Al igual que en Ghana, en Costa de Marfil la extracción ilegal de oro es un problema que compromete la salud de los habitantes y daña el medio ambiente. Y como en Ghana, también en Costa de Marfil, los obispos invitan al «gobierno a intensificar la lucha contra la explotación clandestina del oro». El llamamiento figura en el mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil (Cecci) para la 26ª Jornada Nacional de la Paz, que se celebra el 15 de noviembre.
Yamusukro (Agencia Fides) –
La minería ilegal, recuerdan los obispos, «se ha extendido rápidamente en Costa de Marfil en los últimos años y está provocando un deterioro desastroso del entorno vital general. La carrera anárquica de los buscadores del metal amarillo no está exenta de consecuencias para las localidades en las que se instalan, provocando graves problemas de salud pública, ya que los efectos del uso del mercurio son nocivos para las poblaciones que están constantemente expuestas a él». La destrucción de bosques y cultivos y la contaminación de las aguas subterráneas son los principales daños medioambientales causados por estas actividades.
La temeraria búsqueda de oro no sólo provoca daños medioambientales, sino que también ha provocado graves enfrentamientos con la policía que intenta impedir estas actividades ilegales. Por ejemplo, en Kokumbo se produjeron enfrentamientos el 13 de octubre que dejaron cinco muertos y 22 heridos, entre ellos seis gendarmes y cuatro agentes forestales.
Otra consecuencia de gran impacto social de la «fiebre del oro» que se ha apoderado de los marfileños (aunque también hay muchos buscadores de los estados vecinos e incluso de China), es el abandono de los estudios por parte de los jóvenes atraídos por la promesa de una ganancia inmediata. En Bengassou, en el centro-este del país, más de un millar de estudiantes han abandonado sus estudios para buscar fortuna en la mina clandestina de Bocanda, según una comparación de las matrículas de 2021 a 2022.
A esto se suma el tráfico de niños y jóvenes para emplearlos en las minas ilegales.
A esto se suma el tráfico de niños y jóvenes para emplearlos en las minas ilegales.
Otro problema destacado por los obispos es el acaparamiento de tierras, descrito como «otra amenaza para el desarrollo y la seguridad alimentaria» en Costa de Marfil. «La compra masiva de tierras agrícolas por parte de algunas potencias extranjeras es un reto que preocupa a todos y especialmente al gobierno.
Esta práctica, que favorece los cultivos de renta, es denunciada como una nueva forma de agro-colonialismo por varias ONG y diversas organizaciones de agricultores», subrayan los obispos. «Frente a este modelo de inversión extranjera, pedimos a nuestros gobiernos que se pongan del lado de los campesinos diciendo que ellos también son creadores de riqueza y, por tanto, deben beneficiarse de la protección del poder público”.
(L.M.) (Agencia 17/11/2022)