Las VÍCTIMAS ROMPEN el SILENCIO en PERÚ

«¡Terrorista!, ¿dónde están tus compañeros?», gritaba uno de los policías. Me agarró las manos y me arrancó la ropa. Yo pedía auxilio a la desesperada. Comenzó a violarme. Luego entró otro, y otro, y otro. En total fueron siete». Georgina Gamboa tenía 16 años el 2 de enero de 1981, cuando una patrulla de Sinchis (cuerpo especial de la policía) entró en la pequeña comunidad campesina de Vilcashuamán, en el departamento peruano de Ayacucho, en busca de combatientes de la organización clandestina Sendero Luminoso. La mujer se estremece al recordar aquella noche brutal. Su testimonio es uno de los 17.000 recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo trabajo ha dado la voz a las víctimas de la guerra interna que vivió Perú entre 1980 y 2000.
Los siete policías actuaron sin dar la cara, encapuchados. Abusaron de Georgina, la dejaron tirada en el suelo, sucia y ensangrentada. Al día siguiente, en la sede ayacuchana de la Policía de Investigaciones de Perú tuvieron agallas para amenazar. «Si cuentas algo te mataremos. Te vigilaremos».

Georgina se sentía mal. En el hospital se confirmó la peor sospecha: «Me quería morir. No quería por nada del mundo tener aquel hijo. Me habían violado siete hombres y pensaba que estaba criando un monstruo de siete cabezas dentro de mí». La niña nació en un hospital de Lima. No quiso verla. «Que se la lleven», repetía. Una mujer se había ofrecido para adoptar al bebé. Sólo faltaba la firma de la madre. Hasta que le acercaron a la pequeña de tres días y la vio por primera vez, llorando. «Era blanquita, bonita, gordita». Georgina decidió que quería criar a su hija. Se la entregaron 15 días más tarde. Le puso su nombre y empezó a trabajar de empleada doméstica.
Dos años más tarde, los violadores fueron detenidos. Hubo un juicio, en el que los agresores negaron todo, a pesar de que la mujer reconoció sus voces. Fueron puestos en libertad. Caso cerrado. Ningún culpable y ningún condenado. «Mi caso no puede quedar archivado, tiene que haber justicia por el daño que me han hecho», se dijo Georgina. El 8 de abril de 2003 declaró en una audiencia que la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó en Ayacucho. La acompañaba su hija, de 22 años. Habló una hora, con lágrimas en los ojos. Fue uno de los relatos más conmovedores de todos los que escucharon los miembros de la comisión a lo largo y ancho de Perú.

Las denuncias de violaciones sexuales proceden en muchos casos de familiares de las víctimas, pero no de las afectadas, que se resisten a hablar, según constataron los equipos de la CVR. Pese a los pocos testimonios recibidos, hay muchos indicios que permiten deducir que las violaciones fueron una práctica masiva, sobre todo por parte de las Fuerzas Armadas. Los datos recogidos por la CVR indican que el 83% de los actos de violación sexual son imputables al Estado, y carca del 11% corresponde a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA). Estos últimos fueron responsables de abortos forzados, uniones forzadas y servidumbre sexual. Durante las incursiones militares en comunidades campesinas en busca de senderistas era habitual torturar a los varones y violar a las mujeres. El Estado no tiene específicamente una política para atender las secuelas producidas por las violaciones. Las políticas sociales han dado prioridad a los desplazados, huérfanos…

Después de 20 meses de trabajo, la CVR llegó a la conclusión de que el número de muertos y desaparecidos durante los 20 años de guerra interna (1980-2000) fue de 69.280 personas, cifra que supera ampliamente las pérdidas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile, los dos mayores conflictos en los que se ha visto involucrado Perú. Además, están los miles de peruanos con orden de busca y captura, que viven en la clandestinidad, con identidad falsa, o huyeron del país. Algunos quisieran volver, pero no saben cómo. Hay muchos inocentes que fueron denunciados por venganzas. Son unos 60.000 en las listas del Ejército, la policía y el Poder Judicial.

El 40% de las víctimas se produjeron en Ayacucho, donde el Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso declaró en mayo de 1980 «la guerra popular» al Estado. El informe final de la CVR estima que el 54% de las víctimas se pueden atribuir «al iniciador del conflicto», Sendero Luminoso, y el 37%, a los agentes del Estado. La mayor secuela del conflicto fue el éxodo masivo de población civil, con medio millón de desplazados. La comisión ha emitido recomendaciones que incluyen reformas institucionales; un plan integral de reparaciones a las víctimas, que combina medidas simbólicas con medidas individuales y colectivas de reparación material; un plan de exhumación e identificación de víctimas, y un mecanismo de seguimiento que establece por ley la creación del Consejo Nacional de Reconciliación. El 21 de diciembre, cuatro meses después del informe final, el presidente, Alejandro Toledo, pronunció su discurso sobre la Comisión de la Verdad, que decepcionó a las víctimas al referirse sólo a la necesidad de reparaciones colectivas, pero no individuales. «La población de estas zonas, además de problemas históricos, fue víctima de la violencia y sufrió por ello», observa Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, que tuvo un papel relevante en la creación de la Comisión de la Verdad. Las reparaciones colectivas plantean, por ejemplo, la reconstrucción de una escuela, de la infraestructura dañada en comunidades arrasadas. El Banco Mundial estudia la posibilidad de canjear deuda peruana por proyectos de reparación que contarían con la participación de Italia, Suiza y Canadá…

Entre los gestos públicos, la CVR reclama a los responsables del Estado que pidan perdón al país. Así lo hizo el presidente Toledo, pero no los responsables de los aparatos de seguridad. La comisión entregó más de 40 expedientes con nombres y apellidos de oficiales y jefes de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de derechos humanos para que el ministerio público abra una investigación. Un gesto simbólico en un país que ha encarcelado y condenado a miles de acusados de terrorismo, y que ha hecho la vista gorda ante los desmanes de los aparatos de seguridad del Estado. «El gran reto de la comisión es la acción de la justicia ante las graves violaciones de derechos humanos», asegura Francisco Soberón. Donde más ha avanzado la justicia es en relación con el periodo de Alberto Fujimori (1990-2000). Está pendiente la investigación de los Gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, en el periodo 1980-1990.

Tres años de investigación