El celular de Ramiro Cayola siguió encendido y recibiendo notificaciones de nuevos pedidos tras ser embestido en su bicicleta por un camión que lo mató al instante el 12 de abril en Buenos Aires.
El boliviano de 20 años llevaba en su espalda una caja de la empresa colombiana de ‘delivery’ Rappi, que ha tenido un crecimiento espectacular en Suramérica en sus pocos años de vida.
Una marea de ciclistas y motociclistas naranja, el color que identifica a la plataforma, ya circula por las calles de siete países -Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia- y 50 ciudades de la región.
La muerte del joven migrante alimentó el creciente malestar de los miles de empleados de estas aplicaciones de entrega a domicilio como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats, que han denunciado la falta de derechos laborales básicos y la exposición a distintos riesgos.
En varios países se han oído quejas sobre la llamada Amazon de Colombia por parte de los repartidores, los rappitenderos.
Rappi evita calificarlos de trabajadores. «Son personas independientes que buscan ingresos extra para hacer realidad sus proyectos personales y profesionales», dijo un portavoz de la empresa, cuyo lema es ‘Sé tu propio jefe’.
Pero a ojos de algunos de ellos, esta independencia esconde una precariedad laboral alarmante.
«Para Rappi no somos empleados, no firmamos ningún tipo de contrato. No tenemos prestaciones, no tenemos ni salud, ni pensiones. Nada», asegura Kevin Ardila, vocero de los rappitenderos en Colombia, que realizan tareas como entrega de comida o medicamentos a domicilio, pago de facturas o hasta compras en el supermercado.
No somos empleados, no firmamos ningún tipo de contrato. No tenemos prestaciones, no tenemos ni salud, ni pensiones. Nada
Los repartidores tienen un seguro que los cubre únicamente mientras realizan entregas y una póliza de responsabilidad frente a terceros. Y como las demás empresas del sector, a excepción de la uruguaya PedidosYa, Rappi no les da casco, luces o indumentaria reflectante.
Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en abordar este problema. Días antes de la muerte de Ramiro Cayola, un juez ordenó suspender estos servicios de entrega a domicilio hasta que las empresas cumplieran con las normas de seguridad para los trabajadores que se desplazan en bicicleta. La decisión se basó en un informe policial que arrojó cifras alarmantes: un 77 por ciento de los trabajadores de estos servicios se traslada con mochila (en forma de caja) en la espalda, en vez de llevarla asegurada en la bicicleta, un 67 por ciento no usa casco y 70 por ciento no cuenta con seguro.
Estudiantes, jóvenes profesionales, personas que buscan ingresos extra y, sobre todo, libertad. Ese es el perfil de los rappitenderos, según la empresa.
«No hay ninguna relación de subordinación, no cumplen horario, no tienen exclusividad», dice Rappi.
El periodista chileno Sebastián Palma vivió en carne propia lo que es ser un rappitendero para un reportaje publicado en la revista El Sábado. El perfil que encontró entre sus colegas dista del que describe la compañía. «Hay muchos venezolanos, son la mayoría», detalla Palma.
La empresa no da, sin embargo, ninguna cifra sobre qué porcentaje de los 100.000 repartidores que circulan por la región son inmigrantes.
Los rappitenderos obtienen sus ganancias del valor de la entrega de cada pedido -que dependerá de la distancia y otras variables- y de las propinas, según dijo la
empresa.