Las petroleras Burlington, CGC y Perenco intentan invadir las tierras de los kiwcha en Ecuador, según Amazon Watch. Afirma que, pese a los argumentos de gobierno y acreedores, la deuda externa no ha dejado de crecer en 30 años de explotación petrolífera. La Organización de Derechos Humanos Amazon Watch añade que estos ingresos dejan ´pocos beneficios´ para la población, dado que en un 80% acaban en las arcas de los grandes bancos extranjeros para pagar los intereses de la deuda externa ecuatoriana, que asciende actualmente a unos 14.000 millones de dólares (unos 11.400 millones de euros).
Fecha: 17/3/2004
Fuente : Europa Press
La organización de Derechos Humanos Amazon Watch alerta del peligro de que las petroleras Burlington (estadounidense), CGC (argentina) y Perenco (anglofrancesa) «invadan» las tierras ancestrales de la comunidad «kichwa» en la región de Sarayacu, en el centro de Ecuador, con el respaldo militar del Gobierno de Quito y amparadas en el argumento de que la industria ayudará al desarrollo del país.
Según recuerda Amazon Watch, existe «gran preocupación» acerca del futuro de 200.000 hectáreas de selva amazónica en la provincia de Pastaza, donde viven comunidades «kichwa», «achuar» y «zápara». En marzo de 2003, Burlington compró parte de su concesión local a ChevronTexaco, quien trabajaba en la zona con CGC, propietaria original de los terrenos desde 1996. Actualmente el tercer socio es Perenco.
Desde aquel entonces, los «kichwa» expresaron su rechazo a este proyecto de explotación, reclamando las tierras como legítimamente suyas. Los esfuerzos de este consorcio por proseguir con las prospecciones exploratorias «ha creado un clima de tensión y violencia en la zona», debido sobre todo al «uso de la fuerza militar».
Amazon Watch recuerda que en 2002 se produjeron graves violaciones de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, y que el pasado diciembre, con motivo de una marcha de protesta, docenas de personas fueron arrestadas cuando se dirigían a la manifestación navegando en canoas por el río Bobonaza, incluyendo varios niños.
Muchos de los detenidos fueron apaleados en comisaría, e incluso tras ser liberados algunos tuvieron que ser ingresados. A pesar de todo, el 13 de diciembre más de mil personas se concentraron en Puyo, la capital provincial, en la llamada «Marcha por la paz y en defensa de los derechos colectivos de todas las nacionalidades del Amazonas».
Las tensiones llegaron a tal extremo que el Gobierno ecuatoriano anunció su intención de desplegar tropas en la región para permitir las prospecciones, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) había llamado a las autoridades de Quito a proteger a los indígenas. En estos momentos, las comunidades se encuentran «en estado de alerta».
EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS
Amazon Watch denuncia que «estos proyectos petrolíferos insostenibles» son el producto de «una estrategia económica que beneficia principalmente a las compañías extranjeras y a la banca internacional», y se deriva también de las directrices impuestas a Ecuador por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Organización de Derechos Humanos Amazon Watch añade que estos ingresos dejan «pocos beneficios» para la población, dado que en un 80% acaban en las arcas de los grandes bancos extranjeros para pagar los intereses de la deuda externa ecuatoriana, que asciende actualmente a unos 14.000 millones de dólares (unos 11.400 millones de euros).
De hecho, recuerda, «durante las tres décadas de desarrollo petrolífero en Ecuador, la deuda externa no ha dejado de aumentar en espiral, a pesar de que el Gobierno ecuatoriano y sus acreedores han argumentado sucesivamente que extender la producción petrolífera permitirá al país pagar la deuda».
Amazon Watch lamenta que, a pesar de estas evidencias, el FMI siga condicionando sus futuros acuerdos de crédito a la expansión de la producción petrolífera. «Las comunidades del Amazonas y el Medio Ambiente llevan la carga de las recetas económicas del FMI –denuncia– mientras las compañías como Burlington sólo buscan cosechar beneficios».
Indigenous Leaders from Ecuador and Peru Present “Eviction Notice” To Burlington Resources of Houston
Call on Oil Company to Leave Amazonian Territories
Contacts:
Atossa Soltani 713-232-8795
Kenny Bruno 646-247-8548
Kevin Koenig 310-420-8245
Houston, May 14, 2003 – At 12:00 noon today seven indigenous leaders, representing 100,000 people living in approximately 4 million acres of pristine rainforest, accompanied by their lawyer and various supporters, appeared at the headquarters of the oil company Burlington Resources to deliver an “Eviction Notice” calling on the company to cease all oil activities in Ecuador and Peru and leave their Amazonian territories immediately.
“The Shuar and Achuar people of the Ecuadorian Amazon want it to be known that the position of our communities is no to oil exploration, no to dialogue and negotiation, no to deforestation, no to contamination, and no to all oil activities,” said Bosco Najamdey, the Coordinator of the Inter-federation Committee representing three legally recognized indigenous federations in Ecuador.
As the lawyer representing the Shuar, Achuar, Kichwa peoples of Ecuador delivered the eviction notice and a letter formally advising Burlington CEO Bobby Shackouls of their opposition to oil development in their territories, supporters unfurled banners in Spanish and English that said, “Burlington: What part of NO don’t you understand?”
Lucas Irare, the President of the Achuar federation of Peru representing 7,000 Achuar living in block 64, said, “The Achuar people of Peru will not give even one millimeter of territory for oil activities.”
Past oil drilling in Ecuador and Peru has led to gross environmental contamination, abuses and the near disappearance of some Amazonian peoples. Last week, a lawsuit relating to these abuses was filed in the Ecuadorian court against ChevronTexaco.
The strongly worded letter delivered to CEO Bobby Shackouls today reviewed a series of legal injunctions and action by Ecuadorian courts and international bodies that provide evidence that Burlington’s actions have been illegal under both Ecuadorian and International law.
Community opposition to Burlington has been so intense that the company has declared Force Majeure to explain its failure to carry out seismic testing and environmental studies. Force Majeure is usually invoked when natural disasters, such as hurricanes or floods, prevent the execution of a contract.
The situation is so tense in the Amazon community of Sarayacu, that the Inter-American Human Rights Commission on May 5 issued a ruling in favor of the affected communities and called on the Ecuadorian government to take precautionary measures to protect the lives of community leaders. Burlington recently purchased 50% of the concession affecting Sarayacu.