Que los africanos vengan a pedir socorro a los mismos que les roban demuestra su desesperación; que los que les roban reciban su demanda de socorro con balas y palos demuestra la irrevocable ignominia del capitalismo.
«Que los africanos vengan a pedir socorro a los mismos que les roban demuestra su desesperación; que los que les roban reciban su demanda de socorro con balas y palos demuestra la irrevocable ignominia del capitalismo. Podemos hacer guerras lejanas, imponer programas de ajuste estructural, firmar en un despacho un acuerdo comercial y destruir diez países sin violar en apariencia ningún mandamiento. Pero si llaman a nuestra puerta unos hombres que tienen hambre y sed, entonces no nos queda más remedio que romperles la cabeza, dispararles y abandonarlos en el desierto. Se crea o no en Dios, esto es un pecado y un pecado tan vergonzoso, tan sucio, tan abyecto, tan despreciable, que no es raro que hagamos un esfuerzo tan grande por ocultarlo, olvidarlo o justificarlo. Zapatero ha mandado al ejército español a asesinar a un mendigo que extendía la mano, como hacen las bandas de neonazis con los que duermen entre cartones, y España aplaude o calla».
Santiago Alba Rico: Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, p. 296.
Mientras diez millones de turistas contribuyen cada año al crecimiento de la economía canaria –es decir, a los beneficios privados de las empresas constructoras y turísticas, a la creación de empleo precario y a la destrucción del territorio y sus ecosistemas -, una avalancha de treinta mil inmigrantes africanos se presenta como una grave amenaza para las Islas. Como estos últimos no son solventes, hacen su trayecto en embarcaciones precarias y eligen rutas cada vez más peligrosas para evitar encontrarse con los buques de guerra con que les reciben los gobiernos europeos; cuando no mueren ahogados en el intento, sus hoteles son Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), permanentes o improvisados en los sótanos de las comisarías. En estas cárceles encubiertas las personas inmigrantes pueden pasar hasta cuarenta días. Como no son turistas, a la salida de estas prisiones su destino es la repatriación o una orden de expulsión que les condena a trabajar en la economía sumergida, aceptando condiciones de trabajo semiesclavas ante la permanente amenaza de expulsión.
El despliegue militar y policial español en la Frontera Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias), cada vez más respaldado por la Unión Europea a través del dispositivo FRONTEX, no hace más que incrementarse para interceptar a aquellas personas que osan acercarse a la frontera de la fortaleza europea. Costosos dispositivos de vigilancia por satélite, militares y guardias civiles forman parte de este despliegue humanitario.
En los últimos meses, se ha intensificado la tendencia a externalizar el problema hacia fuera de las fronteras europeas, forzando a algunos países africanos a acoger a las personas interceptadas en barcos como el Marine I. Los cientos de personas desembarcadas en Mauritania se encontraban, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, «privadas de libertad en condiciones infrahumanas y degradantes, hacinadas en el almacén de pescado en el que fueron encerradas tras ser desembarcadas, en el que se les obliga a permanecer sentadas y/o tumbadas, alimentadas con frecuencia a base de bocadillos». Más de dos meses después del desembarco, y después de que la mayor parte hayan sido deportadas, aún permanecen 23 personas retenidas, lo que ha motivado un recurso presentado por el Comité Español de Ayuda al Refugiado, admitido a trámite por la Audiencia Nacional, en el que se denuncia la actuación del gobierno español respecto a los ocupantes del Marine I.
Los medios de comunicación han convertido la inmigración procedente del África Subsahariana en una invasión. En una actividad reciente en un instituto, el alumnado multiplicaba por diez, veinte o treinta el número real de personas que habían llegado a Canarias en el año 2006. Su percepción no es tan exagerada si la comparamos con lo dicho por algunos dirigentes políticos: «o creamos allí una zona de prosperidad o nos invaden veinte millones de africanos», «el gobierno ha convertido España en una tierra prometida para toda el África subsahariana», etc. Si atendemos a la escasa preocupación mostrada por el hecho de que miles de personas mueran ahogadas en el trayecto oceánico, ¿cuáles son las razones de esta amplia cobertura mediática y de este tipo de declaraciones políticas?
