El comunicado de los políticos europeos a comienzos del mes de Febrero, empeñados en levantar muros por todos los lados menos por el lado de los ricos, decía así: «La UE ha decidido atajar el flujo migratorio del Mediterráneo central extendiendo en la práctica su frontera sur hasta Libia, que será el próximo centro de detención y deportación de personas a sus países de origen»
Es una de las decisiones nacidas de La cumbre de La Valeta (Malta) del pasado 3 de febrero, que quedó relegada a un segundo plano en cuanto a atención mediática, parcialmente eclipsada por las duras declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en las que le acusaba de «demagogo» y de representar una «amenaza para la UE», en un contexto referido, precisamente, al veto migratorio impuesto por el presidente norteamericano.
Irónicamente, al mismo tiempo, los países miembros de la Unión Europea aprobaban una declaración que avanzaba en su intención de impedir la entrada en Europa de los flujos migratorios provenientes del sur.
Destinarán nada menos que 130,8 millones de euros al proyecto de convertir Libia en la frontera sur de la Unión Europea.
Los estados firmantes lo explican de esta manera en la propia declaración de la Valeta: «Habida cuenta de los centenares de personas que ya han perdido la vida en 2017 y acercándose la primavera, estamos decididos a tomar medidas adicionales para reducir significativamente los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo central y para desarticular el modelo de negocio de los traficantes, vigilando al mismo tiempo las rutas del Mediterráneo oriental y otras rutas. Intensificaremos nuestra cooperación con Libia como principal país de partida, así como con sus vecinos del norte de África y del África subsahariana». En definitiva, a los empobrecidos no se les deja salida.
A esta estrategia seguida con Turquía o Marruecos por parte de la UE, se suma el hecho de que Libia es un estado fallido, sumido en el caos y en la violencia interna, un país en el que «no se garantizan sus derechos humanos y donde no hay una protección internacional efectiva», tal como señalan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en declaraciones recogidas también por el diario ‘Público’. Según datos de la propia UE, cerca de 1,3 millones de personas se encuentran en situación de “emergencia humanitaria” en Libia.
Redacción: Solidaridad.net