…la desigualdad económica y social aumenta por doquier, incluso en los países
Este artículo pretende ofrecer una visión general de los obstáculos que encuentra hoy en día el derecho al desarrollo humano y sostenible ante el actual proceso de mundialización o globalización. Tal proceso se caracteriza principalmente por centrarse en el mundo financiero a gran escala (grandes bancos privados y empresas transnacionales) y en unas relaciones de mercado notoriamente injustas y desequilibradas. De este modo, la desigualdad económica y social aumenta por doquier, incluso en los países «desarrollados», y sus principales perdedores son las capas de población más vulnerables y desfavorecidas, tal y como se refleja en los informes anuales sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.
Las diferentes dimensiones de una estrategia de desarrollo entendido como desarrollo humano, social, sostenible y no meramente económico, cobran plena actualidad como respuesta al reto que supone lo que hoy se ha dado en denominar «globalización» o «mundialización» como forma de describir el carácter actual de la sociedad internacional en la que no se acepta el aislamiento y donde se insiste en la inevitable repercusión global o mundial de las principales estructuras, decisiones y eventos económicos, sociales y culturales. Lo preocupante es que las fuerzas y poderes dominantes del mundo actual presentan este modelo de globalización como el único posible y lo que es peor, como un fenómeno irresistible e irreversible, a modo de verdad revelada, dogmática e indiscutible. Es lo que se ha dado en denominar «pensamiento único» (2), consecuencia de un supuesto «fin de la historia» tras el derrumbamiento moral, político y económico de la antigua Unión Soviética y de gran parte de sus Estados aliados, así como del final de la denominada «guerra fría».
Así, por ejemplo, los países más ricos, por medio del control casi exclusivo de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) (3) y el Banco Mundial (BM) (4), pretenden justificar en nombre de tal globalización, restringida a lo meramente financiero y comercial, la estricta aplicación de rígidas políticas económicas denominadas de «ajuste estructural» en los países pobres fuertemente endeudados y con escasos recursos financieros. Dichas políticas de ajuste formalmente se plantean como objetivo hacer frente a los pagos de la «deuda externa» contraída en circunstancias de desigualdad e indefensión frente a los países desarrollados, en la mayoría de los casos, y que no hacen sino perpetuar un sistema de dominación económica y política mediante un intercambio comercial enormemente desequilibrado, desigual e injusto.
La deuda externa de los países del tercer mundo consiste principalmente en la deuda contraída por los préstamos e inversiones recibidos desde los países más ricos e industrializados para financiar proyectos de desarrollo, generalmente dirigidos por empresas y bancos transnacionales, con la intención de explotar la extracción de materias primas o la instalación de centros industriales. Esta deuda genera unos intereses que deben ser asimismo reembolsados junto con el capital prestado. La suma de ambos constituye lo que se denomina como servicio de la deuda. La evolución de estos reembolsos se ha ido deteriorando debido, principalmente, a las variaciones al alza de los tipos de interés aplicables, al deterioro de los términos del intercambio comercial a causa de la caída y persistencia de los precios bajos de los productos exportados por los países del tercer mundo y a las múltiples barreras proteccionistas frente a estos productos existentes en los países desarrollados, bien a través de políticas como la Política Agrícola Común en la Unión Europea bien a través de métodos más sofisticados y menos transparentes, pero no menos eficaces, como los utilizados por EE.UU. y Japón (5).
Los Programas de Ajuste Estructural (PAE), también denominados como Consenso de Washington (6), fueron impuestos a partir de los años ochenta por las instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial, principalmente) a los países del tercer mundo como condición para continuar recibiendo los préstamos que dichos países creían necesitar para promover su crecimiento económico y para poder reembolsar los préstamos anteriores. Los bruscos cambios de la coyuntura económica internacional en que se adquirieron dichos préstamos como consecuencia de las sucesivas crisis económicas y las decisiones tomadas por los dirigentes de los países más industrializados sin tener en cuenta los intereses de los países del tercer mundo han conducido a muchos de estos países a una situación crítica de endeudamiento de la que se sienten incapaces de salir. Por este motivo, vuelven a solicitar nuevos préstamos con la consiguiente aplicación de nuevos PAE, cada vez más exigentes y rigurosos, hundiéndose muchos de ellos en una espiral de endeudamiento que parece no tener fin y con el consiguiente deterioro de la situación social. Sus poblaciones, y especialmente los más vulnerables y desfavorecidos, se ven privadas así de unos recursos que se destinan a pagar los intereses generados por ese endeudamiento en vez de atender a las necesidades sociales más prioritarias.
