La nacionalidad clásica
El vínculo al que denominamos “nacionalidad” constituye una condición jurídica que comprende derechos y deberes que vinculan a una persona con una Nación, es uno de los derechos fundamentales del hombre y como tal ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de 1948, al disponer en su artículo 15 que ‘toda persona tiene derecho a una nacionalidad’
La negación de la nacionalidad convierte en apátrida a quien la sufre que se coloca en un estado muy precario pues le falta un derecho humano de la persona.
La nacionalidad, a pesar de los procesos globalizadores y de integraciones supranacionales, sigue marcada por los vínculos étnicos, culturales e históricos. Por ello, su adquisición se consolida a través de mecanismos tradicionales denominados “ius soli” y “ius sanguinis” y también por residencia efectiva tras un número determinado de años. Los diversos ordenamientos jurídicos también han previsto formas de adquisición de la nacionalidad por concurrencia de determinadas circunstancias excepcionales normalmente con otorgamiento ampliamente discrecional por parte de la autoridad.
Los nuevos tiempos
Asistimos a una nueva fase de la regulación de la nacionalidad. Ante la profunda crisis financiera, muchos países se han lanzado a la venta de los derechos de nacionalidad a cambio de aportaciones financieras al erario del país.
Los Estados de la Unión Europea han sacado a subasta el derecho a la nacionalidad. El caso más llamativo comenzó siendo el de Malta cuando anunció la posibilidad de adquirir su nacionalidad a cambio de invertir 650.000 euros sin exigir ningún tiempo de residencia ni renuncia a la nacionalidad de origen. Pronto se generalizó el ejemplo y el “interés económico” ha llevado a diferentes países a regular las residencias y nacionalidades a cambio de importantes inversiones. Las condiciones no son las mismas en todos los países: invertir en la industria, comprar deuda nacional…
La idea hace furor en Europa, –de Riga a Amsterdam pasando por Lisboa o La Valette-, las capitales europeas venden los permisos de estancia en su territorio entre 75.000 y 2 millones de euros que, según las circunstancias, sirven para instalarse tranquilamente e incluso comprar la nacionalidad del país en cuestión.
Veamos algunos ejemplos:
- Chipre: para acceder a la ciudadanía hay que desembolsar al menos 5 millones de euros en la adquisición de inmuebles manteniendo la inversión un plazo mínimo de tres años.
- España: se otorgan permisos de residencia a quienes compren inmuebles por valor de al menos 500.000 euros o inviertan dos millones de euros en bonos del Estado a cinco años como mínimo o un millón en títulos de empresas españolas, que también pueden ser depositados en un banco. Los inversores importantes tienen otras vías más directas.
- Irlanda: fue pionera al ofrecer permisos de residencia a los inversores privados con el objetivo de atraer fondos extraeuropeos. En el caso de las inversiones en inmuebles, la cantidad mínima que se exige son 500.000 euros, a los que habría que añadir la misma cantidad en deuda irlandesa.
- Italia: según el Bank of China, el 60% de los chinos ricos invierte en el mercado inmobiliario italiano. Para corresponder a esta demanda creciente, Italia da un visado de residencia selectiva o turístico con una duración de cinco años.
- Letonia: para obtener el permiso de residencia en este país báltico, una de las opciones es adquirir uno o varios inmuebles valorados en entre 70.000 y 140.000 euros en función de la región e invertir al menos 280.000 euros en una institución crediticia del país. En su capital Riga, los candidatos al permiso de residencia desembarcan en los servicios letones de inmigración acompañados de un agente inmobiliario y un intérprete.
- Holanda: desde 2013 hay que invertir 1,25 millones de euros en la economía local para conseguir un visado permanente.
- Malta: aprobó una ley que ofrece la ciudadanía a los extranjeros que paguen más de 650.000 euros. Los familiares del aspirante pagarán de 18.000 a 50.000 euros. No se trata de inversiones sino simplemente de la venta de la nacionalidad.
- Portugal: desde el año 2013 invertir 500.000 de euros en bienes inmobiliarios en Portugal o un millón en la economía del país o montar un negocio que genere al menos 30 empleos se recompensa con un permiso de residencia de un año prorrogable. La nacionalidad se otorga al cabo de seis años. Según las reglas, el plazo obligatorio de estancia en el país es solo de siete días al año el primer año y de 14 días el segundo. Fue allí donde nació la denominación “visados dorados”.
- Francia: aunque no está legislado, se pueden conceder permisos de residencia, a cambio de “contribuciones económicas excepcionales”, a accionistas (al menos el 30% del capital) de grandes sociedades con la condición de que “creen 50 empleos en Francia o inviertan al menos 10 millones de euros”.
