Hecha la ley, hecha la trampa. Así puede interpretarse la caída en picado que ha sufrido el número de inmigrantes inscritos en la Seguridad Social acogidos al proceso de normalización del año 2005.
Los datos oficiales dicen lo siguiente:
Hasta el pasado día 22 de diciembre, 572.961 extranjeros habían sido autorizados a residir en España por parte del Ministerio de Trabajo tras acreditar la existencia de una relación laboral, lo que obliga a la correspondiente alta en la Seguridad Social. Sin embargo, y según dados proporcionados el pasado martes por el propio departamento que dirige Jesús Caldera, el número de afiliados extranjeros en alta al 31 de diciembre “dentro del proceso de normalización” asciende a 465.961.
¿Qué quiere decir esto?
Pues que 107.000 trabajadores que obtuvieron el permiso de trabajo como consecuencia de haber acreditado la documentación requerida se han evaporado de las listas oficiales. Dicho en otros términos: han vuelto a la economía sumergida. Nadie cree que los inmigrantes hayan regresado a sus países de origen.
El descenso es verdaderamente relevante si se tiene en cuenta que la caída se ha producido en un contexto de fuerte creación de empleo, lo que aleja la idea de que un recorte de la ocupación se haya podido cebar en el sector más desfavorecido, que normalmente son los inmigrantes dada la naturaleza de sus contratos, fundamentalmente de carácter temporal.
Según fuentes que conocen bien el proceso de regularización, detrás de este fenómeno puede esconderse el agotamiento de la presión que hizo el Gobierno sobre los empleadores en el momento en el que lanzó la idea de proceder a la normalización laboral de cientos de miles de inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España. En aquel momento, Trabajo reforzó los servicios de inspección, lo que animó a muchos empresarios a dar de alta a sus trabajadores. Una vez transcurrido un plazo mínimo de unos seis meses –según esas mismas fuentes-, los empleadores han comenzado a no renovar las altas a la Seguridad Social, con el objetivo evidente de ahorrar costes en sus explotaciones.
Cobrar en negro
En otros casos, son los propios inmigrantes los que prefieren cobrar en negro para no pagar a Hacienda, pese a que su situación de irregularidad les supondrá a la larga una merma de sus ingresos en términos de protección social.
Otro factor que puede haber influido en la caída del número de afiliados a la Seguridad Social puede estar vinculado al hecho cada vez más frecuente de que muchos empresarios despiden al comienzo de unas vacaciones a un trabajador, a quien vuelven a contratar al final del periodo de descanso. Este fenómeno está especialmente extendido en la construcción, sector que absorbe a la mayoría de la inmigración.
Según los datos de la Seguridad Social, de los 465.961 inmigrantes del proceso de regularización dados de alta, casi el 50% están afiliados al Régimen General, mientras que el 35% cotiza como empleado de hogar. El 14% lo hace como autónomo, principalmente en el sector del transporte.
Fuente: El Confidencial