La difícil situación en la que se encuentran las personas migrantes recluidas en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en España está fuera del debate político, es ignorada por los grandes medios de comunicación y desconocida para la mayoría de la población. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) vuelve a llamar la atención sobre esta realidad con el Informe CIE 2023. Internamiento muteado, presentado el pasado 10 de junio en el Congreso de los Diputados.
Un año más, el informe refleja las problemáticas detectadas por los grupos de voluntarios que visitan a los internos en los CIE de Madrid, Valencia, Algeciras y Barcelona, con el doble objetivo de acompañar a estas personas y recoger sus testimonios, a fin de identificar y denunciar vulneraciones de derechos.
El año pasado fueron internadas 2.021 hombres y 64 mujeres. Se identificó a dos menores y 877 detenidos solicitaron asilo. La media de estancia en los centros fue de algo más de 30 días, y de cada diez personas internadas, seis acabaron siendo expulsadas del país y cuatro puestas en libertad. «¿Para qué este sufrimiento cruel e ineficaz?», cuestionó Josep Buades Fuster, uno de los autores del informe, que indica que tan solo un tercio de las personas expulsadas del Estado español durante 2023 lo hicieron desde CIE.
María Morell, abogada, coordinadora del equipo del SJM que visita el CIE de Valencia-Zapadores y coautora del informe, relató las condiciones en las que viven los internos, la mayoría con un alto arraigo en España –«algunos con más de 20 años en el país»–, haciendo hincapié en la preocupación por la nula atención a los problemas de salud mental. «Las personas internas en CIE se enfrentan de manera no planificada a dinámicas caracterizadas por la despersonalización, la incertidumbre, la confusión y el aislamiento en una situación de tensión. Los CIE generan un impacto negativo en la salud mental de las personas que se encuentran detenidas o exacerban aquellos problemas con los que ya venían. Generan daño psicológico a largo plazo, como la sensación de inseguridad, depresión o ansiedad».
Paloma Aguilera, médica jubilada y voluntaria, compartió denuncias de las personas visitadas, como un trato humillante por parte de funcionarios policiales –«Son llamados por un número y no por sus nombres, reciben insultos racistas, son esposados para los traslados al hospital o para cualquier gestión»– o malas condiciones higiénicas –«Una cuchilla de afeitar para cuatro personas, suciedad en las sábanas y en las mantas, prohibición de ducharse como castigo…»–. También puso de relieve las trabas con las que se encuentran las entidades sociales para realizar las visitas.
La posición del SJM es clara y pide que se cierren. «Es una medida innecesaria y costosa. Es injusta y genera mucho sufrimiento», concluyó Buades. «Cuanto más conocemos el internamiento en los CIE, más convencidos estamos de que debería ponerse fin a esta institución. Mientras tanto, tenemos mucho que hacer».
