Las leyes parecen haberse vuelto locas. El anterior gobierno buscó hacer pedagogía con el pueblo dictando leyes con el descarado objetivo de amaestrar y modelar el comportamiento y la forma de pensar de los españoles.
El nuevo gobierno nos ha inundado con una oleada de normas de nuevo cuño con uso masivo de mentiras en forma de eufemismos y uso de palabras fetiche. La baja calidad democrática se advierte enseguida cuando se legisla por decreto orillando al parlamento y presentando con power points las leyes cocinadas con banqueros y agencias de calificación. Bajo el título de “medidas urgentes” se vuelve a legislar contra el pueblo. Tras las leyes adornadas con tan bellas palabras como reformas, sostenibilidad, flexibilización, regularización, equilibrio, etc., se esconden auténticas vueltas de tuerca capaces de dar la vuelta al sistema financiero, el trabajo, la sanidad, los impuestos, la enseñanza, etc. Tras la fachada “reformista” se imponen leyes en las que la persona pasa a ser un instrumento empleable o un asegurado necesitado de papeles en regla sin más dignidad que un tornillo a merced de la racionalidad económica.
Este nuevo positivismo jurídico es el instrumento de la eficiencia económica del capitalismo del siglo XXI y ha disparado de lleno en los derechos fundamentales de los más desvalidos de la sociedad. Los derechos humanos se suspenden cuando se trata de inmigrantes. Aquellos, cuyo sudor sirvió para llenar los bolsillos de los que nos han metido en la crisis, ven como se les niega por decreto el derecho a la sanidad, la educación, el acceso a la justicia, la vivienda, etc. Un Estado que se cree con derecho a crear y quitar derechos que son inherentes a la persona no es un Estado justo y no merece obediencia.
Mientras la vida de las familias se llena de inseguridades y estrecheces, se aprueban amnistías fiscales para los defraudares millonarios. Mientras se endurecen las normas penales y se criminaliza la acción política en la calle se camina a la desaparición en el código penal de los delitos del blanqueo, corrupción, fraude, cohecho, etc. Mientras se institucionaliza la transferencia de rentas de los que menos tienen a los especuladores, se sanciona la hospitalidad hacia los robados, etc.
Hay que parar este proceso hacia la democracia decadente. El concepto “Estado de derecho” exige leyes promulgadas públicamente, que se hagan cumplir por igual y se apliquen con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Llevamos el camino contrario y ello nos lleva a recordar le necesidad de llevar a la práctica las palabras escritas por Martin Luther King en 1963 desde la cárcel de Birmingham: “Opino que un individuo que quebranta una ley injusta para su conciencia, y que acepta de buen grado la pena de prisión con tal de despertar la conciencia de la injusticia en la comunidad que la padece, está de hecho manifestando el más eminente respeto por el derecho”