En la Unión Europea se está negando el derecho de asilo a miles de personas que se han visto obligadas a salir de países como Libia, Túnez o Egipto por la situación de guerra que viven, financiadas entre otros por estados europeos.
Ha sido vergonzoso el bochornoso espectáculo en el seno de la Unión Europea debatiendo por modificar los apéndices legales de la zona Schengen, para no tener que acoger a los refugiados que llegaron a Italia o Malta procedentes de estos países en guerra.
Ante la laxitud de auxilio en el mar por parte de buques europeos, la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha tenido que insistir en la obligación marítima de auxiliar a los barcos que se encuentren a la deriva o en peligro, sean de la nacionalidad que sean.
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha publicado un Informe reciente en el que reitera que, debido al descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, Europa depende de los inmigrantes para mantener el nivel de protección social, especialmente las pensiones. En concreto, antes del año 2.060 Europa va a necesitar 52 millones de personas para no bajar su crecimiento económico.
Por ello, la Comisión Europea ha establecido nuevas medidas para reforzar la contratación selectiva de mano de obra extranjera no comunitaria, entre ellos programas para promover la mano de obra inmigrante cualificada facilitando visados de la Unión Europea a investigadores, empresarios y a los estudiantes que posean un alto rendimiento académico.
Este proyecto incluye acuerdos con los países de Túnez, Marruecos y Egipto, por los que a cambio de facilitar la entrada de nacionales de estos países, se comprometen a reforzar la vigilancia militar en sus fronteras para evitar la salida de inmigrantes por vías clandestinas. Una vez más los africanos obligados a ser gendarmes de sus propios compatriotas.
Realmente es un «negocio redondo» para la Unión Europea, que recibe los extranjeros que necesita para sanear su economía y mantener un cierto nivel de prestaciones; aquí llegan las personas jóvenes, las más preparadas y mejor formadas, pero todo ello a costa del empobrecimiento de los países del Sur.
En España ya se están aplicando estas medidas con la aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería. Entre otros, proporciona a los inmigrantes con tarjeta azul, mayores derechos sociales que al resto de sus compatriotas, por ejemplo poder obtener el permiso de residencia y la reagrupación de sus familias al mismo tiempo (art. 83 R.D. 20/04/11), algo impensable para la mayor parte de los inmigrantes que deben acreditar medios económicos, una vivienda adecuada y residir en España con tarjeta de residencia al menos un año antes de la solicitud (arts. 54, 55 y 56), provocando la división entre los inmigrantes y convertirse en ciudadanos de primera o de segunda.
Los inmigrantes están siendo utilizados como moneda de cambio, para llegar a acuerdos políticos entre países, y como elemento de control para atemorizar a la sociedad. Sirva como botón de muestra el aumento de partidos de ideología xenófoba que han obtenido incluso representación política en algunos municipios en las pasadas elecciones municipales españolas.
Es urgente que Europa revise la política migratoria y derogue estas leyes que quieren convertir a las personas en mercancía, desde aquí defendemos la dignidad de los migrantes como personas. Exigimos que las medidas que debe tomar la Unión Europea en primer lugar sean para acabar con el robo Norte-Sur.