Por cuarta vez en dos años, el Ayuntamiento de Valladolid es condenado por vulnerar el derecho de reunión

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El Tribunal Superior de Justicia condena al Ayuntamiento de Valladolid y a la Subdelegación del Gobierno a pagar 3.000 euros cada uno al Movimiento Cultural Cristiano por vulnerar el derecho de reunión.

El 25 de septiembre de 2010 el Movimiento Cultural Cristiano (MCC) y el Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) convocaron un acto contra el paro en la Plaza España de Valladolid. En el momento de iniciarse el acto, la policía municipal se presentó para impedir la utilización de la megafonía.

Los convocantes avisaron a la policía nacional para que defendiese su legítimo derecho de reunión. Una pareja de policías nacionales se inhibieron por completo de su deber, dejando actuar a la policía municipal ilegítimamente como reconoce la sentencia.

Tras este atropello, el Movimiento Cultural Cristiano presentó un recurso contencioso-administrativo contra dicha vulneración de sus derechos fundamentales que obtuvo sentencia favorable por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 el pasado 1 de diciembre de 2011, aunque no concedía la indemnización de 3.000 euros que solicitaba el Movimiento Cultural Cristiano al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno por daño moral. El posterior recurso ante el TSJ da la razón a la organización demandante y condena al Ayuntamiento de Valladolid y a la Subdelegación del gobierno a abonar dicha cantidad como indemnización. El importe de la indemnización irá destinado a la lucha contra las causas del paro en cauces que aún están siendo estudiados por la organización.

La dura sentencia del TSJ señala «que la actuación municipal se ha materializado con un manifiesto y reiterado desprecio de la legalidad vigente, y también desobedeciendo los pronunciamientos jurisdiccionales, como se ve, repetidos (…) (el Ayuntamiento) conocía ya, por la simple lectura de los fallos jurisdiccionales anteriores de cómo podía actuar correctamente; alegando ante la subdelegación del Gobierno y absteniéndose de obstaculizar o impedir el libre ejercicio de los derechos constitucionales». Son muchas las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Valladolid ha vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuatro sentencias condenatorias en dos años lo avalan.

El alcalde de Valladolid se ha dedicado en estos últimos años a perseguir y obstaculizar las acciones desarrolladas por el Movimiento Cultural Cristiano y el Partido SAIn, organizaciones que por su compromiso cristiano y político salen a la calle para construir una sociedad más justa. Lejos de amedrentarnos, dicha persecución reafirma la alegría y el compromiso de nuestro quehacer cotidiano en pos de la Solidaridad y la Autogestión.