El Fondo Monetario Internacional (FMI) debería ser llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violar constantemente su Carta Constitutiva, propuso un economista argentino.
Glocalia
09-02-2005
Alfredo Eric Calcagno, de la Universidad Nacional de Lanus, advirtió que uno de los problemas del sistema de las Naciones Unidas consiste en la falta de instancias institucionales para resolver conflictos entre sus países miembros y los organismos internacionales.
En ese sentido, el más cuestionado es precisamente el FMI, dijo Calcagno, al intervenir esta mañana en el VII Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, que sesiona en el capitalino Palacio de Convenciones desde el 7 y hasta el 11 del presente mes.
¿Puede una entidad financiera internacional intervenir en la política económica interna de los países a los que les otorga préstamos, incluso en contra de su Carta Constitutiva?, cuestionó.
Calcagno se refirió al caso argentino, en el cual el FMI condicionó la entrega de préstamos e intervino en la política económica.
Desde el punto de vista jurídico parece claro que al hacerlo se extralimita en sus funciones, precisó.
Recordó que el FMI es un organismo de las Naciones Unidas, cuya Carta de creación establece que ninguna disposición le autorizará a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
Sin embargo, el Fondo lo hace sistemáticamente para imponer un esquema económico basado en el «Consenso de Washington». Un país no puede ser obligado a ejecutar una política económica en contra de su voluntad soberana, enfatizó.
Puede argüirse, dijo, que cada país es dueño de no aceptar los préstamos del FMI; pero va contra el derecho natural que el acreedor imponga condiciones abusivas.
Como ejemplo citó que se obliga al deudor a hacer o no hacer determinados actos o a pagar tasas usurarias.
Estas condicionalidades, expresó, trascienden los préstamos específicos y se proyectan sobre toda la política económica nacional.
También constituyó una violación en el caso argentino, añadió, el préstamo de 12 mil 500 millones de dólares otorgado al gobierno del presidente Fernando de la Rúa (denominado «blindaje») que sólo sirvió para financiar la evasión de capitales.
Este crédito representa el 81 por ciento de la actual deuda de Argentina con el FMI.
Calcagno denunció que el organismo internacional sabía que estaba financiando dicha evasión de capitales y sin embargo prestó en enero, mayo y septiembre de 2001.
Esta violación fue reconocida de modo expreso por la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo en su momento.
Frente a estas acciones del FMI, señaló, los países no disponen dentro de los mecanismos de las Naciones Unidas de ninguna dependencia para hacer respetar su soberanía y la legalidad internacional y nacional.
La solución está dentro de la Carta de las Naciones Unidas, la cual dispone que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar a La Haya que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica, indicó.
De esa manera, concluyó, se respetará el derecho y tal vez pueda encauzarse al FMI hacia el cumplimiento de las funciones para las que fue creado.
En el VII Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, que sesionará en el capitalino Palacio de Convenciones hasta el día 11 del presente mes, asisten más de mil 200 delegados y representantes de 15 organismos internacionales.