Asolaron a los más pobres. Informe de la Comisión de la Verdad de Perú: La organización maoísta y la represión del ejército causaron casi 70.000 muertos. Las matanzas, perpetradas por SL y el Ejército, en decenas de comunidades quechuas, o selváticas, fueron masivas y horrendas
Por Ramiro Escobar la Cruz
No es el rastro de una historia ancestral, ni tampoco el saldo de una guerra exterior de hace uno o dos siglos. Los 69.280 muertos y desaparecidos estimados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú pertenecen a dos décadas recientes (1980-2000), que desangraron sin piedad al país.
La cifra removió la escena política y ciudadana en agosto, cuando la CVR presentó su Informe Final al presidente Alejandro Toledo, en el salón dorado del palacio de Gobierno. Llevaba dos años trabajando y en ese lapso recogió 17.000 testimonios de verdadero horror y desconsuelo.
La CVR había sido creada en junio del 2001 por Valentín Paniagua, presidente del Gobierno de Transición tras la huída del prófugo Alberto Fujimori. En septiembre del mismo año, Toledo agregó cinco miembros a los ocho nombrados originalmente. ¿Cuál era el encargo? Explorar, a fondo y sin concesiones, lo que ocurrió en Perú desde que, en mayo de 1980, el Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL, o simplemente SL) anunciara el “inicio de la lucha armada”. Y llegar hasta el año 2000, cuando la mafia fujimorista se desmorona.
La primera revelación que hizo la CVR fue que la mayoría de muertos (el 54%) los provocó SL al aplicar una política brutal que, en ocasiones, pasaba por masacrar a quienes se resistían a su alucinado proyecto revolucionario. Se trató de una cuestión importante, pues hasta hace poco parte de la prensa, los grupos de derechos humanos o la propia ciudadanía pensaba que el Estado había sido el principal agresor. Tal como antes ocurrió en Guatemala, Argentina, Chile, El Salvador o incluso en la lejana Suráfrica. Varias matanzas senderistas salieron a la luz cuando la CVR recibió una cantidad abrumadora de testimonios. Gente de comunidades campesinas olvidadas dio cuenta de un periodo marcado por un intento de genocidio espantoso, en el cual las fuerzas del orden también tuvieron responsabilidad.
Los indígenas, las víctimas
Aparte de la cantidad estimada de muertos, que sorprendió a todo el mundo (hasta antes, siempre se había creído que no pasaban de 35.000), afloró una tendencia todavía más tenebrosa: el 75% de las víctimas eran campesinos que hablaban quechua u otra lengua nativa y el 79% vivían en zonas rurales. Es decir, que se trató de una guerra que asoló principalmente al campo y a los más pobres, como si nuevamente se ensañara con ellos un fatal destino milenario. No los respetaron ni SL, ni los agentes del Estado, ni la clase urbana, que dormitó en la indiferencia y sólo despertó años después.
Por supuesto que el terror desatado por SL y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un grupo de vocación guevarista, bastante menor que SL) llegó también a las ciudades. Tocó con fuerza las puertas de Lima, especialmente en los inicios de la década de los noventa, gracias a los feroces coches-bomba.
Pero una de las grandes evidencias que ha arrojado el Informe de la CVR es la distancia que hubo entre el dolor que se vivía en el campo y la relativa calma e indolencia de las ciudades. Las matanzas, perpetradas por SL y el Ejército, en decenas de comunidades quechuas, o selváticas, fueron masivas y horrendas.
Dos ejemplos. En agosto de 1985, Telmo Hurtado, un teniente del Ejército peruano, llevó a cabo una matanza en Accomarca, localidad del departamento de Ayacucho, el más golpeado por la violencia. Ejecutó extrajudicialmente a 62 campesinos, bajo el argumento de que eran presuntos simpatizantes de SL.
Dos años antes, en abril de 1983, en Lucanamarca, una localidad también ayacuchana, SL masacró a 69 comuneros, incluyendo mujeres y niños. ¿Se comprende por qué el presidente de la CVR dijo que “es imposible convivir con el desprecio, pues es una enfermedad que acarrea daños muy tangibles”?
Recientemente, lo más triste e indignante ha sido la reacción de la clase política ante el Informe Final. Buena parte de ella reaccionó con una histeria sin nombre, como si se hubiera mancillado su honor por afirmar, como dijo con justicia la CVR, que los políticos le debían “grandes explicaciones al país”. La alusión era muy directa –y así está consignado en el Informe Final, que consta de nueve tomos y 10.000 páginas- a los Gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-85), Alan García (1985-90) y Alberto Fujimori (1990-2000).
Belaúnde fue el mandatario que le entregó al Ejército la conducción de la guerra, creando los Comandos Política-Militares y abdicando del poder civil. García tuvo algunos logros en sus inicios, invirtiendo más en el campo, pero a partir de 1986 no fue capaz de neutralizar la vorágine del terror. Ambos supieron, con todo, mantener la institucionalidad democrática, que se quebró el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori cerró el Congreso y se dio un autogolpe de Estado, luego bendecido por la OEA. La violencia amaina en esa época, aunque no precisamente gracias a él.
En rigor, la captura ese mismo año de Abimael Guzmán, jefe máximo de SL, se produjo por la esforzada labor de la inteligencia policial, aun cuando Fujimori siempre trató de llevarse el mérito. Hoy se sabe que su Gobierno más bien apostaba por desarrollar una estrategia tan o más criminal que la del propio SL.
La existencia, tal como lo ha corroborado la CVR, del grupo paramilitar denominado Colina, autor por lo menos de dos matanzas (una en Barrios Altos, una zona antigua de Lima, y otra en la Universidad La Cantuta) así lo demuestran. Ambos hechos ocurrieron en 1992, cuando el terror aún prevalecía. Muchas de estas cosas ya se sabían, pues la prensa más decente de esos años las había destapado, pero la virtud de la CVR ha consistido en ponerlas en blanco y negro y en darles una interpretación histórica. Al hacerlo, los partidos han pasado de ser sólo víctimas a negligentes profesionales.
Desconcierto general
Martín Tanaka, un joven sociólogo peruano, ha acertado al recordar que por esa época, en realidad, todos –ciudadanos, políticos, militares, policías- andaban desconcertados. Aun así, la carga de ataques contra la CVR por parte de la clase política ha sido y es inmisericorde, excesiva, desproporcionada. Los más insidiosos, previsiblemente, han sido los fujimoristas, que se han sentido insultados y han procurado levantar la figura de su líder huido. Los otros grandes cruzados anti-CVR han sido José Barba Caballero y Rafael Rey, dos parlamentarios de Unidad Nacional (UN), un frente de derechas. Apelando a argumentos que hubieran encantado al senador McCarthy, acusaron continuamente a los comisionados de la CVR de prosenderistas, en lo que coincidieron con algunos parlamentarios del Partido Aprista Peruano. Una suerte de frente único se formó espontáneamente en torno a esta idea. Por cierto, se trataba de una mentira lanzada contra la verdad dolorosa.
Ni las FFAA reaccionaron como los políticos. Si bien varios oficiales en retiro se mostraron muy molestos con el Informe Final, la oficialidad actual dio su apoyo a la CVR y le facilitó el trabajo, salvo en la Marina de Guerra, algunos de cuyos oficiales no acudieron a entrevistas con los comisionados.