La multinacional hispano argentina Repsol YPF sólo podrá cumplir de momento una parte de su ambicioso proyecto de exportar gas desde Iberoamérica hasta Estados Unidos. Tras firmar el pasado diciembre con Shell Western un contrato de suministro de gas desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense, la petrolera ha sufrido un serio revés con su plan energético en Bolivia. Un ejecutivo de Repsol YPF al afirmar a través de la prensa local el pasado mes de noviembre que por cada dólar que invertía su empresa en Bolivia la ganancia era de diez, cuando lo óptimo en la industria del gas era lograr cinco dólares de rentabilidad.
Fuente: AIS.
La multinacional hispano argentina Repsol YPF sólo podrá cumplir de momento una parte de su ambicioso proyecto de exportar gas desde Iberoamérica hasta Estados Unidos. Tras firmar el pasado diciembre con Shell Western un contrato de suministro de gas desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense, la petrolera ha sufrido un serio revés con su plan energético en Bolivia. La convulsa situación social que vive el país andino y que supuso el cambio de presidente el pasado mes de octubre ha dejado en punto muerto el Plan Pacific LNG, que el consorcio del que forma parte Repsol YPF (junto a sus socios británicos Pan American y British Gas) tenía presupuestado en alrededor de 6.000 millones de dólares y cuyo destino era satisfacer la demanda del Estado de California.
Para ello la compañía petrolera tenía como objetivo transportar gas natural por un gaseoducto desde Bolivia hasta un puerto de la costa del pacífico (Chile o Perú) y después licuarlo en una planta especializada para posteriormente trasladarlo en buques hasta México. Desde allí se transportaría hasta plantas de ciclo combinado ubicadas en Baja California para producir finalmente la electricidad necesaria.
Pero en su intento de llevar a cabo este proyecto la petrolera no contaba con la respuesta social del pueblo boliviano, cansado del “expolio” al que se ven sometidos por parte de las multinacionales. Las protestas populares iniciadas en septiembre se agruparon en torno a la plataforma de la Dirección Única de la Defensa del Gas, que agrupa desde sindicatos, obreros y productores de hoja de coca, hasta el principal partido de la oposición, el Movimiento al Socialismo, dirigido por el líder cocalero Evo Morales. La organización nació para oponerse a la venta de gas natural a Estados Unidos y México sin que antes se aclarasen los beneficios que va a reportar el proyecto a la población local.
La fuerza social que ha adquirido esta plataforma sectorial en defensa del gas es sustancial. En su momento logró desbancar del poder el pasado mes de octubre al entonces presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque para ello el camino se tiñera de sangre: con más de 70 muertos y cientos de heridos. Para atemperar los ánimos su sucesor Carlos Mesa, vicepresidente del dimitido Sánchez de Lozada, se ha visto comprometido a convocar un referéndum vinculante antes de marzo para que sea el pueblo el que decida sobre la exportación del gas natural. Aunque detrás se encierran otras reivindicaciones por parte de los bolivianos.
Y es que la implementación del proyecto implicaría la presencia de un segundo país: Chile o Perú, las dos salidas al mar más cercanas para Bolivia. La primera opción es más factible técnicamente y menos costosa, como así ha reconocido la petrolera española. Pero políticamente entraña mayores riesgos por el profundo sentimiento antichileno que impera en Bolivia. La causa está en que Chile mantiene la soberanía sobre los 120.000 kilómetros cuadrados de litoral que fue boliviano hasta la guerra del Pacífico de 1879 y que dejó al país andino sin salida al mar.
Para encrespar más el ánimo popular, el Gobierno sigue postergando las demandas sociales propuestas y al finalizar el año se encontró de bruces con un déficit fiscal del 8% del PIB, lo que equivale a un agujero financiero de 640 millones de dólares. La administración se ha visto en la necesidad de pedir un préstamo al FMI por valor de 94 millones de dólares con el que solventaría el 15% de la deuda pública generada. Cifra que se suma a un desempleo que llega al 10% de la población –Bolivia tiene ocho millones de habitantes y la mitad está por debajo de la línea de la pobreza– y una inflación del 3,5%, el mismo nivel de crecimiento de los salarios.
Referéndum: “No es vender o no vender”
“Hay una pregunta fundamental que es el núcleo del referéndum. ¿Vender o no vender el gas? Este es el elemento clave”, afirmó Mesa recientemente. Estas manifestaciones parece que deja en manos de los bolivianos la decisión sobre qué hacer con el gas.
El especialista y escritor Carlos Villegas, autor del libro «Privatización de la industria petrolera en Bolivia», pone sobre la mesa un asunto esencial para comprender el paraíso hidrocarburífero que es el país andino para las multinacionales. Villegas recuerda que los dos gobiernos de Sánchez de Lozada suscribieron contratos de garantía con los principales organismos internacionales de inversión con el objeto de evitar nacionalizaciones como resultado de las movilizaciones sociales.
Además, en 1996 el propio ex presidente promulgó la Ley de Hidrocarburos, que diversificaba los campos de gas y eliminaba parte del impuesto conocido como ‘bonosol’: una clara muestra de las garantías gubernamentales a las multinacionales. “Con estos contratos -añade el especialista- Bolivia continuará profundizando las bases para una competitividad espuria, es decir, las grandes empresas aprovecharán simultáneamente la explotación de los recursos naturales y la mano de obra barata”.
