Más de 2.000 menores sufren abusos mientras conviven con sus padres en las prisiones del país andino.
El dramático caso de una niña de 12 años que durante cinco años fue violada repetidamente por su padre, su tío y un padrino en una celda dela cárcel de San Pedro en La Paz ha desbordado la indignación ciudadana y ha forzado a las autoridades a anunciar la salida paulatina de las prisiones bolivianas de todos los niños mayores de seis años. La niña, cuyo nombre no fue revelado, está embarazada de dos meses y está recibiendo tratamiento psicológico. La madre de la niña está siendo investigada bajo sospecha de haber permitido los abusos.
La medida ha desatado las protestas de los padres encarcelados que no desean separarse de su prole o que argumentan que en la calle estarán peor que entre rejas. Pero el problema es tan grave en Bolivia que hay poco margen para la negociación. En las cárceles del país más de 2.100 niños acompañan en el penal a su padre, su madre, o a ambos. Junto a ellos, conviven otros 13.000 menores privados de libertad por diversas causas: asesinato, narcotráfico, hurto, estafas y violación, entre otros delitos, en las penitenciarías de Bolivia.
Hasta el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Denis Racicot, ha intervenido en el debate para pedir al Gobierno boliviano que tome cartas en el asunto. Racicot recordó, además, que el problema es más dramático en el país andino que en cualquier otro de América Latina.
“Es un problema difícil y complicado”, explica la coordinadora de la Pastoral Penitenciaria, la religiosa española María Ángeles González, mientras advierte que mientras se intenta defender unos derechos se puede atentar contra otros, fundamentales. “Los niños tienen derecho a estar con sus padres, a que los cuiden y que los amen. El estímulo afectivo es sumamente importante en el desarrollo” del ser humano, afirma la religiosa que semanalmente visita las seis cárceles en Cochabamba. Conoce de cerca la situación de los menores que en el día van a la escuela y regresan al hacinamiento para estar con sus padres y hermanos.
“Es una situación de pobreza, de mucha pobreza”, dice González. Cuenta que, en algunos casos, toda una familia se queda sin nada por pagar el coste del juicio. Si la pareja —generalmente la mujer— tiene que salir a trabajar, los niños no pueden quedarse solos. Entonces, todos van a vivir a la cárcel y se acomodan como mejor pueden.
En un artículo publicado recientemente en el diario paceño La Razón, la periodista Lucía Sauma relata que en 2008 decidió hacer un programa de radio desde el penal de San Pedro, pues había sido alertada por una trabajadora social sobre la presencia de muchos menores en ese centro. “Cuando llegué, vi cómo salían pequeñitos que aparecían como fantasmas de la boca negra de alguno de los incontables pasillos, recovecos y huecos que tiene esa cárcel (…) Conocí a dos hermanitos que ganaban dinero cumpliendo encargos de pequeñas compras o llamadas telefónicas para los presos, en el horario de la tarde, cuando salían a su escuela en Villa Fátima. Su mamá los dejaba a cargo del padre, mientras ella hacía negocios en el Alto Beni. Se quedaban meses encarcelados por la mañana y libres por la tarde”.
Las autoridades penitenciarias planean llevar a los menores a hogares de acogida. La coordinadora González admite que estos hogares no son seguros, después de los graves problemas que se han dado en varios de ellos cuando se puso en evidencia que los niños mayores seguían el ejemplo de algunos de sus cuidadores, que abusaban sexualmente de los pupilos más jóvenes o nuevos. La propuesta de la Pastoral de Cochabamba es construir edificios anexos a las cárceles para albergar a los niños sin separarlos de sus padres, de modo que puedan mantener “el núcleo integrador de la familia”. Los niños no ingresarían a los recintos donde se encuentran los reos, que no están discriminados por delitos, pero los padres tendrían acceso a las habitaciones de los menores.
La situación de los niños ha puesto en evidencia un complejo y grave problema en Bolivia: Hay pocas cárceles y las mayoría de ellas superpobladas y con infraestructuras inadecuadas, carentes de políticas de reinserción, además de un sistema judicial desesperadamente lento que agrava la situación de pobreza de los detenidos preventivamente (sin sentencia), que representan un 76% de la población en las cárceles.
Fuente: El País