El poder político, que busca controlar los medios y el pensamiento -a menudo mediante la cárcel y la muerte-, y el poder económico, que concentra medios en sus manos, son elementos que, junto al terrorismo, limitan la libertad.
ForumLibertas.com
2005-05-03
En la portada de la web de Reporteros sin Fronteras, el mapa de Irak y sobre él las fotos de Florence Aubenas y Hussein Hanoun Al-Saadi (desaparecidos hace 118 días) y las de Sorin Dumitru Miscoci, Marie-Jeanne Ion y Eduard Ovidiou Ohanesian (desaparecidos hace 36 días).
Irak es desde hace un año el país más peligroso del mundo para los periodistas y un gran mercado de rehenes. Allí han muerto 56 periodistas y colaboradores de medios de comunicación desde que empezó la guerra el 22 de marzo de 2003. En el último año, desde mayo de 2004, mueren uno o dos cada mes.
La guerra de Vietnam mató a 63 periodistas pero fue a lo largo de 20 años (1955 a 1975). En la guerra de la ex-Yugoslavia, de 1991 a 1995, murieron 49 profesionales de los medios. En Argelia mataron a 57 periodistas (de 1993 a 1996) pero no era una guerra internacional.
Lo que llevamos de año
Desde el 1 de enero de 2005, han sido asesinados 22 periodistas, y encarcelados otros 21. Actualmente, hay en las cárceles del mundo 105 periodistas encarcelados, 3 colaboradores de la prensa y una categoría moderna, los ciberdisidentes, 76 personas encerradas por quejarse en Internet, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes y disidentes chinos, además de algunos de países islámicos.
Cuba: 21 periodistas en prisión
El 18 de marzo de 2003 la policía de Fidel Castro detuvo a 27 periodistas independientes al mismo tiempo, y por los mismos motivos, que a medio centenar de disidentes políticos. En tres días resolvió el proceso judicial y los condenó a penas de entre 14 y 27 años de cárcel por -supuestamente- colaborar con EEUU «contra la independencia y la integridad territorial del Estado», un «crimen» castigado por el artículo 91 del Código Penal, así como por la ley 88 de «protección de la independencia nacional», apodada «ley mordaza». Los «culpables» publicaban regularmente artículos en medios de comunicación extranjeros, sobre todo norteamericanos (en Cuba no se tolera ningún periódico, ninguna radio ni televisión privadas o independientes). Además editaban en Cuba dos revistas clandestinas, «De Cuba» y «Luz Cubana», audacia sin precedente en 44 años de régimen castrista. Hace unos meses, tras la ejecución de tres disidentes y las protestas internacionales, Cuba puso en libertad a catorze de estos presos y entre ellos a seis periodistas.
Hay una campaña de Reporteros sin Fronteras de envío de cartas al régimen castrista para pedir la libertad de los 21 periodistas cubanos que siguen encarcelados.
El caso de Filipinas
Que en un país haya un régimen democrático no es garantía para la vida de los periodistas ni para que se investiguen atentados contra ellos. Un ejemplo es Filipinas: la democracia llegó en 1986 a Filipinas y desde entonces se han asesinado a 52 periodistas en este país. Hay una cultura de la impunidad, denunciada por Reporteros sin Fronteras. Hace apenas un mes, el 24 de marzo de 2005, se asesinó de un disparo a la cabeza a Marlene Esperat, una figura muy respetada en la prensa del país, muy feminizada. Hay detenidos 4 sospechosos y el tema se debate en la prensa del país asiático. Reporteros sin Fronteras señala en un informe que los asesinos de otros periodistas en la isla de Mindanao (Edgar Damalerio, Edgar Amoro y otros dos reporteros) no son detenidos porque les protegen policías y cargos de la administración de justicia.
En España
Dejando a un lado la amenaza de los terroristas de ETA sobre periodistas, en España los peligros para la libertad de prensa vienen de otros frentes.
Por un lado las asociaciones y sindicatos de periodistas explican la relación entre precariedad laboral y libertad de prensa. Precisamente, el año pasado la jornada sobre Libertad de Prensa se centró en la necesidad de acabar con la precariedad laboral en el sector. Periodistas precarios, siempre con miedo a ser señalados y despedidos, se convierten con facilidad en simples repetidores de comunicados oficiales.
Por otro lado, la concentración de los medios en pocos manos hace que el ciudadano sea informado desde pocas fuentes. Esta es la dinámica detrás de la noticia actual de que el grupo PRISA va a comprar el 85% de la cadena ONA CATALANA, la segunda privada en catalán. PRISA, propiedad de Jesús de Polanco (el tercer hombre más rico de España), ya tiene la cadena SER, y en televisiones cuenta con Canal Plus, Canal satélite Digital, las televisiones de locales de la red Localia, y pronto permiso para emitir Canal Plus en abierto, además del diario EL PAÍS, las librerías Crisol, las editoriales Santillana, Alfaguara y Aguilar, numerosas revistas y semanarios, etc…
Cuando interfieren los políticos
Un tercer elemento de falta de libertad de prensa es el control de los medios públicos por parte de los gobiernos, sean autonómicos o estatales, del PP, del PSOE o de los partidos nacionalistas. No sólo cambian los cargos directivos por razones ideológicas y de afinidad con el poder político, sino que se toman decisiones que no obedecen a razones profesionales/periodísticas sino políticas.
Por ejemplo, durante la pasada campaña sobre el Referéndum del Tratado Europeo, instancias políticas obligaban a los telenoticiarios a emitir un minutaje para cada partido dentro del noticiario. Las asociaciones y sindicatos de periodistas protestaron por una injerencia política que interfería con los criterios del profesional (¿por qué dedicar 3 minutos a un acto aburrido, soso, sin contenido y sin imágenes de interés, sólo por decreto político?).
El control de los medios públicos en manos de políticos (y no de instituciones sociales de representación plural y profesional) implica también una red de clientelismos como los que vemos estos días en Canal Sur, en Andalucía, en la que 12 productoras (las llamadas “pata negra”), pertenecientes a exdirectores de la televisión andaluza y otras personas afines al Partido Socialista Andaluz se llevan la mayor parte del presupuesto dedicado a programas externos.