La aplicación de los PAE, impuestos por el FMI y el BM como condición para la concesión de créditos a los países en desarrollo, suele entrañar las medidas siguientes:
– La congelación salarial, lo cual perjudica sobre todo a los más pobres puesto que constituye su principal fuente de ingresos, si es que disponen de ella, al carecer de acceso a otro tipo de recursos;
– Retirar las subvenciones a los productos y servicios de primera necesidad, como el pan, el arroz, la leche, el azúcar, el combustible, etc., lo cual perjudica en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población;
– Reducir drásticamente los gastos públicos, principalmente los gastos sociales (no así los militares), con objeto de lograr el equilibrio presupuestario, es decir, aproximarlo a cero (anular el déficit presupuestario), y si se consigue superávit, aún mejor, lo cual entraña un descenso de la inversión pública en sectores olvidados por la inversión privada por su escasa rentabilidad económica, pero que son sustanciales para los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la población, como es el caso de los servicios públicos destinados a la satisfacción de determinadas necesidades básicas de dichos sectores;
– Devaluar la moneda local con objeto de disminuir el precio de los productos exportados y encarecer el de los importados y así fomentar el aumento las exportaciones. Esto acarrea el encarecimiento de bienes de primera necesidad en el caso de que se precise importarlos (por ejemplo, trigo o arroz) y, por lo tanto, perjudica a los más pobres;
– El aumento de los tipos de interés con el propósito de atraer capital extranjero, pero con el consiguiente encarecimiento del crédito a nivel interno, lo cual frena el crecimiento económico;
– La apertura total de los mercados nacionales y locales al mercado mundial o global mediante la supresión de barreras aduaneras, lo cual suele acarrear el hundimiento de dichos mercados al no poder «competir» en igualdad de condiciones con las empresas transnacionales que invaden dichos mercados locales;
– La liberalización total de la economía mediante la renuncia al control de los movimientos de capitales, incluso los especulativos, y la supresión del control de cambios;
– El aumento de los impuestos indirectos, lo que afecta al conjunto de la población de manera regresiva, pues se paga lo mismo sea cual sea el patrimonio del consumidor, y la disminución de los impuestos sobre los rendimientos de capital o patrimonio, favoreciendo así a los más ricos;
– La privatización de las empresas públicas rentables y de las no rentables previo «saneamiento» con fondos públicos, de modo que se socializan las pérdidas, se privatizan las ganancias y se impide que el Estado controle sectores clave del sistema productivo, favoreciendo así a la banca privada y a las empresas transnacionales en detrimento del conjunto de la población.
En definitiva, estos ajustes suelen tener efectos muy negativos sobre todo en lo que se refiere al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las franjas de población más pobres y vulnerables de dichos países (7). Ello es debido a que suelen exigir la congelación o reducción salarial, principal fuente de ingresos de los que poseen un patrimonio reducido o carecen de él, así como la reducción del gasto público precisamente en los ámbitos de la alimentación, la sanidad o la educación, es decir, en los ámbitos relativos a la distribución de bienes de primera necesidad.
El objetivo real de los PAE se encamina más bien hacia la liberalización total del mercado a nivel mundial, principalmente de los países en desarrollo, con el propósito de que los grandes capitales procedentes del mundo industrializado puedan circular sin trabas a escala internacional. Es decir, invertir donde más les convenga desde el mero punto de vista de la máxima rentabilidad a corto plazo y poder retirar y apropiarse, con menos trabas si cabe, de los beneficios así obtenidos. En esto consistía precisamente el objetivo principal del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), elaborado secretamente («a puerta cerrada», en términos oficiales) por los dirigentes de los países más industrializados en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, que al menos formalmente no salió adelante ante la fuerte oposición de la opinión pública internacional tras su divulgación por Internet (8). Sin embargo, la debilidad actual de los países subdesarrollados es tal que dicho objetivo se está consiguiendo en la práctica sin necesidad de formalizar tal acuerdo, principalmente mediante las negociaciones multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (9), así como en el FMI, donde los gobiernos de los Estados más industrializados, bajo la batuta de las grandes corporaciones transnacionales, gozan de una posición privilegiada frente a los países más pobres y donde la opacidad y falta de transparencia e información debidas, asimismo, es hábito corriente (10).
