Si hubiera que resumir la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2007, sus rasgos fundamentales serían sin duda: mayor presión fiscal, profunda injusticia en la distribución de la carga tributaria, fin del modelo territorial de equidad-solidaridad y creciente marginalidad del gasto del Estado.
Empezando por lo económico, lo esencial de los Presupuestos presentados, es lo siguiente: En primer lugar, mayor gasto. Es decir, el gobierno renuncia a utilizar su mejor arma para luchar contra los dos grandes desequilibrios que amenazan nuestro futuro económico: la inflación y el déficit exterior. Sin embargo, como son unos tramposos, para engañar a la opinión pública y hablar de estabilidad presupuestaria, presentan el incremento del gasto en términos de caja, que no incluye todos los compromisos, al objeto de hacerlo coincidir con la previsión de crecimiento del PIB nominal, el 6,7%, pese a que el incremento real es del 8,8%.
En segundo lugar, mayor presión fiscal. Es decir, el total de ingresos fiscales en proporción al PIB aumenta o, si se prefiere, las administraciones públicas se quedan con una parte mayor de cada euro de la riqueza nacional, justo lo contrario de lo que necesitan las economías para mantener un crecimiento estable y sostenido. En concreto, de un 34,4% del PIB en 2004 se superará el 37% en 2007.
Y, lo peor de todo, el aumento de la presión fiscal recae fundamentalmente sobre la clase trabajadora y sobre la clase media. Sólo por el efecto de la inflación no compensada, estos dos colectivos experimentaron en 2005 una sobrecarga fiscal en el IRPF y el IVA de 5.300 millones de euros y en 2006 sólo de IVA la sobrecarga superará los 4.000 millones y en el IRPF los 3.500. Para 2007 a este efecto se sumarán las consecuencias de los retoques tributarios -que no reforma fiscal- de Solbes, que perjudican notablemente a las familias, particularmente a los hogares con mas de dos hijos, aparte de penalizar seriamente el pequeño ahorro. Que en estas circunstancias Solbes se jacte de que «el Estado va a ingresar más de lo que va a gastar» es un ultraje a las clases menos favorecidas.
Y todo esto a pesar de que Zapatero, en el compromiso estrella de su programa electoral, se había comprometido no solamente a no subir la presión fiscal, sino que además -con la demagogia y la mendacidad que le caracterizan- había afirmado solemnemente que iba a reducir la presión tributaria porque «bajar impuestos es de izquierdas». Peor aún: el autodenomi- nado «patriota social» pretende que los presupuestos más antisociales y lesivos para los trabajadores y la clase media en muchas décadas son justamente lo contrario cuando el incremento del gasto social es la mitad de la sobrecarga fiscal sobre estos colectivos como consecuencia de la inflación y los retoques.
La falsedad de estas promesas se puso de manifiesto nada mas empezar la legislatura y así, en 2005, y para abrir boca, la presión fiscal sufrió el mayor incremento en seis años. Si le sumamos 2006, donde sólo el aumento en la estimación de liquidación es un 7,4% superior a lo presupuestado, y la previsión de 2007, la presión tributaria habrá crecido más de un 10% por encima del PIB nominal, lo que es una cifra enorme, con el agravante del cambio radical en la equidad del reparto de la carga tributaria. Por ello, a ver si toman nota los votantes del Partido Socialista y, en lugar de creerse las mentiras de sus dirigentes, miran su propia cartera, ya que por si aún no se han enterado el salario medio real a mediados de 2006 acumula ocho trimestres de descensos consecutivos y tiene hoy un 4% menos de capacidad de compra que en 2004, la evolución más desfavorable de toda la UE donde el salario real ha crecido un 2,5%. ¡Y luego tienen la santa desvergüenza de jactarse de que pronto superaremos la media europea de riqueza!
Esta pérdida generalizada de poder de compra está obligando a las familias españolas a recurrir al endeudamiento para mantener su nivel de vida, hipotecando para ello su propio futuro y el de sus hijos. Y aquí se está generando un gravísimo problema adicional, y es que están proliferando extraordinariamente las sociedades dedicadas a préstamos al consumo, por los que están cobrando a las familias más necesitadas intereses usurarios del 23% y más. Y aunque ésta práctica es legal resulta absolutamente inmoral, y nos retrotrae a las épocas mas sombrías de nuestra historia. También se está detectando en varias comunidades que el número de hipotecas contratadas supera al de pisos vendidos, lo que significa que estas hipotecas están financiando el consumo. Y esto es ahora, ¿pero qué va a pasar cuando cambie el ciclo económico?
Pero no sólo es que la presión tributaria sobre los trabajadores y la clase media haya crecido espectacularmente. Es que la inmigración masiva e incontrolada, y particularmente la regularización de Caldera, está permitiendo mantener un modelo de crecimiento de baja productividad, basado en salarios bajos y bajo stock de capital, justo lo contrario que los países más dinámicos de la UE como Irlanda o los países nórdicos, lo que unido al crecimiento de la inflación ha hecho que el reparto de la riqueza nacional, del PIB, se haya volcado drásticamente del lado del excedente bruto de explotación y los impuestos, y en contra de las rentas salariales, que han perdido más de tres puntos de PIB en los últimos dos años. Un modelo que además resulta absolutamente insostenible y nos lleva de cabeza a una profunda crisis económica.
