Allí corren el riesgo de ser atacados y robados por las bandas organizadas que operan en la zona. Dio a luz entre los árboles de un bosque. A los seis días, cuando todavía se recuperaba del parto y con su bebé en los brazos fue arrestada por la policía marroquí por no tener papeles.
Pasó cinco noches encerrada con su hijo en un calabozo y después deportada a la frontera entre Argelia y Marruecos. Allí pasó los días, andando por el desierto, sin agua y sin comida, y durmiendo a la intemperie. Ahora vuelve a estar en Oujda, de donde la echaron, escondiéndose. Su historia resume las deportaciones de subsaharianos que Marruecos lleva a cabo desde hace años y que han sido denunciadas por numerosas organizaciones.
Médicos Sin Fronteras asegura que esas expulsiones al desierto se han intensificado en los últimos meses y que la presión policial sobre los barrios de las ciudades y los bosques próximos donde viven los inmigrantes es cada vez más fuerte, llegando incluso a deportar a mujeres embarazadas y niños, violando así su propia ley de extranjería. O a personas que han solicitado asilo en el país y cuyo expediente todavía no se ha resuelto. Nos lo confirma por teléfono uno de esos inmigrantes que vive en Oujda, la ciudad más cercana a la frontera entre Argelia y Marruecos desde el lado marroquí.
«Desde el Ramadán, las redadas y las deportaciones son más habituales. Cada dos o tres días. Vienen policías, militares, marroquíes a cualquier hora, la última vez, a las cuatro de la mañana. Viene a la facultad (donde viven los inmigrantes), golpean a la gente, hay muchos heridos, y se los llevan al desierto. Mujeres, niños, hombres. Se los llevan al desierto y allí no hay agua. No hay donde buscarla».
Él es de Mali y lleva tres años en Marruecos. Dice que ha sido diez veces deportado al desierto pero siempre vuelve. «¿Y qué puedes hacer? Volver a Marruecos, una y otra vez. Hay gente que muere en el desierto». Para buscar a los inmigrantes la policía marroquí va a los bosques donde sabe que hay levantados campamentos. Allí los persiguen, los detienen y una vez que se los han llevado, lo destruyen todo y se llevan sus pertenencias. «Ellos en uno, dos o tres días están de nuevo en el lugar. Sin dinero, ni comida, ni sus cosas. Se ven obligados a mendigar y recibir ayuda de las pocas organizaciones que trabajan en el país», asegura Jorge Martín, coordinador general de MSF en Marruecos. En el caso de ciudades como Alhucemas, Nador, Tánger, Rabat, Casablanca y Fez, se dirigen a los barrios donde se concentra más población inmigrante.
«Entran en las casas y les piden los papeles. Lo están haciendo de forma masiva. En los dos últimos años eran excepcionales los arrestos masivos de este tipo pero han comenzado de nuevo», afirma Martín. En muchas de estas redadas, la policía utilizó excavadoras y helicópteros en el caso de Nador.
«Entran en los bosques, en las casas, los golpean y se los llevan. Hay muchos heridos», relata el joven de Malí quien a lo largo de la conversación no deja de agradecer que alguien «cuente lo que pasa aquí». Heridos durante las detenciones policiales y heridos también durante el camino de vuelta al lugar de donde los expulsaron. En su deportación corren el riesgo de ser atacados y robados por los bandidos y contrabandistas que operan en la zona donde son abandonados. Muchos inmigrantes son golpeados y las mujeres son castigadas, además, con violaciones. La organización afirma que en los últimos años había habido avances en el acceso de los inmigrantes a los servicios sanitarios, pero que están deportaciones significa un paso atrás del que las autoridades locales ni siquiera se pronuncian.