Aparte de aportar trabajo a nuestra sociedad, rejuvenecerla y sostener nuestro sistema de pensiones, deben ingresar 60 euros al mes para tener acceso a lo básico en cuanto a la tarjeta sanitaria se refiere.
El Ministerio de Sanidad ha concretado ya el sistema por el que los extranjeros en situación irregular podrán ser atendidos en la sanidad pública. Para ello deberán suscribir un convenio (una especie de seguro) que les costará 60 euros al mes si tienen de 18 a 64 años, y 157 si exceden esa edad. Los menores y mujeres embarazadas serán atendidas como el resto de la población asegurada.
El real decreto correspondiente entró en vigor el 1 de septiembre. También podrán suscribirlo otras personas que han quedado fuera de la cobertura sanitaria pública, como los rentistas que ingresen más de 100.000 euros al año.
Podrán suscribir el convenio los extranjeros que lleven un año empadronados y no tengan acceso a la atención sanitaria como asegurados (que no estén cotizando a la Seguridad Social). Con el pago se tendrá acceso a la cartera básica, lo que excluye la subvención de la medicación, el transporte sanitario no urgente o de las prótesis, por ejemplo. Las comunidades que quieran dar este servicio –u otro- podrán establecer los recargos correspondientes en la póliza.
Al final, los precios son un redondeo al alza de lo que se supo hace un año, cuando la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, declaró que el importe se calculaba en función de lo que cuesta la atención a cada persona en la sanidad pública. Entonces se manejaban las cifras de 59,20 y 155,40 euros al mes para cada tramo de edad.
La solicitud del convenio se podrá presentar en los registros autonómicos, y se considerará que tendrá validez cuando el interesado reciba respuesta positiva o a los tres meses por silencio administrativo. Según Sanidad, estos trámites no requerirán de ningún desembolso extra por parte de las Administraciones.