Explotación sexual y explotación laboral en el servicio doméstico. Dos situaciones relacionadas en un informe que destapa la situación de muchas inmigrantes en España.
La Fundación Surt denuncia la invisibilidad social y legislativa de la explotación de trabajadoras del hogar introducidas irregularmente en España.
El tráfico de personas que son explotadas en el servicio doméstico es una realidad en nuestro país. Pero es una realidad ‘muy invisible’, según ha denunciado la Fundación Surt al presentar el informe ‘Fronteras difusas, víctimas invisibles. El tráfico de personas para la explotación laboral en el sector doméstico en España’. Laura Sales y Amanda Alexanian, autoras del informe, concluyen que “la precariedad y la explotación laboral en el sector doméstico es una situación normalizada”.
La legislación española ha ido avanzando en el control y penalización del tráfico de personas con voluntad de explotación sexual pero no lo ha hecho al mismo ritmo en el combate contra el tráfico con fines de explotación del servicio doméstico. Un servicio que asumen casi siempre mujeres -en un 90% de los casos, según las estadísticas de la Fundación Surt- y que existe en el 17% de los hogares españoles, un porcentaje superior a la media europea (6%) pero inferior al de países como Dinamarca (28%) o los Países Bajos (45%).
Se entiende que el informe de esta fundación llegue a la conclusión de que «el tráfico de persones con la finalidad de su explotación laboral en el sector del servicio doméstico es una grave vulneración de los derechos humanos que ha sido muy poco analizada tanto a nivel europeo como en España» .
El estudio ha detectado elementos comunes en las diez entrevistas realizadas a personas que han denunciado este tipo de explotación: ‘Son mujeres, de origen inmigrante y procedencia muy diversa (Asia, África o Latinoamérica). La captación es a menudo individual, por parte de personas de los mismos países y miembros de la familia, pero también por españolas. Las agencias de colocación, formalmente constituidas o no, pueden tener un papel en la captación y el transporte de las víctimas. Los traficantes se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad especial de las víctimas, como la situación administrativa irregular o las dificultades con el idioma)».
Dos variantes detectadas por las investigadoras son las ‘cadenas de abusos’ y los ‘matrimonios serviles’. En las ‘cadenas de abusos’, las víctimas sufren primero explotación sexual y son ‘salvadas’ por alguien que pasa a explotarlas como trabajadoras del servicio doméstico. En los ‘matrimonios serviles’, las llamadas ‘esposas por correspondencia establecen contacto con un hombre en Internet y lo que en principio es una relación personal acaba convirtiéndose en una situación de tráfico y explotación laboral o sexual. En estos dos casos no es infrecuente que se superpongan la explotación laboral y los abusos sexuales.
La investigación señala que «la invisibilidad social y legislativa de esta forma de tráfico y el hecho de que el delito se cometa en el interior del domicilio dificultan enormemente la detección y la protección de las víctimas» y reclama que «ante las dificultades de detección e identificación se amplíe el marco legal y político de lucha contra este crimen, a fin de proteger debidamente a las víctimas y mejorar la coordinación entre los actores implicados y la eficacia de los mecanismos de inspección laboral «.
Sin que haya datos contrastados todo hace pensar que el aumento de la precarización laboral en nuestro país hace aún más habituales los abusos contra las trabajadoras del servicio doméstico. También es muy habitual que las víctimas, por miedo o vergüenza, no denuncien los abusos que sufren por parte de las personas que las contratan o controlan las redes de tráfico que las han traído a España.
‘Fronteras difusas, víctimas invisibles. El tráfico para la explotación laboral en el sector doméstico’ forma parte del proyecto de investigación ‘Lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación laboral en el servicio doméstico’, cofinanciado por el programa de Prevención y Lucha contra el crimen de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea y se ha realizado entre 2013 y 2015 en España, Chipre, Grecia y Lituania.
Fuente: Eldiario.es ( * Extracto)