En plena efervescencia del discurso de la invasión, el gobierno español aprobó, en mayo de 2006, el Plan de Acción para el África Subsahariana, más conocido como Plan África. El análisis de dicho Plan, que fue presentado como una política integral de ayuda al desarrollo para resolver en origen las causas de la inmigración, puede ayudarnos a contestar a la pregunta planteada. A su vez, es necesario que analicemos las relaciones entre las principales potencias mundiales, el capital transnacional y los países africanos para comprender los objetivos reales de la política española.
Estados Unidos y la Unión Europea en África
En los últimos años, y a lo largo y ancho de todo el planeta, la lucha contra el terrorismo se ha convertido en la justificación para todo tipo de intervenciones de los Estados Unidos y sus aliados para garantizar los intereses del gran capital transnacional y la seguridad energética de las principales potencias. Su despliegue, de consecuencias dramáticas para la mayor parte de la población mundial, incluye también su presencia en África, periferia de la periferia. Se espera que en el año 2015 un cuarto del petróleo consumido por Estados Unidos provenga de África. Se trata, por tanto, de una alternativa parcial de suministro ante las grandes dificultades que las diversas resistencias están generando en Oriente Medio al imperialismo yanqui.
Las multinacionales norteamericanas, a quince o veinte años de los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, encuentran en el continente africano el clima adecuado para hacer negocios. Las altísimas tasas de beneficio de las multinacionales –en el sector de hidrocarburos o de extracción de otras valiosas materias primas, en el ámbito de los servicios públicos privatizados, mediante suculentos contratos para la construcción de infraestructuras, etc.- están respaldadas por la presencia militar norteamericana: la base militar en Djibouti, los bombardeos en Somalia, la presión para que tropas norteamericanas intervengan en Darfur (Sudán), la Iniciativa Pan Saheliana contra el terrorismo, la formación y aprovisionamiento de ejércitos africanos y los planes de creación de una nueva base militar en Santo Tomé y Príncipe son solamente algunos ejemplos de este despliegue militar.
La Unión Europea mantiene una relación de subordinación a los Estados Unidos, a la vez que trata de no perder su protagonismo en las relaciones con los países africanos. La Estrategia de la UE para África (2005) resalta el vínculo histórico entre ambos continentes. El Acuerdo de Cotonou, firmado en el año 2000 por la UE y la mayoría de los países africanos, debilita la capacidad de negociación de estos últimos y promueve la firma de acuerdos de libre comercio para el año 2008, adaptándose a las exigencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Las consecuencias de estos acuerdos serán la perpetuación del monopolio tecnológico de las transnacionales, el robo del conocimiento tradicional de las sociedades campesinas por las empresas extranjeras y la profundización en el modelo exportador de materias primas, incompatible con la seguridad y la soberanía alimentarias de la población africana. Además, el capitalismo de rostro humano europeo, cuando las leyes del mercado son insuficientes, se apoya, al igual que el aliado norteamericano, en la fuerza militar. Así, en la cumbre de la OTAN de noviembre de 2006, europeos y estadounidenses debatían estrategias comunes para combatir el terrorismo y garantizar la seguridad energética, mientras las tropas de las principales ex -metrópolis europeas mantienen una amplia presencia en el continente africano.
Las potencias occidentales, presionadas por la presencia de otros países, como China, que desarrollan una amplia actividad económica y política en África destinada a competir por las fuentes de abastecimiento energético y otras áreas de negocio, han desarrollado además diversas campañas, fuertemente publicitadas, de condonación de la deuda externa y de incremento de la ayuda al desarrollo como forma de garantizar su control político y económico.
