El país realiza redadas masivas y exige grandes cantidades por evitar la expulsión. Los inmigrantes se convierten moneda de cambio.
Como cualquier otra tarde, Baba Umar paseaba el 28 de abril por el mercado de Nuadibú, la segunda ciudad más importante de Mauritania. Este peluquero nigeriano sintió entonces cómo el país en el que lleva viviendo cinco años se había convertido en territorio hostil. Fue arrestado y trasladado a un centro de detención para inmigrantes. Debía pagar una suma importante para evitar la expulsión del país a cambio de la residencia legal durante un año. “Los 30.000 UM (75 euros) que piden es una fortuna aquí. Para mucha gente es el sueldo de dos meses”, explica Père Jérome, coordinador de la Misión Católica en Mauritania. El caso de Umar, que fue liberado la mañana siguiente gracias al dinero que le mandaron unos amigos desde Nigeria, no es aislado. “Esto solía pasar, pero no con la magnitud con la que está ocurriendo ahora. Las autoridades están llevando a cabo un arresto masivo”.
La llegada de inmigrantes rumbo a Ceuta y Melilla convirtió a Mauritania en un punto de partida hacia Canarias. La presión de la UE llevó a las autoridades del país a endurecer sus controles migratorios. «Los inmigrantes se han convertido en un objetivo de la policía. Llevan a cabo redadas constantes que suelen desencadenar en represiones», asegura el abogado Niane Youssouf, que trabaja con la Asociación Mauritana de Derechos Humanos. La mayoría de los extranjeros que viven en Mauritania proceden de países subsaharianos. «No tienen formación, acaban desempeñando empleos precarios y están muy expuestos a todo tipo de abusos laborales».
Vas caminando por la calle y de repente te detienen como si fueras un criminal
Baba Umar, inmigrante nigeriano arrestado en Mauritania
Umar, de 34 años, dejo hace cinco Nigeria, donde vivía con sus cuatro hermanos. “En países pobres como Mauritania, los inmigrantes son un objetivo fácil y resulta muy sencillo decir que se están quedando con el trabajo”, describe Eva Svodoba, investigadora sobre política humanitaria en el think tank Overseas Development Institute. El peluquero denuncia un trato despectivo durante unas horas que le parecieron años: “Los policías se comportan de una forma muy agresiva. No quieren escuchar y están forzando a la gente. Es muy embarazoso porque vas caminando por la calle y de repente te detienen como si fueras un criminal”.
Las expulsiones no están basadas en un procedimiento legal, sino en una medida administrativa tomada por el principal organismo policial. «La política de arrestos masivos continúa, especialmente en las áreas portuarias», relata el abogado Youssouf. Aunque no hay datos precisos de cuántos inmigrantes han sido detenidos en las últimas fechas —las ONG no tienen acceso a los lugares de detención ni pueden facilitarles asistencia de ningún tipo—, la magnitud de las redadas se ha hecho notar en el país. «Las detenciones se llevan a cabo con una opacidad total, sin ningún tipo de control judicial. Sin embargo, sabemos que las siete comisarías policiales y las cuatro brigadas participaron y mantuvieron retenidos a los inmigrantes en sus dependencias».
Niane Youssouf, abogado que trabaja con una ONG mauritana
“Cada país puede decidir qué nacionalidades deben pagar y cuáles no. La cuestión es que si una persona llega al país con su vida en peligro debe ser protegida. Trazar la línea entre inmigrantes y refugiados no es fácil. Un Gobierno tiene la responsabilidad de verificar por qué esa persona está en su territorio”, analiza la investigadora. El responsable de la Misión Católica denuncia una persecución indiscriminada en los últimos días, tanto en lugares masificados como en domicilios, pidiendo el permiso de residencia. «Si les dices que tienes el papel en casa te detienen igual», asegura Umar, que paso la noche junto con otro centenar de detenidos: “Dormimos en el suelo y no nos dieron nada de comer”. Los que no pueden hacer frente al pago son deportados al cabo de unos días.
El proceso de expulsión está plagado de incertidumbres. «Si no puedes verificar de dónde viene alguien, no puedes enviarle a un país que no es el suyo. Muchas veces se expulsa a la gente de una forma nada humanitaria, sin ningún medio o dinero, algo muy peligroso», explica Svodoba. Es el punto final de una aventura con más esperanzas que medios. «No están bien informados de los peligros de dejar su país. Lo hacen porque creen que tendrán una vida mejor en cualquier lugar, pero sufren segregación, viven en la ilegalidad y no tienen acceso a sanidad ni a sus familias. Muchas veces viven peor de lo que vivirían de vuelta a casa».
Muchos inmigrantes han ido desde Malí o Mauritania rumbo a Argelia, Túnez o Libia
Eva Svodoba, investigadora de política humanitaria
El debate de la inmigración ha crecido como resultado de la primavera árabe y las esperanzas depositadas en los países en los que esta floreció en 2011. «Muchos inmigrantes de África occidental han ido desde Malí o Mauritania rumbo a Argelia, Túnez o Libia», explica la investigadora. Las vidas de miles de soñadores han acabado sepultadas en el mar. «La sociedad civil de países como Senegal, donde muchas familias ni siquiera saben que sus familiares se han ahogado, está reaccionado para presionar a los Gobiernos».
La gestión de la inmigración sigue siendo el gran objetivo pendiente para decenas de países. «África ha estado en las rutas migratorias durante cientos de años. En las últimas décadas, las fronteras y los problemas políticos han agudizado el problema», subraya Svodoba. La cuestión esencial no ha cambiado: ¿Por qué decide una persona cambiar de vida? «No es una decisión que se tome a la ligera y muchos mueren intentándolo. No somos empáticos y lo cierto es que entender los motivos por los que alguien decide migrar ayudaría mucho». Mientras, los inmigrantes se enfrentan a un dilema diario, a elegir el menor de los males: asumir las heridas de una vida en la clandestinidad o enfrentarse a gobiernos que buscan a un chivo expiatorio.
Autor: Luis Javier González