Cuando un ciudadano no se siente escuchado por los políticos que le representan y la administración se demora en dar soluciones a los problemas que le afectan, puede buscar determinadas vías de comunicación, no muy adecuadas, para que el político llegue a comprender el problema, dado que habitualmente vive muy alejado de él, o al menos, no lo sufre en carne propia.
Es lo que le pasó a Roberto Villar, cuando se cansó de aguantar las ratas que proliferaban cerca de su casa en La Manjoya (Asturias). Decidió trasladar físicamente el problema al político de su administración más cercana que él entendía que podía y debía resolverlo. Y así fue como hace más de un año se dirigió con un roedor muerto en una bolsa de plástico a ver a Benjamín Cabañas, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo. Como no estaba, le dejó la muestra encima de la mesa del despacho.
Está claro que estas directas formas de comunicación no van con los concejales ni con los funcionarios, más acostumbrados al meta un escrito, rellene este impreso…, por lo que vieron necesario reconducir los hechos y aplicar el peso de la ley no para aplastar las ratas de La Manjoya, sino para tranquilizar (con tranca) al ciudadano, porque para eso a la Administración le sobran leyes, reglamentos y ordenanzas: de residuos, de limpieza, de animales errantes, de salubridad pública, de convivencia ciudadana, de transportes… Toda la “normativa vigente” para sancionar al protestón por una infracción de ¡¡¡vertido incontrolado!!! Haciéndole un favor, la multa fue de “sólo” 900 €, más el coste de recogida del bicho. Como este hombre no parece tenga intención de pagarla y los plazos no se detienen, el importe aumenta y ya ha salido la orden para embargar su coche.
En esa lucha desigual, es fácil imaginarse quienes saldrán ganando. Las ratas.
Mientras tanto, un vertido de miles de litros de fuel al Cantábrico, como fue el ocurrido en junio de 2012 en la térmica de Aboño, de la portuguesa EDP (HC), sigue sin sanción.