- Reino Unido: Para obtener la ciudadanía británica bastaría con un millón de libras a invertir en la economía, inmuebles o depositos en un banco británico. Cumplidas estas condiciones, el inversor y su familia obtienen el derecho a vivir y trabajar en el país. Al cabo de cinco años se les otorga una cédula de vecindad y al cabo de otro año la nacionalidad.
En el continente americano encontramos una misma tendencia. Para obtener la ‘green card’ o permiso de residencia, en EE.UU., hay que invertir al menos medio millón de dólares en la creación de una empresa y crear 10 puestos de trabajo legales. Para convertirse en canadiense hay que demostrar experiencia empresarial, disponer de al menos 1,6 millones de dólares canadienses e invertir 800.000 en la economía del país.
Fruto de esta tendencia de acceso a la ciudadanía europea, ha florecido un negocio para empresas con sede en paraísos fiscales que se ofrecen para gestionar permisos en Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Reino Unido y Suiza (paraíso fiscal europeo, no miembro de la UE), ofreciendo a estos afortunados aspirantes a los visados de oro, el ahorro de la pérdida de tiempo que, sin ellos, les supone hacer cualquier tipo de gestión o negocio en los países de la Unión. En la oferta se incluye, para los más ricos, la compra de la nacionalidad en tres países: Austria, Chipre y Malta, a cambio de una comisión.
Los pobres de la tierra: además apátridas
El vínculo nacional se erige en una nueva barrera de división entre ricos y pobres. Aquello que debiera configurarse conforme a una nueva realidad de un mundo que podría avanzar a una mayor solidaridad y encuentro entre los pueblos se convierte en una nueva barrera clasista.
Las migraciones forzadas, que afectan a más de 200 millones de personas, siembran para los pobres un camino de espinas repletos de leyes injustas que niegan los derechos humanos, por fronteras, guerras, racismo, viajes de muerte… Hoy la Humanidad está viviendo el mayor éxodo por conflictos bélicos desde la II Guerra Mundial pero la UE acoge a menos del 1 % de los refugiados del mundo.
Mientras decenas de miles de migrantes africanos y de Oriente Medio han perdido la vida en los últimos años a las puertas de Europa (Lampedusa, Canarias, Grecia, costas españolas del sur…), otros ciudadanos, los procedentes de países occidentales o emergentes, llegan a Europa como turistas y con las carteras repletas de billetes con los que compran “permisos de residencia” a precio de oro.
España pensó en la fórmula de la compra de nacionalidad como forma de dinamizar un mercado inmobiliario fundido por el estallido de la burbuja. De ahí tanto rico de países del Este de Europa y China comprando propiedades en ciudades y costas, con capitales de dudosa procedencia. Fruto de ello fue la promulgación de normas que clasifican a los extranjeros. Por un lado está a los que hay que expulsar o privar de derechos y, por otro lado, aquellos que la ley de septiembre de 2013 de estímulo al emprendimiento identifica como los que “verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico” siempre y cuando acrediten un “estatus socio-económico cualitativo”.
Las leyes racistas vuelven para contribuir a la recuperación económica. A los mafiosos y defraudadores que vienen a blanquear dinero se les llama business angels que pasan a tener los mismos derechos que los españoles. En cambio, el inmigrante pobre que pierda el empleo deja de tener autorización de trabajo y, como consecuencia, también de residencia, entrando en situación de irregularidad sobrevenida con riesgo de expulsión de él y de su familia.
El Parlamento Europeo hizo una resolución el 13.01.14 sobre la “la ciudadanía de la UE en venta”. La alarma porque un número cada vez mayor de Estados miembros emitan permisos de residencia temporales o permanentes a nacionales de terceros países que invierten en ellos adoptando medidas que pueden conducir a una verdadera venta de la ciudadanía sirviendo de tapadera para fines delictivos, incluidas cuestiones como el blanqueo de dinero.
La resolución contiene un rosario de lamentos y preocupaciones por la disolución del espíritu europeo absolutamente acribillado por normas que transgreden las normas de la UE en materia de no discriminación y convierten los derechos que confiere la ciudadanía de la UE en un producto comercial ajeno a la dignidad humana.
Desgraciadamente, los Estados miembros y las instituciones europeas con capacidad de decisión han mirado para otro lado y no han hecho nada en el sentido que se les indicaba. Siguen apostando por una Europa de los mercaderes que han colocado la dignidad de la persona en el baúl de sus recuerdos
Autor: Javier Marijuán