no estadounidenses que estén en territorio de Estados Unidos, por abusos «cometidos en violación de la ley de las naciones o de un tratado» firmado por Washington, aunque hayan ocurrido fuera del país.
La Atca languideció durante dos siglos, pero desde 1980 se han amparado en ella, con éxito, víctimas de violaciones de los derechos humanos. Algunos de los demandados han sido el ex dictador filipino Ferdinand Marcos, y altos funcionarios militares de Guatemala, Indonesia, Argentina, Etiopía y El Salvador.
En casi todos los casos se otorgaron indemnizaciones, que rara vez se han cobrado, porque generalmente los acusados han abandonado Estados Unidos.
También se han presentado, desde 1993, 25 demandas al amparo de la Atca contra corporaciones estadounidenses y extranjeras, en su mayor parte por abusos cometidos por militares o policías extranjeros que brindaban servicios de seguridad a esas firmas.
La mayoría de esas demandas han sido rechazadas, y algunas están en proceso de apelación, pero ninguna ha llegado aún a la Corte Suprema.
Los más exitosos de esos reclamos han sido los presentados por sobrevivientes del Holocausto (genocidio nazi contra el pueblo judío), que demandaron a bancos y otras empresas extranjeras por rechazar esfuerzos realizados para recuperar su dinero u obtener el cobro de seguros después del fin de la segunda guerra mundial en 1945.
Tales demandas no llegaron a ser consideradas por tribunales, pero contribuyeron a que bancos suizos negociaran acuerdos extrajudiciales con los querellantes, que recibieron más de 1.000 millones de dólares.
El anuncio de Unocal y ERI sugiere que éste será el segundo caso en el que se alcance un acuerdo extrajudicial, que además podría crear un precedente para demandas contra otras grandes firmas petroleras, entre ellas una de ciudadanos indonesios de la occidental provincia de Aceh contra ExxonMobil, y otra contra Shell presentada por ciudadanos de la región nigeriana del delta del río Níger.
Las primeras apelaciones a la Atca para demandar a individuos, en los años 80 y a comienzos de los 90, no causaron controversias destacables, pero las posteriores acciones judiciales contra corporaciones, en su mayoría de los sectores minero y energético, causaron una fuerte contraofensiva del sector privado, acompañada luego por el actual gobierno que encabeza el presidente George W. Bush.
Quienes demandaron a Unocal alegan que ellos o integrantes de sus familias fueron obligados a reasentarse o a trabajar para la empresa, o víctimas de violaciones, torturas y asesinatos, debido a la acción de unidades del ejército birmano a cargo de la seguridad del proyecto de oleoducto Yadana, administrado por un consorcio formado por la petrolera estadounidense junto con Frances Total y la petrolera estatal de Birmania.
Según los abogados de esas personas, Unocal sabía o debió saber que los militares birmanos tenían numerosos antecedentes de violaciones semejantes de los derechos humanos, que también sabía o debió saber que cometieron abusos al custodiar el proyecto, y que se benefició de esos abusos, especialmente de los trabajos forzados y el reasentamiento.
Este año, la Corte Suprema Unidos decidió por seis votos contra tres, y contra la voluntad de la Casa Blanca, que la Atca puede amparar a víctimas de graves abusos cometidos fuera del país que demanden compensaciones a cortes estadounidenses.
La Corte no dictaminó expresamente sobre la posibilidad de aplicar esa antigua norma a actividades de grandes corporaciones fuera del país, pero consideró que «a los efectos de la responsabilidad civil, el torturador se ha convertido, como antes el pirata y el traficante de esclavos, en «hostis humani generis», un enemigo de toda la humanidad».
Antes, el Departamento de Justicia había sostenido que la Atca «es una especie de reliquia histórica», que no debe «ser transformada en una concesión ilimitada de autoridad a los tribunales (estadounidenses) para establecer y aplicar preceptos de derecho internacional sobre disputas surgidas en países extranjeros».
También arguyó que el uso contemporáneo de la Atca podía tener «graves consecuencias para nuestra actual guerra contra el terrorismo», mediante demandas «contra nuestros aliados en esa guerra», e interferir así con importantes intereses de la política exterior estadounidense.
A la decisión de la Corte Suprema se sumó, contra los intereses de Unocal, otra del sistema judicial de California, que abrió paso a la creación de un jurado para considerar la demanda presentada en ese estado.
Ambos antecedentes parecen haber sido decisivos para que la petrolera procurara un acuerdo extrajudicial.