Los PAE confían en exceso en que el mero crecimiento económico aportará por sí solo el desarrollo, lo cual es desmentido, entre otros, por estudios como los que figuran en los informes anuales sobre desarrollo humano del PNUD. Dichos informes constituyen, sin duda, una de las labores más interesantes de dicho organismo debido a su sensibilidad hacia los problemas sociales y ambientales a diferencia de los informes del Banco Mundial o del FMI, los cuales suelen presentar cifras contables y cuadros estadísticos cuya sensibilidad hacia los problemas sociales y ambientales así como hacia la desigualdad económica y social es escasa y pretendiendo presentar dichos problemas como disfunciones del mercado idílico que presentan como modelo a seguir de manera indiscutible. En cambio, los informes del PNUD parecen desafiar este reduccionismo y dogmatismo mercantilista, investigando y elaborando toda una serie de índices de desarrollo alternativos a los meramente contables que reflejen mejor la realidad económica y social y eviten falsearla (11). De hecho, el crecimiento económico si se produce sólo en sentido cuantitativo suele implicar un coste social muy elevado en perjuicio de las capas más desprotegidas y vulnerables de la sociedad y beneficia sobre todo a las capas más privilegiadas sin que sirva apenas para liberar a dichos países de la odiosa carga de la deuda externa. Esta deuda y su continuo aumento contribuye a incrementar aún más la dependencia de los países más pobres respecto de los más ricos así como de los grandes bancos privados y de las empresas transnacionales.
El pago de los intereses de la deuda externa constituye la base del fenómeno consistente en que la transferencia de capitales y de recursos humanos es, hoy en día, predominantemente del «sur» o periferia, cada vez más pobre y endeudado, hacia el «norte» o centro, rico e industrializado, y no al revés, como debería suceder si se quiere hacer realidad el desarrollo para todos y no sólo para unos pocos. Para hacerse una idea de la cuantía y relevancia de estos flujos de capital se calcula que desde el año 1980 hasta el 2001 la cantidad transferida desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados se eleva a 4.500.000 millones de dólares, es decir, el equivalente a 56 veces la cuantía recibida, con motivo de los Planes Marshall, por algunos países de Europa Occidental para su reconstrucción tras la II Guerra Mundial (12). Si se tiene en cuenta, además, que una parte de esos reembolsos regresa a los países en desarrollo en forma de nuevos préstamos, con objeto de que puedan seguir pagando periódicamente el denominado «servicio de la deuda» (suma de los intereses y de la amortización del capital prestado) la deuda se convierte así en un mecanismo perpetuo. Sólo en el año 2001, las corrientes netas de capital (es decir, a la cuantía de los reembolsos efectuados por los países en desarrollo, en razón de su deuda, se le resta la cuantía de los nuevos préstamos y donaciones recibidos) desde el «sur» o periferia hacia el «norte» o centro se elevaron a 138.000 millones de dólares. Para el período 1998 2001 esta cifra se eleva a 439.400 millones.
Con objeto de paliar esta situación, las denominadas estrategias para acabar con la pobreza se insertan en el marco de las iniciativas y las medidas propuestas por parte del FMI y del BM (13) para aliviar la carga de la deuda de un conjunto de países (42 hasta hoy) clasificados como países pobres altamente endeudados y que consisten en un conjunto de medidas que las autoridades del país aspirante a recibir ayuda deben poner en práctica para que esa ayuda tenga efecto. En síntesis, esas medidas siguen la misma filosofía de los programas de ajuste estructural ya descritas, en grandes líneas con leves retoques, como la exigencia de aumentar los gastos en salud y educación, tratando de dar un rostro más humano a dichos programas mediante la participación en su elaboración de las autoridades y representantes locales de las poblaciones de dichos países y tratando de hacerles responsables exclusivos de su situación y de la aplicación de dichas medidas. Es como tratar de detener una hemorragia con un par de tiritas y pedirle además al malherido que siga corriendo en la despiadada competición del libre mercado de la economía globalizada. En cualquier caso, la escasa financiación por parte del G7 o G8 de los fondos fiduciarios, destinados al objetivo de aliviar la carga de la deuda de los países muy endeudados, evidencia una vez más la poca disposición de los países ricos de cumplir con su parte del contrato (14).
