La empresa transnacional no admite la responsabilidad en enfermedad y muerte de trabajadores. Más de 3,000 trabajadores del Ingenio San Antonio, de propiedad del Grupo Pellas, han fallecido desde 1990 por insuficiencia renal crónica (IRC) y actualmente más de 5,000 han contraído la enfermedad a consecuencia del uso masivo de agrotóxicos y la contaminación de recursos hídricos, según la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC). «Tomamos los datos de mortalidad del Ministerio de Salud del 2005 y calculamos la tasa nacional que resultó ser de un paciente por cada 10,000 habitantes», dijo. «Nos dimos cuenta que esa tasa se quintuplicaba en la zona de occidente y se disparaba a 13 por cada 10,000 habitantes en algunos municipios».
El Ingenio San Antonio pertenece a Nicaragua Sugar Estates Limited, una de las empresas del Grupo Pellas. Su principal actividad es la producción de azúcar —incluida la elaboración del ron Flor de Caña—, etanol y energía eléctrica. Está ubicado en Chichigalpa, en el norteño departamento de León, a dos horas de Managua, la capital.
Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, relató a la periodista italiana Cristina Artoni que «en 1969 la familia Pellas adquirió grandes extensiones de tierra en esta zona del país para el monocultivo de caña y la producción de licor. Todos nosotros somos trabajadores del sector agroalimentario. A partir de 1990, en la ciudadela que la empresa había creado para los trabajadores, comenzó a morir gente, y seguían muriendo y muriendo. Comenzamos a protestar y aconsejamos a los Pellas que cerraran la ciudadela. La cantidad de muertos aumentó de manera impresionante».
Ríos precisó que los Pellas, originarios de Génova, Italia, se establecieron en Nicaragua a fines del siglo XIX. «En 100 años levantó la empresa más importante del país. Ahora el señor [Carlos] Pellas dice que no quiere oír hablar de indemnizaciones, pero queremos recordarle que es responsable de la realidad que estamos viviendo».
Pozos contaminados
La empresa, que niega cualquier responsabilidad, acusa a los enfermos de ser borrachos y drogadictos y que son otras las causas de la enfermedad. Sin embargo, un estudio del 2006 de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), referido por Artoni, encontró que 95% de los 26 pozos que abastecen el territorio noroeste del país y 95.7% de las muestras de 65 pozos familiares están contaminados con heces, herbicidas, bacterias y agrotóxicos.
De acuerdo con una reciente investigación realizada por la UNAN-León, existe una posible relación causa-efecto entre la actividad laboral y la IRC.
La doctora Cecilia Torres, investigadora de Salud Ocupacional de la UNAN-León, en declaraciones recogidas por la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), indicó que entre los principales factores de riesgo de la IRC en Nicaragua se encuentran los neurotóxicos ambientales, como los metales pesados —arsénico, cadmio y plomo— y agroquímicos como aldrin, clorotalonis, maneb, sufato de cobre, endrin y nemagón.
El doctor Jesús Marín, director del Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas (CIVATOX) del Ministerio de Salud, manifestó que desde 1998 se ha observado «un gran aumento en las estadísticas de la IRC a nivel mundial, tanto de mortalidad como de morbilidad».
La Sociedad Latinoamericana de Nefrología establece que el promedio de mortalidad por IRC debería ser de 130 pacientes por millón, pero en León y en el departamento vecino de Chinandega, la mortalidad alcanza a los 500 pacientes por millón. Incluso en algunos municipios esas cifras se triplican, explicó Marín a la Rel-UITA.
Este caso recuerda a los miles de trabajadores bananeros afectados por el uso del agroquímico nemagón, nombre comercial del dibromocloropropano (DBCP), quienes llevaron a juicio a las transnacionales Dole Food, Dole Chemical, Shell Chemical, Occidental y Standard Fruit.
En el 2004, un tribunal en EEUU ordenó a Schell Chemical y Dole Food pagar una indemnización de US$82.9 millones a 81 mujeres campesinas que enfermaron por el uso del agroquímico. Tres años después, un jurado de California ordenó a Dole Food pagar una indemnización de $2.5 millones a seis trabajadores bananeros de la empresa Standard Fruit —que forma parte de Dole— que quedaron estériles debido al uso del nemagón. La corte encontró culpable por negligencia a la empresa por haber ocultado los daños que el pesticida causa al sistema reproductivo. El producto está prohibido en EEUU desde 1979, pero en Nicaragua continuó usándose hasta 1981.
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