Estas iniciativas tienen como objetivo, por un lado, hacer sostenible el pago de la deuda, es decir, garantizar que continúe el trasvase de recursos desde los países periféricos; y, por otra parte, establecen nuevos mecanismos de condicionalidad para imponer las políticas económicas dictadas por el FMI y el BM, conocidas por sus terribles consecuencias sociales. Es necesario cuestionar el papel que ha cumplido y cumple la ayuda al desarrollo. Desde sus orígenes, ha sido un mecanismo más de conquista de mercados y de subordinación de África a los intereses occidentales.
El Plan África, nuestra seguridad energética y los beneficios privados
A la luz de este contexto internacional, podemos analizar ahora los contenidos del Plan África aprobado por el gobierno español. Lejos de solucionar en origen el problema de la inmigración, el Plan trata de insertar la presencia española en África en este contexto internacional. Se trata de una presencia de segundo orden y subordinada a la estrategia de la Unión Europea para el continente, que exige a España el cumplimiento de su papel de frontera de la UE con el continente africano. Así lo reconoce el propio Plan África al establecer como uno de sus objetivos la «participación activa en la Estrategia de la Unión Europea hacia África».
En cualquier caso, el Plan, apoyado en el discurso de la invasión promovido por las grandes corporaciones mediáticas, es expresión de la utilización sistemática de la lucha contra la inmigración ilegal como excusa para la recolonización de África. Desde esta perspectiva debemos analizar el incremento de la cooperación y de la presencia militar, justificadas en la lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal y en favor de la democracia. El mismo objetivo, el de la defensa de los intereses de nuestros capitales, persigue el llamado redespliegue diplomático, que ha implicado visitas de alto nivel de los dirigentes españoles a países africanos, el impulso a la apertura de nuevas embajadas, la creación de oficinas relacionadas con la cooperación, la defensa y el comercio y la presión para llegar a acuerdos de segunda generación que externalicen el control de fronteras hacia los países africanos y faciliten las repatriaciones, a cambio de cooperación económica. Pero si el conjunto del Plan expresa con bastante claridad el verdadero carácter del mismo, uno de sus objetivos destaca por su obscena transparencia:
El refuerzo y la diversificación de los intercambios económicos, así como el fomento de las inversiones, sin olvidar la creciente importancia estratégica de la región subsahariana, y en particular el Golfo de Guinea, para nuestra seguridad energética y las oportunidades de negocio en el sector de hidrocarburos para las empresas españolas.
El fomento de la inversión de las multinacionales españolas en África, la cobertura de riesgos a la exportación y el apoyo a la actividad pesquera de nuestras empresas en el litoral subsahariano, responsables de la desaparición de la pesca artesanal y de la sobreexplotación de los caladeros africanos, son algunas de las maneras para «robustecer unos lazos económicos y comerciales con África históricamente débiles».
El contenido central del Plan no es, por tanto, la ayuda al desarrollo, a pesar de que también es necesario denunciar el carácter de dicha ayuda: por ejemplo, los créditos FAD, denunciados por múltiples organizaciones sociales por tratarse de créditos vinculados a la compra de mercancías españolas, son impulsados por el Plan África; dichos créditos son uno de los instrumentos principales de creación de deuda externa de los países periféricos con España.
Que el Consejo de Ministros apruebe, dentro de planes presentados como de ayuda al desarrollo, la defensa de los intereses privados de las empresas de hidrocarburos es síntoma del grado de consenso social que ha alcanzado la idea de que los intereses de nuestras multinacionales son nuestros intereses. Que tanto el PP como el PSOE defiendan una política migratoria que deja a cientos de miles de inmigrantes a merced de los empresarios explotadores, es síntoma de hasta qué punto ambos partidos defienden dichos intereses. Que la izquierda parlamentaria apoye la aprobación del Plan África es síntoma de la conversión de la izquierda en izquierda capitalista. Que vivamos la tragedia diaria de la Frontera Sur como una amenaza y el despliegue del ejército como la solución es síntoma de la enfermedad individualista de nuestra sociedad.
Eduardo Romero es autor de Quién invade a quién.
El Plan África y la inmigración (Cambalache,2006).