A todo esto se añade que el importe de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en términos de porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) de los Estados de los países más ricos e industrializados, disminuye paulatinamente en vez de aumentar. Mientras en el año 1990 dicho porcentaje se cifraba conjuntamente para los países desarrollados en el 0,33%, en el año 2001 esta cifra descendió al 0,22%. Sólo cinco Estados destinaron el 0,7% a AOD. En lo que se refiere a la ayuda a los Países Menos Adelantados (PMA) (15), la ayuda descendió del 0,09% al 0,05% (casi la mitad) según los datos suministrados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.
Medidas para superar los obstáculos al desarrollo
Se requiere, en general, la elaboración y aplicación de medidas a escala nacional e internacional para, por un lado, movilizar los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios en pro del modelo de desarrollo humano y sostenible y, por el otro, la protección y promoción de los derechos e intereses de los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos. En particular, serían necesarias medidas encaminadas a abolir o anular y no sólo «aliviar» o «aligerar» la deuda externa de los países menos desarrollados. En este sentido, deberían llevarse a cabo, por ejemplo, auditorías para determinar el origen de dicha deuda, pues en gran parte es de naturaleza odiosa e ilegítima por ser fruto de decisiones y actos ilícitos y fraudulentos cometidos por gobernantes corruptos y altos cargos de instituciones internacionakes, así como de empresas y bancos transnacionales, para su exclusivo beneficio (16). Asimismo, debería anteponerse la satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales de la población al reembolso de la deuda externa a la hora de asignar los recursos presupuestarios e incluso, si procede, alegar el estado de necesidad o de fuerza mayor debido a la escasez de dichos recursos para suspender el reembolso de la citada deuda.
Notas
(1) Doctor en Derecho y autor del libro titulado El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, editorial Iepala, Madrid 2005
(http://www.revistafuturos.info/resenas/resenas13/derecho_desarrollo.htm).
(2) Expresión propuesta por Ignacio RAMONET en un artículo suyo publicado en Le Monde Diplomatique en enero de 1995 (apareció también en la versión en castellano de dicha publicación en mayo de 1996) para designar esta especie de nuevo dogma ideológico en el que pretenden sustentarse los intereses de las fuerzas hegemónicas y dominantes del mundo actual, en particular, el capital transnacional, tras el hipermediatizado discurso de la globalización. Entre otras, puede asociarse dicha expresión con la obra, que se remonta a 1964, de Herbert MARCUSE titulada El hombre unidimensional (versión en castellano publicada por ed. Seix Barral, Barcelona 1972) la cual constituye un vaticinio de todo lo que ahora se vincula con el discurso de la globalización y su pensamiento único (véase Pensamiento crítico versus pensamiento único, ed. Debate, Madrid 1998).
(3) El Fondo Monetario Internacional (FMI) se fundó en la Conferencia de Bretton Woods en julio de 1944. Actualmente, proporciona ayuda a países de ingresos bajos a través de su servicio reforzado de ajuste estructural.
(4) El Banco Mundial (BM) también tiene su origen en la Conferencia de Bretton Woods, al constituirse el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD).
(5) Véase Raisons et déraisons de la dette. Le point de vue du Sud en Alternatives Sud, Vol. IX (2002), núm. 2 3, ed. Centre Tricontinental (Louvain-La-Neuve, Belgique) et L'Harmattan (Paris). Existe versión en castellano. Véase también Eric TOUSSAINT: La finance contre les peuples. La bourse ou la vie, ed. CETIM, CADTM y Syllepse, Paris, Genève et Liège 2004, pp. 171 252).
(6) Véase Joseph E. STIGLITZ: El malestar en la globalización, ed. Santillana, Madrid 2003, p. 59. Este autor, que llegó a ser vicepresidente del Banco Mundial, es particularmente crítico con el FMI a lo largo de esta obra por el dogmatismo imperturbable en las medidas que impone, fruto de la ideología de sus dirigentes, aunque también muestra las carencias y deficiencias del BM y de la OMC al respecto. Véase también Noam CHOMSKY: El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global, ed. Crítica, Barcelona 2002, pp. 20 26.
(7) Según Alejandro TEITELBAUM, «la enorme deuda externa y las políticas de ajuste, que constituyen obstáculos mayores para la realización del derecho al desarrollo, son el resultado, pues, de políticas deliberadas llevadas a cabo por las grandes potencias, el capital financiero, las instituciones de Bretton Woods y las élites corruptas de los países del Tercer Mundo» (véase su libro titulado La crisis actual del derecho al desarrollo, en la colección Cuadernos Deusto de Derechos Humanos núm. 11, ed. Universidad de Deusto, Bilbao, año 2000, pp. 19 25).