Este inicuo reparto del crecimiento ha dado lugar a un incremento espectacular de las grandes fortunas y de los grandes sueldos y explica por qué nos hemos convertido en uno de los 10 países del mundo con más millonarios gracias a la especulación y al fraude fiscal, que no a la inversión creadora, mientras que el 60% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes. Peor aún, el banco de inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini estiman que en España hay 1.500 personas multimillonarias con activos netos superiores a los 24 millones de euros y sólo 65 según la Agencia Tributaria lo declara. Ésta y no otra es la verdadera España de Zapatero, donde las diferencias sociales son cada vez más profundas. Tanto que somos uno de los países europeos con mayor índice de pobreza, el 18% de la población, y mientras tanto los sindicalistas, Méndez y Fidalgo, dedicados en exclusiva a reinventar la Guerra Civil, a viajar en primera clase y a no bajarse del coche oficial, ignoran el tema.
Y por lo que se refiere a sus efectos sobre la estructura del Estado, el problema es infinitamente más grave, porque aquí tenemos que hablar de injusticia histórica y de alta traición, y para demostrarlo nada mejor que analizar los aspectos más relevantes. El primero es el inicio del desmantelamiento económico del Estado, pues al incorporar ya la felonía perpetrada con el Estatuto de Cataluña, el gobierno se queda con un nivel irrisorio de recursos. Tanto que no existe un solo país, incluidos los estados federales, donde el porcentaje de recursos del Estado en relación al resto de las administraciones públicas sea tan reducido. Y eso sin mencionar que rompe la unidad de mercado y restringe las libertades económica, personal y de expresión en forma inaudita. De hecho, cuando este modelo se extienda al resto de comunidades, el Estado se quedará sin los recursos necesarios para atender al correcto funcionamiento de las instituciones y en consecuencia para garantizar la supervivencia de España como nación.
A día de hoy, no tenemos ya ni Policía Nacional ni Guardia Civil suficientes para controlar las fronteras. Cuando se necesitan en Canarias hay que sacarlos de los Pirineos, y no tenemos ni de lejos las Fuerzas Armadas a que estamos obligados por nuestros compromisos de defensa común con la Unión Europea. Como señalaba recientemente Pasqual Maragall, el Estado en Cataluña ya es marginal, y pronto lo será en el resto del país. Es decir, los Presupuestos de 2007 por primera vez en la historia presupuestaria de las sociedades democráticas recogen y consagran un acto inequívoco de alta traición.
El segundo elemento es que estos presupuestos marcan el inicio de la destrucción del modelo equidad-solidaridad que era la piedra angular de la convivencia entre los españoles. El Estatuto catalán de nuevo consagra el principio de las regiones dinámicas, una injusticia histórica, una canallada según la cual cada región debe recibir en proporción a lo que aporta, lo que significa que las regiones más ricas serán más ricas y las más pobres no podrán salir de su pobreza.
| Más allá de las mentiras y más allá del control de los medios que permite mantener engañados a muchos ciudadanos, los Presupuestos 2007 consagran una política económica gravemente perjudicial para los trabajadores y para la cohesión territorial. |
Y la tercera es la gran estafa del carácter presuntamente social de los Presupuestos, ya que por cada euro en que se incrementa el gasto social, a la clase trabajadora y a la clase media les cuesta tres, sumando lo que pagan por la sobrecarga fiscal y lo que dejan de ingresar como consecuencia del injusto reparto de la riqueza nacional. Los grandes beneficiarios son la España subsidiada que vota socialista -aunque pronto no habrá recursos para ellos- y las grandes fortunas y los grandes defraudadores, que coinciden en gran parte y que probablemente también votan socialista. La política económica y fiscal de Zapatero ha convertido España en un auténtico paraíso para ellos, igual que la regulación Caldera nos ha convertido en el paraíso de la delincuencia y de las mafias organizadas. La gran habilidad del gobierno estriba en saber ocultar el auténtico saqueo fiscal a las clases media y trabajadora junto con el inicuo reparto de la riqueza y su gran suerte es tener una oposición incapaz de transmitir la realidad a la opinión pública.
En resumen, más allá de las mentiras y más allá del control de los medios que permite mantener engañados a muchos ciudadanos, los Presupuestos 2007 consagran una política económica gravemente perjudicial para los trabajadores y para la cohesión territorial. Y en cuanto al atajo de diputados irresponsables y traidores que con su voto han puesto en riesgo cierto la unidad de España y arruinado el futuro económico de sus propias comunidades, son el equivalente actual de las huestes de los hermanos de Witiza que un aciago día del año 711 en el río Guadalete traicionaron a su patria y a su rey, provocando una hecatombe que duraría 800 años.