Con la tramitación del proyecto de ley sobre centros de culto religioso, el Parlamento de Cataluña ha dado un paso más en el desaforado laicismo que caracteriza la política radical del Gobierno tripartito.Para Carod Rovira, este proyecto es un hito en la legislación positiva europea con la finalidad de unificar criterios dentro y fuera de los lugares sagrados y una garantía añadida de la libertad de cultos.
Parece que no es lo que dicen y nunca mejor dicho, «las apariencias engañan», porque lo que se pretende, y en eso sí es un hito, es conferir al Estado, en este caso, al gobierno catalán, una inusitada capacidad de intervención y de decisión sobre un derecho fundamental de la persona: la necesaria materialización de la libertad religiosa y su consecuente libertad de cultos, amén de una discriminación efectiva en la medida en que se ofrecen criterios comunes de ordenación a realidades distintas.
Considero que esta ley es innecesaria en la medida en que la cuestión se regula suficientemente en los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, para la religión católica, y en la Ley Orgánica de Libertad religiosa de 1980, para el resto de las confesiones. Más preocupante, si cabe, es la incógnita sobre el desarrollo posterior de los reglamentos sobre condiciones técnicas que concreten esta ley. La tramitación que ahora comienza pone en peligro una libertad fundamental. Todo un síntoma de lo que se vive en Cataluña. No olvidemos que en los últimos años Cataluña es un tubo de ensayo para la posterior aplicación de leyes en España.