«Palmario hacinamiento y escasez de espacio»; «habitaciones absolutamente inapropiadas»; «estancias sin cuarto de aseo»; «ni tan siquiera existe una habitación de enfermería donde los internos enfermos puedan estar aislados de los sanos».
Esta descripción de las carencias del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIIE) de Aluche, en Madrid, no corresponde a una de las múltiples ONGs que durante años han elaborado informes quejándose de la situación de estos centros, sino que consta en un auto judicial de 21 de diciembre de 2011 emitido por el magistrado Ramiro García de Dios, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, uno de los tres que se encarga del control del CIE de Aluche.
La resolución, ha venido precedida de una muerte, la de la ciudadana congoleña Samba M., que falleció por una meningitis. El director del CIE, como es preceptivo, lo notificó por fax al juzgado. Un día después de recibirlo, el magistrado García de Dios dictó una resolución en la que ordenaba al director que habilitara «cuantas habitaciones fuesen precisas» para alojar a las personas internadas que hubieran tenido contacto con la fallecida si así lo disponían los servicios médicos —»licenciados en medicina, no simples enfermeros», exige el auto del juzgado—.
El juez va más allá. En los fundamentos de derecho de la resolución habla de las «diversas visitas personales» que ha realizado al centro, en las que ha podido «constatar el palmario hacinamiento» del CIE, donde «no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples tan siquiera, sino que mayoritariamente existen habitaciones absolutamente inapropiadas». «No resulta por tanto extraño, desde el punto de vista técnico, que enfermedades infecciosas como cierto tipo de meningitis se puedan propagar con extrema y alta facilidad».
El magistrado argumenta, además, que «lógicamente», que no haya una habitación específica para los enfermos «facilita la propagación de enfermedades vía contagio». «Pero, al parecer», señala con ironía, «tal evidencia no ha sido constatada por el señor director y por los responsables máximos del centro». El juez ordena al director que sean enviados al hospital los internos con enfermedades contagiosas y asegura que «de una lectura integral y sistemática de la documentación remitida no parece concluirse que la difunta doña Samba M. haya sido diagnosticada a tiempo», lamenta el auto.
La resolución, extremadamente dura hacia las condiciones que sufren los internos, no es la única en este sentido. El pasado 25 de noviembre, los tres juzgados de Madrid implicados en la materia acordaron exigir al director del CIE que garantice «que los internos puedan realizar sus necesidades por la noche» si las habitaciones se mantienen cerradas, y que tengan acceso a un aseo «en un plazo máximo de tres minutos». Los magistrados habían recibido multitud de quejas en las que los internos relataban que no se les permitía ir al baño por la noche y que tenían que usar los lavabos o bolsas de plástico. Y aseguraban que, si llamaban para salir del cuarto, no se atendían sus peticiones. El 28 de enero de 2010 los jueces ordenaron al centro que «subsanara la falta de inodoros en los dormitorios». El director contestó que él no tenía capacidad para ello y que daba traslado de asunto a las autoridades superiores. Un año y once meses después, y ante la falta de respuesta, los jueces han exigido que, al menos, se les deje salir al baño.
Previamente, a finales de enero, el magistrado García de Dios ya ordenó al director del CIE que facilitara el acceso de las ONG al centro tras constatar que solo se les permitía entrar por las tardes coincidiendo con las visitas de sus familiares o amigos, «lo que dificulta y en muchos casos imposibilita la efectividad del derecho a los internos a ser visitados por miembros o asistentes de ONG», señalaba en esa resolución.
El reglamento de los CIE es una de las cuestiones que ha dejado pendientes el Ejecutivo socialista y que tendrá que asumir el nuevo Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz. «No solo hay deficiencias en Madrid, son generales, y la única manera de acabar con ellas es que se apruebe el reglamento que prevé la Ley de Extranjería de 2009», señala Cristina Manzanedo, coordinadora del informe Miradas tras las rejas, elaborado por la ONG Pueblos Unidos. «Pedimos al nuevo Gobierno que elabore una norma garantista, respetuosa con los derechos y libertades de las personas; que los CIE dejen de gestionarse como si fueran cárceles, porque no lo son, ya que los internos no han cometido delitos sino faltas administrativas; y que se cuente con la experiencia de las asociaciones, universidades y colegios de abogados».