En enero de 2014 un incendio en un asentamiento de chabolas en las afueras de Lepe, en la costa onubense, puso una vez más al descubierto la dramática situación de los temporeros inmigrantes, que viven en condiciones infrahumanas y de sobreexplotación.
Los asentamientos ilegales en chabolas, en las que se hacinan familias en condiciones infrahumanas, son la otra cara de la moneda de una campaña fresera que mueve anualmente en la provincia de Huelva en torno a los 350 millones de euros. En el año 2013, la exportación de fresa en España fue de 266.408 toneladas, por un valor de 467 millones de euros, siendo Huelva, con 225.000 toneladas y unas 7.000 hectáreas de terreno cultivado, la provincia de origen del 85 % de las exportaciones. El destino, los mercados de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
Según Cáritas, en el mes de marzo de 2013 más de 2.000 personas vivían en chabolas construidas a base de cartón, plástico, tuberías de riego, maderas de embalaje, cañas, etc., en asentamientos de los municipios freseros de Huelva: Palos, Moguer, Mazagón, Bonares, Lepe, Almonte, etc. Dada las características de las construcciones, los incendios son frecuentes. Sólo el año pasado, en la misma localidad se produjeron otros tres. Y no es una excepción. En los últimos tiempos ha habido otros en otras localidades, como Moguer y Palos de la Frontera. En los registrados en Palos hubo tres muertos.
Para Cáritas, “lo que este último incendio volvió a sacar a la luz es «una herida social abierta en la provincia desde hace ya una década» y “un problema prolongado en el tiempo, al que nos hemos ido acostumbrando, y que nos deja en evidencia como sociedad».
Se sabe de estos asentamientos al menos desde inicios del año 2.000. La mayoría de los asentados, son subsaharianos, sobre todo de Malí y Senegal, aunque también de Mauritania, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau o Nigeria, entre otros países. Siguen siendo numerosos los inmigrantes procedentes de Marruecos y Rumanía.
Si en los años previos a la crisis, entre 2000 y 2007, se trataba de personas recién llegadas a España en patera o por cualquier otro medio, de forma ilegal y sin documentos, que marchaban a otros lugares al acabar la campaña, desde 2008 se trata en muchos casos de inmigrantes que ya habían estabilizado su situación en nuestro país, que tenían trabajo, casa, familia, y que además gozaban de prestaciones sociales, pero que, como consecuencia de la crisis, lo han perdido todo y han sido empujados a vivir en la calle y en los asentamientos chabolistas.
La mayoría carecen de documentación, aunque hay algunas decenas que sí la tienen, y aún así no encuentran trabajo. Pese a las políticas de contratación en origen y la dificultad cada vez mayor para encontrar trabajo en las campañas, estos jóvenes permanecen acampados, esperando una oportunidad para trabajar, pudiendo ser sobrexplotados por empresarios agrícolas que se aprovechan de su estado de precariedad y necesidad.
Por otra parte, aunque la media de edad de los asentados oscila entre los 19 y los 45 años, están llegando muchos chavales con 18 años procedentes de los centros de acogida de menores, donde fueron previamente confinados al ser interceptadas sus pateras por las autoridades españolas. Estos últimos son también legales, ya que vienen con su tarjeta de residencia, aunque lógicamente sin trabajo y sin nada, lo cual les obliga a malvivir en los asentamientos.
Ya en 2009 Cáritas denunciaba que, tradicionalmente, los asentamientos desaparecían una vez terminada la campaña, a finales de junio. Sin embargo en ese año dos centenares de personas habían permanecido en la provincia, en parte porque otras campañas no pudieron absorber esta mano de obra. Desde entonces, esta situación ha ido en aumento y se calcula que unas 700 personas permanecen en asentamientos de la provincia durante todo el año, expuestos permanentemente a las inclemencias del tiempo, a la falta de saneamientos y suministros básicos, al miedo constante a una detención con la consiguiente deportación.
Para Cáritas, “son los derechos humanos los que están en juego, es de nuestra capacidad de acogida y de integración de lo que hablamos, es la utilización oportunista de mano de obra como una simple herramienta de la que se prescinde cuando ya no interesa”. De igual modo, lamentan que, de cara a la inminente llegada de cientos de personas a las campañas agrícolas, “no se haya puesto en marcha ningún tipo de dispositivo de atención a estos temporeros, desde puntos de información hasta albergues temporales”. Por ello, insisten en la necesidad de encontrar caminos y medidas a medio y largo plazo que “transciendan la ayuda de emergencia y acaben de una vez con esta realidad.
¿Hasta cuándo la sociedad va a permanecer pasiva ante el drama de la inmigración? ¿Cuándo empezará a dolernos el sufrimiento humano?.
Equipo María Asián