Hecho que corroboró un ejecutivo de Repsol YPF al afirmar a través de la prensa local el pasado mes de noviembre que por cada dólar que invertía su empresa en Bolivia la ganancia era de diez, cuando lo óptimo en la industria del gas era lograr cinco dólares de rentabilidad. Dicho cargo de la petrolera señaló además que los costos de la producción del gas en el país andino sólo alcanzan los 0,97 centavos de dólar frente a los 4 dólares que se requiere en Venezuela, México o Argentina. Condiciones muy factibles que no han pasado desapercibidas para las grandes productoras de hidrocarburos, que en su reparto de la tarta del gas boliviano se han topado contra pronóstico con un obstáculo inesperado: la oposición popular. No obstante, ya no está en sus manos el futuro de un recurso que el ex presidente Sánchez de Lozada liberalizó a cambio de nada.
Por Mateo Balín
Periodista
Fecha Publicación: 15/01/2004
NOTAS:
El ejecutivo de la Central Obrera de El Alto denunció que el referéndum que tiene previsto Mesa para el mes de marzo no se refiere a la re-nacionalización de los hidrocarburos ni a la derogación del decreto 24806 «que otorga la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales en boca de pozo. De acuerdo a un estudio oficial, publicado por la revista Global Upstream Performance Review 2003, «El costo promedio de la producción de un barril equivalente de petróleo es de 5,6 dólares a nivel mundial, pero en Bolivia ese costo se reduce, en el caso de Repsol-YPF a tan sólo un dólar y en el de Amoco a 0,97 dólares (Niko Resources, 0,87 dólares, y también son muy bajos los costos de Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican y Shell)».
CAMPAÑA CONTRA REPSOL
Fuente: https://argentina.indymedia.org/
Se inicia una campaña contra la Transnacional Repsol por sus políticas de expolio en Iberoamérica como el caso de la Guerra del Gas en Bolivia o YPF en Neuquen
Las inversiones de Repsol en América Latina se han traducido en una espiral de violencia y represión que ha llevado a los responsables de la empresa a alinearse con las posturas más depredadoras. En nombre de un «progreso» que nunca llega, se deforestan miles de hectáreas de bosques vírgenes, se contaminan espacios protegidos y se destruyen culturas milenarias. Una vez se han desangrado las tierras, lo que queda es un paisaje yermo en el que la vida se vuelve imposible. Es una historia que se repite una y otra vez, la de un genocidio perpetrado en aras del «desarrollo».
Sin embargo, la resistencia de los pueblos también es fuerte. Hace sólo dos meses, el pueblo boliviano, encabezado por los indígenas aymaras, se levantó contra el proyecto de venta de gas natural a Estados Unidos, un proyecto en el que participa Repsol. Las manifestaciones pacíficas fueron contestadas por el poder con el único lenguaje que éste entiende: la violencia. Más de 80 bolivianos de todas las edades cayeron bajo las ráfagas de ametralladoras de un poder lejano que toma sus decisiones en Madrid, Washington o Londres. El presidente Sánchez de Lozada, enfermo de sangre, siguió reprimiendo y matando hasta el último momento, acusando a los manifestantes de ser «narcotraficantes» y presentándoles como un «peligro para la democracia». Ni que decir tiene que, incluso en los momentos más atroces de su régimen, Sánchez de Lozada contó con el apoyo de las embajadas norteamericana y española. Hoy, Sánchez de Lozada se encuentra en Miami protegido por el gobierno Bush, pero no debemos olvidar que su sucesor, el multimillonario Carlos Mesa, ya ha anunciado que el proyecto de Repsol es «fundamental para el país».
Y de hecho, sólo en Bolivia, Repsol ha invadido 17 territorios indígenas y 7 áreas protegidas, en un proceso inexorable de expansión que está poniendo en riesgo la propia supervivencia de pueblos originarios como los yuracaré, los moxeños, los mosetenes o los chimanes. El discurso falaz de que sólo la venta del gas natural va a permitir el «desarrollo» del país ya no se sostiene. Las inmensas riquezas naturales de Bolivia -estaño, plata, caucho, maderas preciosas, recursos hídricos…- han sido esquilmadas una tras otra sin que los ciudadanos bolivianos hayan recibido nada a cambio, excepto muerte y desolación. Y la situación de Bolivia es un claro ejemplo de lo que ocurre en el resto del continente, desde Trinidad y Tobago -donde Repsol acaba de obtener la explotación de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural- hasta Argentina, Ecuador o Colombia.
La política de Repsol en América Latina constituye una amenaza directa para el pueblo waorani de Ecuador, 1.300 personas que ven cómo su territorio tradicional, entre los ríos Napo y Curaray, se llena de residuos y vertidos tóxicos. Repsol también actúa como socio de OCP Ecuador, la compañía que construirá el «oleoducto de crudos pesados» que se ha convertido en una de las obras de ingeniería civil más gigantescas del país. Esta compañía ha invadido una inmensa área protegida y ha destruido cientos de hectáreas de selva virgen, causando daños irreversibles en el ecosistema.