(8) El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) comenzó a negociarse en setiembre de 1995 y estaba previsto culminarlo para una reunión ministerial de la OCDE en 1998, pero no llegó a culminarse el proceso debido, entre otras cosas, al rechazo del Gobierno francés al proyecto y sobre todo a su divulgación a través Internet, generándose una reacción hostil a dicho acuerdo a escala mundial sin precedentes. Entre los puntos más contestados, aparte de la liberalización a ultranza de las inversiones internacionales, se podría mencionar la pretensión de que los países firmantes trataran en pie de igualdad a los inversores y a las empresas extranjeras (transnacionales, principalmente) respecto de las nacionales, la de permitir a los inversores y empresas extranjeros hacer valer sus derechos ante tribunales internacionales especiales, la de no obligar a las citadas empresas a contratar mano de obra del lugar o la de que pudieran adquirir de manera ilimitada empresas públicas privatizadas (véase Noam CHOMSKY: El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global, ed Crítica, Barcelona 2002, pp. 165 174).
(9) La Organización Mundial del Comercio (OMC) inició sus actividades el 1 de enero de 1995, en virtud de uno de los Acuerdos del Acta Final de la Ronda Uruguay, firmada en Marrakech en abril de 1994, para suceder al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en inglés) como órgano encargado de velar por que el comercio internacional se ajuste estrictamente a los cánones de la ortodoxia liberal de mercado, tal y como lo exigen los Estados de los países más industrializados, las empresas transnacionales y la banca privada (véase Martin Khor: L'OMC, fer de lance des transnationales, en Le Monde Diplomatique, mayo de 1997, p. 10).
(10) Véase Susan GEORGE: Remettre l'OMC à sa place, ed. Attac Mille et une nuits, Paris 2001, pp. 20 21.
(11) Véase Manuel GÓMEZ GALÁN y José Antonio SANAHUJA: El sistema internacional de cooperación al desarrollo, ed. Cideal, Madrid, año 1999, p. 82.
(12) Para hacer este cálculo se ha tenido en cuenta que el Plan Marshall supuso un coste total de 12.500 millones de dólares de la época, que equivalen a 80.000 millones de hoy. Estos cálculos se han realizado sobre la base de datos proporcionados por el Banco Mundial, particularmente en Global Development Finance 2002 (Véase: 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondial, de Damien MILLET y Éric TOUSSAINT, ed. Syllepse et CADTM, Paris, 2002, pp. 128 133. Existe versión en castellano publicada por ed. Icaria, Barcelona 2004).
(13) Dicha iniciativa se presentó por primera vez en la cumbre de los G7 celebrada en Lyon en 1996 y se reforzó en la cumbre de Colonia, celebrada en septiembre de 1999. Se trata de una iniciativa exclusivamente en favor de los países pobres cuya carga de la deuda sea tan elevada que resulte insostenible (insoportable) a fin de que resulte sostenible (soportable), es decir la deuda y su carga no desaparecen sino que se difieren y perpetúan en el tiempo.
(14) Véase el informe presentado por el Sr. Fantu CHERU a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero de 2001 para la 57 sesión dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales titulado La iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados: Evaluación de las estrategias para la lucha contra la pobreza desde el punto de vista de los derechos humanos.
(15) Conjunto de países considerados por las Naciones Unidas como los más pobres no sólo porque su renta per cápita sea muy baja sino también por otros indicadores como la esperanza de vida, el aporte de calorías por habitante y la tasa de alfabetización de los adultos, así como por el elevado grado de dependencia de su economía respecto de una cantidad reducida de productos. Cuando se estableció esta categoría en 1971 el número de países incluidos era de 27. Al celebrarse la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA (Bruselas, mayo de 2001) sumaban en total 49.
(16) Véase ¡Investiguemos la deuda!. Manual para realizar auditorías de la deuda del tercer mundo, de AAJ, ATTAC (Uruguay), CADTM, CETIM, COTMEC, Auditoria Cidada da Divida (Brasil), Emaús Internacional, EURODAD, Jubileo Sur, South Centre, ed. CETIM y CADTM, Bruselas y Ginebra 2006.