Al yugo de la pobreza, del hambre y del empobrecimiento del que es víctima el continente africano se agrega el de la represión antisindical.
Mientras las trabajadoras y trabajadores africanos luchan para sobrevivir, en la mayoría de los casos sin la más mínima protección social, los poderes dirigentes siguen mostrándose muy agresivos con los sindicatos, con intimidaciones a menudo violentas, arrestos y despidos. La negociación colectiva sigue siendo escasa en el continente y las zonas francas, que pululan en la estela de la mundialización, aportan su grano de arena en lo que a explotación se refiere.
En Zimbabwe, hablar de sindicalismo continuó siendo equivalente a decir: hostigamiento, intimidaciones, arrestos, despidos y enjuiciamientos. En efecto, la larga lista de violaciones de los derechos sindicales cometidas bajo el régimen del Presidente Mugabe durante el año pasado confirma su triste reputación de campeón del continente en lo referente a violaciones de los derechos humanos y sindicales. Diversos altos dirigentes sindicales sufrieron las consecuencias de ello, como Wellington Chibebe, Secretario General del ZCTU, arrestado junto con cuatro compañeros por haber organizado un taller sindical; Raymond Majongwe, Secretario General del sindicato de docentes, víctima de un atentado felizmente fallido; y Lovemore Matombo, Presidente del ZCTU, despedido junto a numerosos compañeros del sindicato de trabajadores del sector de comunicaciones.
En Nigeria, el gobierno, no contento con hostigar continuamente a los sindicatos, presentó un proyecto de ley apuntado principalmente a suprimir la NLC, central sindical conocida por su militancia. Por lo menos tres personas murieron a causa de la represión policial durante una manifestación convocada por la central NLC, al tiempo que un centenar de personas fueron detenidas por sus actividades sindicales.
No se respetan ni la libertad sindical ni el derecho de huelga
En Sudán, Egipto y Libia, la libertad sindical simplemente no existe, la ley reconoce únicamente una central sindical nacional, leal al gobierno. En Guinea Ecuatorial, aunque la libertad sindical figura en los textos jurídicos, en la práctica el gobierno se niega a reconocer los sindicatos independientes. En Djibouti y Senegal, un sindicato no puede quedar legalmente registrado sin autorización previa del gobierno mientras que en Camerún y en la República del Congo, el gobierno trata únicamente con los sindicatos que puede controlar.
En el continente africano tampoco se respeta el derecho de huelga. En Botswana, fueron despedidos 444 mineros que hacían huelga por una discriminatoria revisión salarial y muchos fueron desalojados de sus viviendas. En Kenya, fueron despedidos 188 trabajadores por haber hecho huelga para protestar por el incumplimiento de un acuerdo salarial. En Sudáfrica, 150 maleteros perdieron su empleo tras haberse sumado a una huelga de tres semanas. El banco financiero de Benin despidió a 40 afiliados sindicales, que participaron en una huelga de protesta. También en Senegal fueron despedidos dirigentes sindicales a raíz de una huelga que tuvo lugar en una fábrica de cemento.
La violencia policial ensangrentó Camerún cuando unos treinta policías, armados con porras, agredieron a trabajadores forestales en huelga en Yaoundé. En Malawi, la policía realizó varios disparos al aire y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores/as del té en huelga, que reclamaban el pago de sus indemnizaciones de despido. En el Informe figura un incidente similar en Mozambique contra ex ferroviarios que se manifestaban exigiendo el pago de su indemnización de despido.
Zonas francas, zonas de abusos
En las zonas francas de exportación, símbolo por excelencia de la desenfrenada competencia que se libra en el mercado mundial en detrimento de los derechos sociales y sindicales, los empleadores continúan impidiendo u oponiéndose firmemente a todo intento de sindicación o de actividad sindical, especialmente en Malawi, Mauricio y Nigeria. En numerosas zonas, desde Marruecos hasta Madagascar, los abusos son habituales. En Kenya, un delegado sindical de una fábrica textil de la zona franca de exportación de Athi River fue despedido e incorporado a una lista negra por haber pedido a la empresa que pagara los aumentos salariales estipulados en un convenio colectivo firmado el año anterior.
En Namibia, en una fábrica textil de capitales malasios, conocida por sus prácticas antisindicales, una trabajadora china inmigrante tuvo que ser hospitalizada tras haber sido atacada por uno de los perros de los guardias de seguridad. El hecho ocurrió durante una protesta de trabajadores chinos por sus condiciones de trabajo, por la pésima calidad de la comida y porque tienen que pagar el costo de los exámenes médicos. Por su parte, 400 trabajadores migrantes originarios de Bangladesh fueron deportados y se les revocaron los permisos de trabajo, tras haberse manifestado contra sus pésimas condiciones de trabajo. A finales de septiembre, el tribunal dictaminó que la empresa tenía que pagar a 66 de esos trabajadores 10 meses de salario, el billete aéreo de regreso a su país y parte de las costas legales. Una investigación realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Namibianos (NUNW) reveló que algunos trabajadores de Bangladesh habían efectuado pagos no justificados por valor de 21 millones de dólares a agencias de contratación hasta, lo que según el NUNW permite suponer la existencia de una mafia de tráfico de personas.
CIOSL
19 de octubre de 2005